De acuerdo con los expertos, los químicos dañinos que han causado importantes problemas de agua en la ciudad de Newburgh, en el condado de Orange, podrían estar afectando el servicio de agua en Westchester.
WEST HARRISON – Los químicos dañinos que han causado importantes problemas de agua en la ciudad de Newburgh, en el condado de Orange, podrían estar afectando el agua en Westchester.
De acuerdo con el informe, PFOS y PFOA, las mismas sustancias químicas de laStewart Air National Guard Base que contaminaron el suministro de agua de Newburgh en Washington Lake, también pueden provenir del aeropuerto del condado de Westchester.
Una corriente que atraviesa las propiedades del aeropuerto sube al lago Rye y luego al embalse Kensico, que suministra agua a la mayor parte del Condado de Westchester.
Jonathan Wang, quien encabeza el Citizens for a Responsible County Airport, dijo que la secuencia probablemente no haya sido probada por el Condado, pero Wang cree que debería ser analizada.
El Departamento de Conservación Ambiental indicó que uno de los 14 pozos de agua en el Aeropuerto del Condado de Westchester realizó pruebas altas para los productos químicos tóxicos PFOA y PFOS.
Los productos químicos se utilizan en teflón y espuma contra incendios.
“Cuando usaban esta espuma, se practicaban ejercicios de lucha contra incendios y la liberaban al medio ambiente”, explicó Wang.
Agregó que también teme que la privatización del aeropuerto evite las pruebas.
Él sugiere que los residentes que usan pozos privados deben analizar su agua.
Tras la reciente cancelación del TPS para los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua y Haití, el gobernador Andrew Cuomo le ordenó al New York State Department of State aumentar el acceso y ofrecer más recursos a las comunidades afectadas.
NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo le ordenó al New York State Department of State aumentar el acceso y ofrecer más recursos a las comunidades afectadas por la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas de El Salvador, Haití y Nicaragua.
De los 114 mil 127 salvadoreños que actualmente viven en el estado de Nueva York, 16 mil 200 son beneficiarios del TPS y se verán afectados por la decisión del gobierno federal de finalizar el reconocimiento del TPS para el país.
“Luego de huir de una terrible catástrofe natural, los salvadoreños encontraron un refugio en nuestras costas y han considerado a los Estados Unidos como su hogar durante más de una década. Han trabajado con esfuerzo, han pagado sus impuestos, han comprado viviendas y han formado familias, todo ello para alcanzar el Sueño Americano”, declaró Cuomo.
“Esta decisión de la Administración federal de separar a las familias, interrumpir pequeños negocios, y llevar a aquellos que se han convertido en parte del
tejido estadounidense a un futuro incierto, es desagradecida e injusta. Trabajaremos día y noche para conectarnos con los neoyorquinos afectados y para asegurarnos de que conozcan sus derechos y opciones legales para ayudarlos a estos hombres y mujeres trabajadores a protegerse”, agregó el Gobernador.
El TPS se les ha otorgado a los inmigrantes de El Salvador protección temporal desde el 2001, cuando un terremoto devastó al país centroamericano.
La decisión de terminar el TPS para los salvadoreños llega después del reciente anuncio de la administración de Trump de la finalización del reconocimiento del TPS para los inmigrantes de Haití y Nicaragua, una medida que afecta
a 50 mil y 2 mil 800 personas respectivamente en todo el país.
El gobernador Cuomo le ha ordenado a la New York State Office for New Americansy la Liberty Defense Project (ambos coordinados
por el Departamento de Estado del estado de Nueva York) aumentar los esfuerzos de difusión y comunicación para garantizar que los residentes y comunidades afectadas en todo el Estado conozcan sus derechos y opciones legales.
Desde 1990, Estados Unidos ha ofrecido el TPS a inmigrantes de 10 países que han sufrido disturbios civiles, violencia, una catástrofe natural o una epidemia. Aquellos a los que se les otorga el TPS (aproximadamente 342 mil 570 personas en todo el país) tienen el derecho a residir y trabajar en los Estados Unidos.
El Salvador, Haití y Honduras son los países con mayor cantidad de beneficiarios del TPS en los Estados Unidos.
RECURSOS
Cualquier persona afectada por la decisión relativa al TPS puede contactar a la New Americans Hotline at 1-800-566-7636. La línea gratuita ofrece asistencia en directo y en más de 200 idiomas. Cualquiera puede llamar a la línea directa para obtener información y referencias, sin importar el país de origen y el estatus migratorio. Las llamadas a la línea directa son confidenciales y anónimas.
La línea directa funciona de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a viernes (excepto días festivos federales), y está gestionada por Catholic Charities Community Services.
Las Office for New Americansen los vecindarios, abogados especializados en derecho migratorio, y miembros del Liberty Defense Project proporcionarán información actualizada y asesoría gratuita a los beneficiaros del TPS provenientes de todos los países afectados a través de consultas individuales.
Las consultas también pueden ofrecer orientación y una revisión para comprobar si es posible modificar el estatus migratorio. Para ubicar un Office for New Americans Opportunity Center, pueden ingresar a la webhttps://www.newamericans.ny.gov/opportunity/opportunity_centers.html
Las próximas consultas y seminarios del programa “Conozca sus derechos” pueden obtenerse ingresando a la web www.newamericans.ny.gov y se brindarán en las fechas del 8 de febrero, organizado por la Federación Hispana y Make the Road New York, el 15 de febrero, llevada a cabo por laNorthern Manhattan Coalition for Immigrant Rights y la Federación Hispana y el 22 de febrero brindado por Opportunities for a Better Tomorrow.
Una coalición de 15 fiscales generales en una acción legal para proteger a las ciudades y departamentos de policía de los recortes de fondos federales, es encabezada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
WHITE PLAINS.- El Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, encabezó una coalición de 15 fiscales generales en una acción legal para proteger a las ciudades y departamentos de policía de los recortes de fondos federales, apoyando un desafío a los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para castigar las llamadas ciudades “santuario”.
De acuerdo con Schneiderman Trump puso condiciones relacionadas con la inmigración a las subvenciones para el cumplimiento de la ley.
Los fiscales generales argumentan que estas condiciones interfieren con el derecho de los estados y las localidades a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley y que el Departamento de Justicia carece de la autoridad para imponer estas nuevas condiciones.
En el año fiscal 2016, el estado de Nueva York y sus localidades recibieron casi 15 millones de dólares en fondos a través del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant.
Mientras los fondos para el 2017 están actualmente congelados debido al litigio pendiente, la asignación estatal propuesta para el año fiscal 2017 para Nueva York y sus ciudades fue de aproximadamente 14.5 millones de dólares.
La administración Trump ha amenazado a la ciudad de Nueva York por presuntamente violar las condiciones de las subvenciones relacionadas con la inmigración, poniendo en riesgo los fondos de la Ciudad, a pesar de que la subvención lleva el nombre del oficial del Departamento de Policía de Nueva York, Edward Byrne, quien murió mientras cumplía con su deber mientras protegía comunidades de la ciudad de Nueva York”.
En el caso de la ciudad de Chicago contra el secretario del Departamento de Justicia, Jeff Sessions, Chicago desafió la imposición del Departamento de nuevas condiciones relacionadas con la inmigración en las subvenciones emitidas en virtud del programa Byrne-JAG.
El otoño pasado, un tribunal de distrito ingresó un requerimiento preliminar a nivel nacional contra la ejecución por parte del Departamento de Justicia de dos de las nuevas condiciones relacionadas con la inmigración, sosteniendo que la agencia carecía de autoridad para imponerlas.
El caso se encuentra ahora ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito.
El escrito fue presentado en el Séptimo Circuito por los Fiscales Generales de Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
La ley federal permite a los estados y las localidades limitar su participación voluntaria en la aplicación de la política federal de inmigración, y muchos lo han hecho porque han llegado a la conclusión de que fomentar una relación de confianza entre sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus comunidades de inmigrantes promoverá la seguridad pública.
En julio de 2017, el Departamento de Justicia anunció que imponía nuevas condiciones relacionadas con la inmigración a los recipientes de los fondos deByrne-JAG y amenazó con retener los fondos de las jurisdicciones que no cumplían con estas condiciones.
Específicamente, Departamento de Justicia buscó exigir a los estados y ciudades que brinden al Departamento de Seguridad Nacional notificación anticipada de la fecha programada de salida de un inmigrante de una instalación correccional, y otorgar a los agentes federales acceso a las instalaciones correccionales para interrogar a los inmigrantes.
Como argumentaron los Fiscales Generales, las nuevas condiciones violan la ley, el principio constitucional de separación de poderes y los principios de federalismo consagrados en el estatuto Byrne-JAG, que interfieren con las capacidades de los estados y las localidades para establecer sus propias políticas y sobrepasa la autoridad del Departamento de Justicia para imponer las nuevas condiciones bajo el estatuto.
El programa Byrne-JAG es una iniciativa federal que otorga subsidios a los estados y a las ciudades de acuerdo con una fórmula legal obligatoria.
El Congreso diseñó la Byrne-JAG para brindarles a los estados y ciudades una fuente confiable de los fondos para la aplicación de la ley, al tiempo que les brinda la máxima flexibilidad para decidir cómo usar los fondos de acuerdo con la política de aplicación de la ley estatal y local.
El año pasado, el fiscal general Schneiderman publicó una guía legal para apoyar a los gobiernos locales y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de las comunidades de inmigrantes vulnerables.
Norris Jackson, de 36 años, de East Hartford, fue declarado muerto en el Hospital de Hartford. En la foto los sospechosos James Goolsby, de 28 años, y Leanne Robitaille, de 23
El fatal incidente sucedió supuestamente por malas críticas de alimentos
MANCHESTER.- El gerente de un restaurante de comida rápida en Hartford, fue arrestado cuando, según las autoridades, en un ataque de ira repentina, disparó y mató a un cocinero por críticas negativas a los alimentos.
James Goolsby, de 28 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Norris Jackson, el cocinero, después de una acalorada discusión en Bonchon Chicken en Manchester. El implicado fue detenido en el lugar bajo una fianza de un millón de dólares.
La novia de Goolsby, Leanne Robitaille, de 23 años, que también trabajaba en el restaurante, se entregó a las autoridades y fue acusada de obstrucción de la justicia y se encuentra detenida bajo fianza una fianza de 100 mil dólares.
Un empleado le dijo a la policía que Goolsby disparó a Jackson durante una acalorada discusión, después de que el restaurante abriera alrededor de las 11:45 de la mañana, en la Plaza en Buckland Hills. De acuerdo con las autoridades, los comentarios del restaurante fueron mixtos, con muchas críticas positivas y varias críticas negativas.
De acuerdo con la orden de arresto, un empleado dijo haber escuchado una discusión y luego escuchó a Jackson gritar: Yes, do that sh-t again! (“¡Sí, haz eso otra vez!”) y cuando miró por encima, vio el brazo de Goolsby extendido y something black in his hand (“algo negro en su mano”).
El testigo dijo que escuchó varios sonidos de disparos, luego vio a Jackson tambalearse y colapsar. Jackson, de 36 años, recibió cuatro disparos.
Una de las balas cortó una arteria en su cuello. El padre de siete hijos fue declarado muerto en el Hospital de Hartford el domingo pasado. Después del hecho armado, Goolsby y Robitaille huyeron furtivamente de la escena en su Mazda 3.
Despues de huir, la pareja eventualmente se presentó en la casa de su padrastro en East Hartford, según la policía. El padrastro dijo que Goolsby le había confesado que había disparado contra un compañero de trabajo que siempre le había faltado el respeto a él y a su novia.
Goolsby también le dijo a su hermano que le había disparado a un compañero de trabajo por faltas al respeto. El implicado estaba llorando y dijo que había arruinado su vida, declaró el hermano de Goolsby a la policía. Goolsby finalmente fue arrestado en la casa.
La madre de Jackson, Barbara Turner, manifestó que su hijo solo había estado trabajando en el establecimiento desde el verano.
En las publicaciones de Facebook, Jackson había expresado su frustración con su trabajo como cocinero en el restauranteBonchon Chicken. Una foto con fecha del 15 de noviembre lo muestra levantando un dedo medio mientras trabaja en una parrilla y una estación de freidora.
Mientras Jackson estaba siendo tratado de sus heridas en el Hospital de Hartford, antes de morir permitió a los cirujanos tomar sus órganos y usarlos para trasplantes que salvan vidas. El riñón derecho de Jackson fue donado a un hombre de 49 años, finalizaron las autoridades.
Las autoridades arrestaron a Z’inah Brown, una mujer de 16 años, sospechosa de haber apuñalado fatalmente a una estudiante.
NEW ROCHELLE.- La policía arrestó el jueves pasado a una adolescente, sospechosa de haber apuñalado fatalmente a una joven estudiante de la New Rochelle High School, Valaree Schwab, cerca del campus de la escuela.
Las autoridades anunciaron el arresto de Z’inah Brown, una mujer de 16 años, cuya última dirección conocida se encontraba en Yonkers.
Según la policía, los agentes respondieron a la escena, poco después de las 12:20 del mediodía, el miércoles pasado, donde hubo informes de una pelea que involucró a varios estudiantes de secundaria.
Durante la disputa, Schwab sufrió dos puñaladas en el torso con un steak knife (cuchillo para cortar carne.
La víctima fue transportada al Jacobi Medical Center en El Bronx, Nueva York, pero fue declarada muerta más tarde por los médicos.
La policía dijo que Brown se encontraba entre un grupo de cinco o seis hombres y mujeres que participaron en la pelea.
“Nuestros corazones están con todos los que se han visto afectados por este hecho trágico. Esta es una pérdida devastadora para nuestra comunidad escolar, y nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Valaree”, manifestaron los funcionarios del distrito escolar de New Rochelle.
El incidente sigue bajo investigación.
“Cualquier persona con información sobre la pelea o el apuñalamiento fatal puede contactar al teniente del Departamento de Policía de New Rochelle, Chris Hearle, llamando al 914-654-2263”, finalizaron las autoridades.
Laura Quinn, de 46 años, enfrenta cargos de robo de identidad y de hacer compras por más de 30 mil dólares.
WHITE PLAINS.- Una mujer de 46 años enfrenta cargos luego de que la policía estatal informara que robó la identidad de una víctima e hizo decenas de miles de dólares en compras.
La policía del cuartel de Poughkeepsie recibió una queja en noviembre de 2017 sobre las tarjetas de crédito fraudulentas que se abrieron y se usaron a nombre de la víctima.
Después de una investigación de dos meses, se encontró que Laura Quinn, residente de LaGrange, abrió las cuentas e hizo compras por un total de más de 30 mil dólares, informó la policía.
Quinn fue arrestada el martes pasado y acusado de robo de identidad en primer grado y hurto mayor en tercer grado, ambos delitos de clase D, y un cargo de intento de robo de identidad en primer grado, un delito Clase E.
Quinn fue procesada en LaGrange Court y liberada por su propia cuenta.
Está programado para comparecer ante la Corte el martes 16 de enero.
No cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) pidió la inmigrante salvadoreña, Luciana Sandoval, al presidente Donald Trump, al considerar que las personas vienen a este país a trabajar para sacar adelante a sus familias. (Foto: EL SOL News)
STAMFORD.- La inmigrante salvadoreña Luciana Sandoval le pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no cancele el Estatus de Protección Tempotal (TPS), al considerar que las personas vienen a trabajar a este país para sacar a sus familias adelante y sin el alivio migratorio sus sueños podrían “esfumarse”.
Sandoval, quien llegó a los Estados Unidos en 2001 de su natal Cojutepeque, El Salvador, en entrevista a EL SOL News declaró que anteriormente tenía TPS pero desde hace varios años no ha podido solventar su situación migratoria.
Declaró sentirse preocupada porque tiene varios familiares con el TPS. Mantiene la esperanza de que Trump cambie su decisión de cancelar el alivio migratorio y lo mantenga para la tranquilidad de muchas familias inmigrantes.
“Estamos preocupados, era algo que no lo esperábamos. Ya sabíamos que era temporal, pero no pensábamos que lo iba a cancelar ahora, tan pronto. Debe de existir una solucion. El TPS no lo dio el Presidente, fue aprobado por el Congreso, por lo que no es tan fácil quitarlo. Tenemos fe que se puede hacer algo
Ya es tiempo que a los inmigrantes no sólo nos estén quitando sino que ya es tiempo de que nos den”, agregó la inmigrante.
Consideró que mantener el TPS y otros alivios migratorios beneficia a la economía de los Estados Unidos y ayudar a los inmigrantes es algo positivo para este país.
Sandoval comentó a este semanario que “nuestro país no está apto para recibir a miles de inmigrantes. Es dificil adaptarse, nuestros hijos nacieron aquí en los Estados Unidos. Aunque se pueda hacer una carta donde se diga que el padre otorga el cuidado de sus hijos a otra persona, nadie se va a quedar con hijos que no son suyos, la situacion no está para eso. Ningun padre va a querer dejar a sus hijos con un extraño”.
Agregó que “si para un adulto es dificil regresar a su país y readaptarse, lo es mucho más para un niño, por lo que pido al presidente Trump que no cancele el TPS, que lo mantenga porque los inmigrantes ayudamos economicamente a este país, pagamos impuestos y no hacemos ningún mal”.
“Las remesas que se mandan de aquí benefician a nuestro país. Allá no hay trabajo, hay gente que es graduada con títulos universitarios y no pueden trabajar. Obtener un título no es orgullo porque se termina guardando. Muchos inmigrantes en los Estados Unidos trabajan de lo que no se han graduado lamentablemente”, declaró la inmigrante.
Sandoval comentó que “sin el alivio migratorio esto se convierte en un trauma para los niños. Las familias que han sido separadas han vivido un momento duro. Se viene una situación dificil, todos estamos preocupados, con mucha incertidumbre”.
Precisó que “Muchos por deseperacion se van a su país pero qué vida les espera allá, no les queda de otra que regresar de nuevo aquí”.
Reveló que “en mi caso no pude obtener mi TPS porque mis hijos estaban pequeños en aquel momento y yo no trabajaba. Yo tenía ignorancia porque no tenía a nadie que me dijera qué hacer. Antes pagaban poquito y mandábamos dinero a nuestro paises”.
Sandoval vinó a los Estados Unidos hace 16 años. Primero vivió en New Jersey, luego se mudó a Bridgeport y ahora vive en Danbury.
La organización CT Students for a Dream (C4D) calificó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños como inmoral y exigieron al Congreso que actúe para mantener a las familias unidas.
Los jóvenes indocumentados califican la cancelación del alivio migratorio como inmoral y exigen al Congreso que actúe para mantener a las familias unidas
STAMFORD.- Siguiendo un patrón de cancelación para el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países centroamericanos y caribeños, la Administración del Presidente Donald Trump decidió terminar esta semana el alivio migratorio para El Salvador.
La Administración no renovará el Estatus de Protección Temporal que ha permitido a los salvadoreños permanecer en los Estados Unidos durante más de una década y media.
La mayoría de los salvadoreños han residido en los Estados Unidos legalmente desde 2001. Ahora tienen 18 meses para abandonar el país (hasta septiembre de 2019) o enfrentar la deportación.
Cerca de 250 mil salvadoreños están protegidos por el TPS, la población más grande de TPS en los Estados Unidos.
Lucas Codognolla, director ejecutivo de la organización Connecticut Students for a Dream (C4D), afirmó “para nosotros es claro que la política de inmigración de esta Administración está dirigida por un solo objetivo racista: la expulsión de millones de personas de este país. Con su decisión de poner fin al TPS para otro grupo de inmigrantes, matar el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y lanzar barricadas (barreras) frente al Dream Act, está claro que lo único que Trump y sus asesores antiinmigrantes quieren es dividir a las familias y empujar a los inmigrantes a las sombras, a los campos de detención y fuera del país”.
Codognolla agregó que “la terminación del TPS es una prueba más de su deportación masiva, agenda de supremacía blanca. Este anuncio marca un comienzo devastador para el nuevo año, ya que 250 mil familias estarán separadas de sus hogares después de 17 años”.
El joven inmigrante manifestó que “El Salvador es un país con pobreza generalizada y violencia de las pandillas. Es inmoral, cruel y sin corazón devolver 250 mil personas a un país que no puede recibirlos. Su expulsión forzosa de sus hogares será devastador para ellos, sus empleadores, sus vecinos y sus familias, separando a las familias y cortando los lazos comunitarios que se han construido durante más de 17 años”.
La medida obligará a los salvadoreños, que han estado en los Estados Unidos desde al menos 2001, a obtener un estatus legal diferente en los Estados Unidos o abandonar el país el 9 de septiembre de 2019.
El TPS fue otorgado a El Salvador en 2001 después de que dos terremotos devastaron el país.
El Gobierno permitió que cientos de miles de refugiados de la guerra civil salvadoreña que se encontraban en los Estados Unidos legal o ilegalmente permanezcan y trabajen en Estados Unidos.
La decisión sobre renovar o cancelar las designaciones de TPS la tomó la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, con la colaboración del Departamento de Estado.
Altos funcionarios de la Administración dijeron que un “proceso de revisión interinstitucional” consideró en la decisión las condiciones en El Salvador y su capacidad para recuperar a sus ciudadanos.
De acuerdo con varios informes, El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo, sede de la violencia persistente basada en pandillas a pesar de los esfuerzos del Gobierno para sofocar a grupos criminales como la MS-13.
Además, es uno de los países más pobres del hemisferio, con un PIB per cápita de alrededor de 4 mil 200 dólares, a pesar del crecimiento constante desde la década de 1990.
Los beneficios del TPS se otorgan a los ciudadanos extranjeros que residen en los Estados Unidos, cuyos países de origen sufren devastadores desastres naturales o provocados por el hombre, lo que hace que el regreso sea peligroso o insostenible.
Las administraciones demócratas y republicanas anteriores renovaron rutinariamente las designaciones de países TPS para el período máximo de 18 meses, sobre la base de una evaluación integral de la capacidad de los países para reabsorber a sus emigrantes.
Bajo la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó una interpretación más estricta del estatuto del TPS, donde solo se tienen en cuenta las condiciones directamente relacionadas con el desastre original, en el caso de El Salvador, los dos terremotos.
Se han cancelado otras designaciones de TPS para la renovación bajo Trump, incluso para Sudán, Haití y Nicaragua. La antigua secretaria del DHS, Elaine Duke, permitió que la designación hondureña se renovara automáticamente por un mínimo de seis meses.
“El Congreso debe actuar sobre una solución más permanente para TPS para que las familias puedan permanecer juntas y nuestra nación pueda vivir de verdad a la altura de sus valores. Continuaremos organizando nuestra comunidad para exigir que nuestras familias dejen de separarse”, finalizó Codognolla.
Un juez de California ordenó a la actual Administración que continúe aceptando las solicitudes de renovación de DACA.
Un juez de California ordenó a la Administración del presidente Donald Trump que continúe aceptando las solicitudes de renovación de DACA por lo que los dreamers exigen una solución rápida al Congreso
STAMFORD.- Después de que un juez de California ordenó a la Administración del presidente Donald Trump que continúe aceptando las solicitudes de renovación de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), los jóvenes inmigrantes de Connecticut manifestaron que la opción es más clara que nunca: el Congreso debe actuar ahora para aprobar una Ley de sueño limpio
En un fallo emitido el martes por la noche, el juez William Alsup del tribunal de distrito de los Estados Unidos con sede en San Francisco, California, ordenó a la Administración Trump que reanude la aceptación de solicitudes de renovación para el programa de Acción Diferida, iniciado en 2012 por el ex presidente Barack Obama.
Camila Bortolleto, directora de campaña de CT Students for a Dream (C4D), declaró a EL SOL News que “el fallo de esta semana, aunque sólo sea temporal, muestra lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo: poner fin a DACA fue una decisión inmoral y arbitraria que no tenía fundamento legal”.
La joven inmigrante agregó que “no sabemos qué sucederá con el fallo en este momento y lo vigilaremos de cerca a medida que avanza en los tribunales. El fallo no cambia nada, DACA todavía está muerta, ya es demasiado tarde para los más de 11 mil jóvenes inmigrantes de Connecticut que ya perdieron su estatus porque no se aceptan nuevas solicitudes de DACA. Nuestra comunidad todavía necesita protección permanente y no podemos permitir que esto sea una distracción en esa pelea”.
“Continuaremos luchando más que nunca por una solución permanente, que es una ley limpia Dream Act. El Congreso debe poner fin a este caos en el que nuestras vidas han sido arrojadas. La próxima oportunidad que tiene el Congreso de aprobar el Dream Act es con el Spending Bill (proyecto de gasto) que debe presentarse antes del 19 de enero. CT Students for a Dream está presionando por una ley que beneficie a los dreamers para el 19 de enero y se movilizará a Washington DC el 16 de enero para responsabilizar a nuestros funcionarios electos de que lo hagan ya, sin demoras”, finalizó Bortolleto.
De acuerdo con la vicegobernadora Nancy Wyman y el director ejecutivo de Access Health CT, Jim Wadleigh, durante este período de inscripción, 114 mil 134 consumidores se inscribieron para la cobertura de seguro médico privado, lo que refleja un aumento del 2.3 por ciento en comparación con las cifras de inscripción el año pasado.
BRIDGEPORT.- La vicegobernadora Nancy Wyman y el director ejecutivo de Access Health CT, Jim Wadleigh, proporcionaron esta semana los resultados del quinto período de inscripción abierta del mercado de seguros de Connecticut, que se realizó del 1º de noviembre al 22 de diciembre de 2017. Durante este período de inscripción, 114 mil 134 consumidores se inscribieron para la cobertura de seguro médico privado, lo que refleja un aumento del 2.3 por ciento en comparación con las cifras de inscripción el año pasado.
En 2018 Access Health CT tiene un aumento en la membresía en seis de los ocho condados, con un mayor número en el condado de Fairfield.
Cerca del 74 por ciento de los inscritos reciben algún tipo de ayuda financiera para pagar su cobertura y cerca del 24 por ciento de los inscritos están en el grupo de “jóvenes invencibles” (de 18 a 34 años) que fue uno de los principales grupos objetivo de la organización.
Asimismo, aproximadamente el 12 por ciento de los consumidores son nuevos clientes y el 18 por ciento de los inscritos eran consumidores recurrentes que tenían una cobertura médica anterior pero no en 2017, y el 70 por ciento de los consumidores existentes regresaron en 2018.
Por ejemplo, durante el quinto período de inscripción abierta más de 6 mil 400 personas visitaron los 10 lugares de inscripción en todo el Estado y 4 mil 558 estaban ya los inscritos en un plan y más de 220 mil personas fueron al sitio web de Access Health CT y el 70 por ciento se inscribieron a través del sitio.
Según las autoridades, 267 mil personas llamaron al centro de contacto, de los cuales el 30 inscrito tenía ya un plan médico y el 35 por ciento fue inscrito con la ayuda de un corredor de seguros.
Cerca de 17 mil personas usaron la herramienta de comparación de planes para ayudar a seleccionar un plan.
Para activar su plan, los inscritos deben pagar la factura que obtienen de su compañía de seguros. Además, es posible que algunos clientes necesiten proporcionar la información necesaria a AHCT para que su solicitud esté completa. Los clientes que no pagan sus primas y abandonan las funciones del seguro están sujetos a sanciones federales, se dio a conocer.
Bajo la Affordable Care Act (ACA), Access Health CT también se asocia con el Departamento de Servicios Sociales del Estado para inscribir a los consumidores elegibles en Medicaid y el programa de seguro médico para niños (HUSKY Health). La inscripción está disponible durante todo el año en HUSKY Health.
“No cabe duda de que la ACA Act ha supuesto un gran paso adelante para millones de personas en los Estados Unidos, y los resultados positivos en Connecticut son claros”, comentó el comisionado del Departamento de Servicios Sociales del Estado, Roderick Bremby.
“Gracias a la ACA Act, fuimos el primer Estado en expandir Medicaid para los padres de bajos ingresos sin hijos menores, y nos complace apoyar a la vicegobernadora Wyman y a Access Health CT al reconocer el éxito de Connecticut al continuar con impresionantes servicios y resultados de inscripción”, finalizó Bremby.
