Jennifer López está siendo demandada por un hombre quien asegura que se le ocurrió la idea del programa “World of Dance” hace 10 años.
Alvin Gray presentó una demanda federal esta semana contra J.Lo (quien es la productora ejecuiva), así como la cadena NBC y la famosa coreógrafa Debbie Allen.
De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por The Blast, Gray afirma que se le ocurrió la idea de un programa llamado “Let’s Start the Dance” en 2009. Afirma haber enviado por fax una carta a Debbie Allen y su compañía de producción en un esfuerzo para ver si estaba interesada en producir el espectáculo.
En 2010, Gray afirma que tuvo el programa registrado en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos.
Avanzando al 2017, cuando el demandante descubrió que “World of Dance” estaba en producción por la NBC, asegura que intentó ponerse en contacto con los ejecutivos para notificarles sobre la infracción de derechos de autor, pero dice que nunca recibió respuesta.
Un reconocido terapeuta ha recomendado a Frida Sofía Guzmán (quien no es su paciente) a tomar terapia psicológica, pues su autoestima es tan baja, que si no se trata podría llegar hasta el suicidio.
“Frida Sofía está escudando sus tristezas, sus vacíos y depresiones con el coraje, porque es la herramienta más común y más fácil de usar. Le urge tomar terapia, tiene un desequilibrio mental; no es sano lo que ella está viviendo, tiene qué acercarse a su familia, aunque no le será fácil porque no se siente integrada. Se le sugiere que tome la terapia junto con su madre, ya que el paciente se siente apoyado por un familiar”, opinó el psicoterapeuta clínico Román Hernández Flores al Diario Basta!.
“El rechazo que siente Frida por parte de su familia se llaman heridas emocionales, cuando estas afloran hacen que ella misma empiece a rechazar a su familia. Si no se atiende la pueden llevar al suicidio, porque tiene muy baja la autoestima, tiene desequilibrio emocional”, agregó el especialista.
Hernández sostiene que este comportamiento de la hija de Alejandra Guzmán, es resultado de haber crecido en una familia disfuncional, desintegrada, por lo que se le aconseja que se atienda antes de que esas heridas emocionales le causen más daño.
El inmigrante Rony Rosario Ramírez se enfrenta a la deportación tras un cargo de violación el mes pasado en New Rochelle.
NEW ROCHELLE – Hay una acalorada guerra de palabras entre el condado de Westchester y el U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE) sobre la previa liberación de un hombre que enfrenta la deportación después de que la policía lo acusara de violación.
Las autoridades información que Rony Rosario Ramírez se enfrenta a la deportación tras un cargo de violación el mes pasado en New Rochelle.
Apenas una semana después de su arresto, Ramírez había sido liberado a pesar de la solicitud del ICE para mantenerlo bajo custodia. Los funcionarios de ICE culparon al Condado.
Al final, los agentes federales arrestaron nuevamente al hispano a pesar de su liberación por parte del Condado.
Las autoridades de Westchester afirmaron que previamente el ICE se comunicó con ellos para solicitar que se les notificara si Ramírez fue liberado, pero no respondieron a sus solicitudes de una orden judicial firmada por un juez federal para que pudieran compartir la información.
Un portavoz aclaró que no liberaron a Ramírez, sino que fue recogido el 25 de febrero por la policía de New Rochelle y transportado a la corte de la Ciudad y nunca fue devuelto a la custodia del Condado.
El ejecutivo de Westchester, George Latimer, dijo que el Condado siguió todos los procedimientos regulares, al igual que la policía y los tribunales. Se mostró en desacuerdo con la caracterización del ICE de que Ramírez fue liberado por negligencia.
Thomas Decker, director de la oficina de campo de la ERO Nueva York, dijo que Ramírez “fue liberado en una comunidad desprevenida, ya que las autoridades locales no pudieron detenerlo por su nueva ley de protección a los inmigrantes”.
Agregó que “permítame dejarlo en claro, no estamos arrestando a los inmigrantes legales que respetan la ley. El Congreso nos obliga a arrestar a los que están en este país ilegalmente, violando las leyes de esta nación, manteniendo nuestra máxima prioridad sobre los extranjeros criminales y eliminando a los alienígenas que están amenazando a nuestras comunidades”.
Luis Yumbla, de la Hudson Valley Community Coalition (HVCC), manifestó que la comunidad estaba molesta y preocupada porque alguien con un delito tan grave fuera puesto en libertad.
“No es justo que las personas trabajadoras con menos delitos estén meses en las instalaciones de inmigración o en la cárcel del Condado, mientras otras personas que sí son peligrosas se encuentren libres”, declaró Yumbla.
El ICE emitió una declaración que decía en parte que “el Congreso no ha establecido ningún proceso, requisito o expectativa para que el ICE solicite una orden judicial de los tribunales federales que ya están sobrecargados, antes de tomar la custodia de un extranjero por violaciones de inmigración civil”.
El ICE indicó que Ramírez fue arrestado el 14 de marzo en New Rochelle. Se declaró culpable de un cargo menor en su caso de violación. Será deportado a Guatemala.
Los defensores de los inmigrantes en Port Chester dicen que planean hablar con los funcionarios electos locales para asegurarse de que algo así no vuelva a suceder.
La fiscal general Letitia James anunció que el estado de Nueva York presentó una demanda millonaria contra la familia Sackler y otros distribuidores, que son responsables de la generalización del abuso de OxyContin, alegando que la farmacéutica Purdue Pharma ayudó a provocar una crisis de opioides que causó la muerte de miles de personas.
La demanda incluye a una familia multimillonaria detrás de OxyContin
NUEVA YORK.- El estado de Nueva York se está enfrentando a grandes compañías farmacéuticas, anunciando la “demanda más completa de la nación contra los distribuidores y fabricantes de opioides”, informó la fiscal general Letitia James.
James presentó la demanda contra la familia Sackler y otros distribuidores, que son responsables de la generalización del abuso de OxyContin, alegando que la farmacéutica Purdue Pharma ayudó a provocar una crisis de opioides que causó la muerte de miles de personas.
La demanda, anunciada el jueves pasado, alega que a través de varios años de mercadotecnia falsa y engañosa, y al ignorar sus deberes para evitar el desvío ilegal de sustancias controladas, seis fabricantes nacionales de opioides de receta, la familia Sackler y cuatro distribuidores nacionales de medicamentos recetados son “gran parte responsable de crear la epidemia de opioides que ha asolado Nueva York, causando una adicción generalizada, muertes por sobredosis y sufrimiento”.
James señaló que “esta demanda abre nuevos caminos al exponer un extenso conjunto de hechos que alegan que los distribuidores de medicamentos recetados no cumplieron con sus deberes para detectar e informar el desvío de opioides a través de programas de monitoreo de órdenes sospechosas mal diseñados, mal equipados y mal ejecutados”.
Según la denuncia, la epidemia de opioides prevalece particularmente en Nueva York debido al presunto “fraude, mala conducta intencional y negligencia grave de los distribuidores que compran sustancias controladas a granel a los fabricantes y venden a farmacias individuales y otros dispensadores autorizados”.
James dijo que “estas fallas sistémicas llevaron a envíos masivos de opioides a farmacias específicas en Nueva York que mostraron numerosas “señales de alerta, como un alto porcentaje de recetas pagadas en efectivo o escritas por un número relativamente pequeño de proveedores que han sido acusados o condenados por, prescripción ilegal”
La queja alega además que los fabricantes implementaron un “libro de jugadas” para engañar al público sobre la seguridad y los riesgos de los opioides recetados.
“Los fabricantes hicieron afirmaciones de que los opiáceos podrían mejorar la calidad de vida y el funcionamiento cognitivo, promovieron declaraciones falsas sobre la naturaleza no adictiva de estas drogas, enmascararon los signos de adicción al referirse a ellos como ‘pseudoaddicción’ y alentaron un mayor uso de opioides para tratarla, y sugirió que los métodos alternativos de alivio del dolor eran más riesgosos que los opiáceos, entre otras afirmaciones sumamente engañosas”, señaló James.
“Utilizaron una vasta red de representantes de ventas para impulsar estas narrativas peligrosas y dirigirse a médicos susceptibles, publicar inundaciones con sus anuncios engañosos y ofrecer a los consumidores tarjetas de descuento y otros incentivos para atraerlos a solicitar tratamiento con sus productos”, agregó la Fiscal General.
Según James, cada día, más de 130 personas, incluidas aproximadamente nueve en Nueva York y dos en Westchester, mueren como resultado de la sobredosis relacionadas con los opioides. Desde el 2000 hasta el 2011, el número de recetas para medicamentos opioides se ha cuadriplicado.
“La epidemia de opioides ha devastado a las familias y comunidades en todo Nueva York. Encontramos que los fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos realizaron años de mercadotecnia engañosa sobre los riesgos de los opioides y no cumplieron con su deber básico de informar sobre las conductas sospechosas, lo que llevó a la crisis con la que vivimos hoy. A medida que la familia Sackler y los demás acusados se hicieron más ricos, la salud de los neoyorquinos se empobreció y nuestro Estado se vio obligado a pagar la factura. Los fabricantes y distribuidores de opioides son los culpables de esta crisis y ya es hora de que asuman la responsabilidad”, finalizó James.
Con el fin de contribuir al desarrollo de la Ciudad, la demócrata hispana Karen Beltrán, se postula para la Alcaldía de Yonkers y actualmente está recogiendo firmas para participar en la votación de las primarias demócratas que se celebrarán el martes 25 de junio.
Actualmente está recogiendo firmas para participar en la votación de las primarias demócratas que se celebrarán el martes 25 de junio
YONKERS.- La demócrata hispana Karen Beltrán, quien ha vivido en esta ciudad desde hace mucho tiempo y ha sido defensora de la educación, se postula para la Alcaldía y actualmente está recogiendo firmas para participar en la votación de las primarias demócratas que se celebrarán el martes 25 de junio.
“Creo que Yonkers debe comenzar de nuevo, y creo que soy igual de capaz y calificada para liderar la Ciudad, y la gente de Yonkers también merece tener una opción en la urna”, declaró Beltrán.
La hispana cuenta con muchos años de experiencia y voluntariado en su trabajo en las escuelas públicas de Yonkers, donde se desempeñó como Presidenta del Yonkers Council of PTA/PTSAs (YCPTA), de julio de 2014 a julio de 2016. Anteriormente, se desempeñó como secretaria de grabación del YCPTA, de julio de 2012 hasta julio de 2014, y también se ha desempeñado como directora regional para el PTA de Westchester–East Putnam (WEPR), desde mayo de 2016 hasta mayo de 2017.
Beltrán identificó tres problemas que ha escuchado de la comunidad mientras ha recorrido la Ciudad recolectando firmas, y son la educación, el desarrollo económico y los límites de plazos.
“La gente está interesada en que nuestro sistema educativo siga mejorando. Además, les preocupa el desarrollo económico y cómo puede beneficiar a la comunidad y la necesidad de viviendas más asequibles”, comentó Beltrán.
Sobre la cuestión de los límites de términos, la hispana comentó que el actual alcalde Mike Spano ha cumplido dos mandatos ahora, y aunque reconoció que han existido mejoras en la Ciudad en general, especialmente en la seguridad pública, se necesita un cambio.
“Creo que dos términos son suficientes y hay líderes calificados listos para liderar la Ciudad y ampliar las mejoras, y aportar nuevas ideas. Creo que hay un apetito por eso y tengo el deseo de seguir ayudando a la comunidad desde la Alcaldía”.
Cuando se le preguntó si pensaba que la votación para ampliar los límites de los mandatos, el año pasado, por parte de 5 miembros de la Junta fue un error, la hispana declaró que “Creo que la manera en que se organizó fue un error. Debería haber sido abordado en un referéndum para dar a la gente la última palabra”.
En este momento, la prioridad número 1 de Beltrán es obtener suficientes firmas para ingresar a la boleta electoral. Debido a que este año, las fechas para las recolectar firmas se incrementaron para crear una primaria estatal y federal, la cantidad de firmas requeridas para postularse para Alcalde este año se redujo de mil a 750.
“Es un proceso gratificante salir y conocer gente, y explicar lo que significa entrar en la boleta. Tenemos un grupo de voluntarios que está ayudando a hacer eso. Es un desafío, pero lo estamos logrando y confío en que tendré suficientes firmas demócratas para calificar”, comentó Beltrán.
“Como residente de Yonkers desde hace mucho tiempo, me preocupan los problemas que enfrentan las familias y los niños de nuestra ciudad. Me importa mejorar nuestras escuelas, atraer y retener los empleos bien remunerados para los residentes de Yonkers, asegurar la disponibilidad de viviendas asequibles para todos, promover un desarrollo económico justo que beneficie a todos los residentes de inmediato, brindar servicios comunitarios de calidad, proteger nuestro medio ambiente, el aumento de la seguridad pública y el compromiso cívico representativo”, agregó Beltrán.
La demócrata Ivy Reeves también se postula para Alcalde y está recogiendo firmas para ingresar a la boleta electoral, mientras que los republicanos han nominado a Mario De Giorgio como su candidato a Alcalde.
La patrulla fronteriza detuvo en los dos últimos días a 12 mil inmigrantes sin papeles
WASHINGTON DC.- Las autoridades de la frontera entre Estados Unidos y México han alertado este miércoles del colapso de sus instalaciones. “El sistema ha llegado a su punto de quiebre esta semana”, advirtió en una rueda de prensa Kevin McAleenan, comisario de la guardia fronteriza. Desde El Paso, convertida en la segunda ciudad más transitada entre ambos países por la ola de migrantes centroamericanos, hizo un llamamiento a los legisladores a entregar más recursos para manejar la “crisis humanitaria y de seguridad” con la que están lidiando. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés) detuvieron a más de 12 mil migrantes a lo largo de la frontera en los dos últimos días. “Un número alto es 4 mil. Hablamos de crisis cuando son 6 mil. El nivel actual no tiene precedentes”, explicó McAleenan.
La CBP adelantó que, al ritmo que van, marzo acabará con 100 mil detenciones: “Será el mes más alto en más de una década”, dijo McAleenan. El perfil de los migrantes detenidos, según explicaron, son en su mayoría (65%) familias con niños que simplemente se entregan a los agentes, mientras que el resto son adultos solos que intentan evadir ser detenidos, “incluidos aquellos con antecedentes penales”. El número de familias sin papeles que llegan a la frontera ha roto varios récords en los últimos meses, pero el número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México se encuentra lejos de su máximo de hace dos décadas.
El reclamo de la CBP llega solo unas semanas después de que el presidente Donald Trump declarara una emergencia nacional en la frontera acusando una crisis de drogas e inmigración ilegal. La jugada desesperada del republicano -que el Congreso intentó revertir sin éxito- le permite usar sus poderes especiales para dotarse de los fondos públicos que necesita construir el muro con México. El comisario McAleenan, alimentando el discurso trumpista, culpó de “la crisis” a los contrabandistas y a las leyes de los estadounidenses que, a su juicio, fomentan la migración ilegal, ya que “prácticamente garantizan que sean liberados en EE UU”. Los agentes fronterizos sostienen que El Paso atraviesa la situación de hacinamiento más peligrosa, con centros de detención ocupados en un 300% o 400% por sobre su capacidad.
El comisario de la guardia fronteriza expresó su temor de que esta situación traiga consigo una tragedia en algún centro de detención. “Estamos haciendo todo lo posible para simplemente evitar una tragedia (…), pero con estos números y con los diferentes tipos de enfermedades que estamos viendo en la frontera, me temo que es solo una cuestión de tiempo”, advirtió el agente. El pasado diciembre dos menores guatemaltecos murieron bajo custodia del Gobierno de EE UU.
Si en febrero ya se rompieron los parámetros con más de 76.000 extranjeros que cruzaron de forma irregular la frontera -el dato mensual más elevado en 12 años-, los agentes auguran un marzo aún peor. El cambio en el perfil de quienes llegan a contribuido al “colapso”. Anteriormente los sin papeles que cruzaban la frontera eran mexicanos que venían solos y podían ser deportados fácilmente a su país. El hecho de que ahora predominen las familias centroamericanas en busca de asilo y, por ley, deban atenderlas en los tribunales, es lo que atasca al sistema que no está preparado para atender tanta demanda. El proceso legal de los solicitantes puede tardar meses o incluso años. La oficina de aduanas remarcó este miércoles que solo entre el 10 y el 15% de los casos son solicitudes de asilo legítimas.
La Administración de Trump aprobó el año pasado varias reformas para que reducir el número de migrantes que pueden pasar el primer filtro en las solicitudes de asilo y así evitar abrir un proceso legal. Por ejemplo, desde junio de 2018, la condición de víctimas de violencia doméstica o la amenaza de pandillas en el país de origen del solicitante ya no bastan como único motivo para pedir protección. Pero eso no ha impedido que los migrantes continúen llegando a la frontera huyendo de la violencia.
Los estudiantes portaron carteles para exigir al Comité Económico, Comunitario y Ambiental que incluya rutas más seguras y pases de autobús en el Plan Maestro de Conservación y Desarrollo. (Foto: EL SOL News).
De acuerdo con los jóvenes, ellos no tienen autobuses escolares y caminan por rutas inseguras todos los días, por calles poco iluminadas, pavimento agrietado e intersecciones peligrosas
BRIDGEPORT.- Los estudiantes de esta ciudad asistieron a la reunión del Comité Económico, Comunitario y Ambiental.
Durante la reunión, el Comité revisó el Plan Maestro de Conservación y Desarrollo de 10 años, un documento guía para la ciudad de Bridgeport que establece una visión de crecimiento y determina las estrategias para lograr esa visión.
Los estudiantes llenaron la sala con carteles que decían “Nuestra ciudad, nuestra voz, nuestra información”, “No te metas con nuestro futuro”, “Incluye a los caminantes en el Plan de Conservación y Desarrollo”, “Calles más seguras para todas las intersecciones fallidas”.
El Make The Road CT Youth Power Committee, junto con Nature Conservancy y la Universidad del Sagrado Corazón, evaluaron un total de 34 intersecciones y 44 segmentos a lo largo de nueve rutas utilizadas por los estudiantes de secundaria de Bridgeport que caminan a la Bassick High School, Central High School y Harding High School.
Los padres líderes de Make The Road CT hablan con la concejala Jeanette Harron, acerca de sus peticiones de seguridad para los estudiantes y que los fondos para la educación deben ser priorizados a beneficio de los jóvenes. (Foto: EL SOL News).
En general, a lo largo de las rutas examinadas, el 82 por ciento de los segmentos de las calles y el 91 por ciento de los cruces recibieron una calificación “F”, es decir, con muchas fallas.
Durante los próximos 2 meses, el Plan Maestro de Conservación y Desarrollo será revisado y aprobado por el Comité Económico, Comunitario, Medioambiental (ECEC), la Comisión de Planificación y Zonificación de Bridgeport y el Ayuntamiento.
El Make The Road CT Youth Power Committee demandó de que el Plan Maestro para la Ciudad incluya los Streetscapes (zonas seguras en las calles) para todos los segmentos e intersecciones que fallan, y asegurar el transporte en autobús para todos los estudiantes que viven a más de 0.5 millas de su escuela asignada.
El ECEC agregó un lenguaje relevante al Plan Maestro, luego los estudiantes deben luchar por el borrador y sus demandas serán aprobadas por la Comisión de Planificación y Zonificación y el Concejo Municipal.
El Make The Road CT Youth Power Committee, junto con Nature Conservancy y la Universidad del Sagrado Corazón, evaluaron un total de 34 intersecciones y 44 segmentos a lo largo de nueve rutas utilizadas por los estudiantes de secundaria de Bridgeport que caminan a la Bassick High School, Central High School y Harding High School. (Foto: EL SOL News).
Alison Martínez-Carrasco, organizadora juvenil de Make The Road CT declaró a EL SOL News que “hemos estado luchando durante más de un año para que el borrador del Plan Maestro incluya las demandas de los estudiantes de Bridgeport y la Ciudad lo sabe. Nos hemos reunido con el director del Departamento de Planificación tres veces y estamos aquí para hacer saber nuestras demandas: el Comité no debe aprobar este borrador del Departamento de Planificación a menos que incluya las demandas de los estudiantes para que se incluyan los StreetScapes y el transporte en autobús”.
La joven agregó que “incluir estos elementos en el Plan Maestro, que es un documento guía para el bienestar y la prosperidad de los residentes de nuestra Ciudad, contribuirá en gran medida a garantizar que se priorice la seguridad y el futuro de nuestros estudiantes. Y lo más importante de todo, les mostrará a nuestros jóvenes que la ciudad de Bridgeport se preocupa por su educación y su futuro”.
Por su parte, Enrique Ramírez, de la Bassick High School, expresó a este semanario que “los estudiantes de la Bridgeport High School no tienen autobuses escolares y los jóvenes caminan por rutas inseguras todos los días. Muchos de nosotros caminamos casi 2 millas por calles poco iluminadas, pavimento agrietado e intersecciones inseguras. Los estudiantes de secundaria deben vivir a 2.0 millas de la escuela para calificar para los pases de un autobús público”.
Ramírez apuntó que “muchos de nosotros no tenemos los medios para comprar nuestros propios pases, por lo que debemos caminar. Cuando vamos a la escuela, las líneas de seguridad nos detienen y nos retrasan aún más. En lugar de poder ingresar a nuestra primera clase y recibir nuestra educación, corremos el riesgo de que nos mantengan fuera de clase y sean castigados por llegar tarde”.
Los registros, publicados por la American Civil Liberties Union (ACLU), mostraron que agencias en Fairfield, Westport, Enfield, Wethersfield, Stratford, Trumbull, Norwalk y en la Southern Connecticut State University (SCSU) están proporcionando información sobre la ubicación de los lectores de matrículas al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
NEW HAVEN. – Los registros publicados recientemente muestran que ocho agencias policiales en Connecticut están ayudando a las autoridades federales de inmigración con sus esfuerzos de vigilancia, manifestaron los defensores.
Los registros, publicados por la American Civil Liberties Union (ACLU), mostraron que agencias en Fairfield, Westport, Enfield, Wethersfield, Stratford, Trumbull, Norwalk y en la Southern Connecticut State University (SCSU) están proporcionando información sobre la ubicación de los lectores de matrículas al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Según David McGuire, director ejecutivo de la ACLU de Connecticut, eso es una posible violación de la TRUST Act de 2013 del Estado, que busca proteger a los inmigrantes al limitar la cooperación de las autoridades locales con el ICE.
“Lo que muestra esta revelación es que los datos de ubicación muy sensibles de las personas se comparten con las autoridades federales, y eso pone a una población vulnerable en la mira del ICE, innecesariamente en nuestra mente”, señaló McGuire.
Las autoridades de Norwalk aclararon que no hay acuerdo con el ICE, y parece que la agencia ha estado accediendo a una base de datos de la ley basada en la nube utilizada por el Departamento de Policía de Norwalk.
McGuire señaló que el uso de la tecnología de lectura de matrículas se está extendiendo rápidamente, y Connecticut está considerando usar lectores de matrículas para cobrar los peajes. Eso significa que las ubicaciones precisas de los conductores pueden ser monitoreadas docenas de veces al día.
“Los datos crean un expediente digital muy detallado sobre cada conductor en Connecticut y ahora sabemos que las ubicaciones e historias de conducción se comparten con el ICE, y eso es muy, muy problemático”, observó McGuire.
Dijo que si los legisladores aprueban la legislación para usar lectores de matrículas para cobrar el peaje, deben adoptar protecciones de privacidad sólidas para garantizar que los datos no se usen para otros fines.
Hay una legislación pendiente que cerraría las lagunas en la Trust Act, pero McGuire señaló que los intentos de limitar la capacidad de las autoridades locales para cooperar con el ICE se han enfrentado a una dura oposición por parte de la Asociación de Jefes de Policía de Connecticut.
“Este informe realmente resalta la necesidad de control sobre la forma en que la policía usa la tecnología de vigilancia aquí, y el estado de Connecticut necesita intensificar y aprobar leyes para limitar este tipo de intercambio de datos”, precisó McGuire.
El informe de ACLU apuntó que más de 80 agencias locales de aplicación de la ley de más de una docena de estados han acordado compartir los datos de ubicación de la placa de matrícula con el ICE.
El registro de la ACLU está disponible en la web www.aclunc.org/blog/documents-reveal-ice-using-driver-location-data-local-police-deportations.
Connecticut se unió a otros estados para intensificar su defensa legal de la Affordable Care Act (ACA), conocida como Obamacare. De acuerdo con los defensores, la eliminación de ley tendría un gran impacto en Connecticut, ya que más de 267 mil adultos de bajos ingresos, de 19 años o más, tienen cobertura a través de la expansión de Medicaid, conocida como HUSKY D en el Estado.
STAMFORD.- Mientras la administración del presidente Donald Trump notificó a un tribunal federal que impugnaría la constitucionalidad de la Affordable Care Act (ACA), Connecticut se unió a otros estados para intensificar su defensa legal del Obamacare.
En una presentación llevada a cabo el lunes pasado ante el 5º Tribunal de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia declaró que estaba de acuerdo con 15 fiscales generales republicanos en que la eliminación del “mandato individual”, el requisito de que la mayoría de los estadounidenses tengan seguro de salud, invalidaba toda la Ley ACA.
Ese fue un cambio sorprendente en la política de la administración Trump, que había argumentado en un escrito en junio pasado que la multa impositiva por no comprar un seguro, revocada por el Congreso en una revisión fiscal federal, era legalmente distinta de otras disposiciones de la ley, que podrían aún de pie.
La Administración dijo que solo había motivos para anular las protecciones al consumidor de la ley, incluidas aquellas para personas con afecciones médicas preexistentes, pero el resto de la ley de atención de la salud, incluida su expansión de Medicaid, aún era constitucional.
Ahora el Gobierno dice que está de acuerdo con una decisión del juez federal de distrito, Reed O’Connor, que la ACA completa es “inválida” debido a la eliminación del “mandato individual”.
Esa decisión ha sido apelada ante el Tribunal de Apelación del 5º Circuito.
“Este es un ataque cruel a las familias de Connecticut y al pueblo estadounidense. Es pura crueldad política”, señaló el fiscal general de Connecticut, William Tong, quien está luchando contra el desafío legal a la ACA en el Tribunal de Apelaciones.
Connecticut, y otros 20 fiscales demócratas, encabezados por el fiscal general de California, Xavier Becerra, presentaron un informe de apertura, el lunes pasado, en el 5º Circuito en defensa de la ley de atención médica.
El resumen de los demócratas sostiene que el mandato individual puede ser “separado” del resto de la ACA.
Los fiscales generales demócratas también argumentan que el grupo rival de los fiscales generales republicanos, liderado por el estado de Texas, no tiene una posición legal para presentar la demanda.
Timothy Jost, profesor emérito de Washington y de la Lee School of Law y experto en la ACA, dijo que ese es un punto legal importante.
“La cuestión de estar en un tribunal federal solo se concede si el caso es presentado por alguien que está lesionado. Nadie está herido aquí. Nadie resultó herido por la eliminación del mandato individual”, indicó Jost
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por los demócratas, también ha intervenido para solicitar que la ACA sea confirmada en su totalidad.
Las aseguradoras de salud de la nación también han presentado un informe en apoyo de la ACA. Los aseguradores criticaron la decisión del gobierno de Trump de unirse a aquellos que buscan un fin legal a la ley de atención médica.
Una eliminación de la ACA tendría un gran impacto en Connecticut, que implementó con entusiasmo el Obamacare, según los defensores.
“Sería catastrófico”, precisó Ted Doolittle, defensor de la atención médica de Connecticut.
La ley de Connecticut prohíbe a las aseguradoras negar cobertura a los residentes con condiciones preexistentes en la mayoría de las pólizas que venden en el Estado.
Pero esa protección, así como los “beneficios de salud esenciales” exigidos por el estado que deben proporcionar todos los aseguradores en el Estado, se basan en la existencia de la ACA y serían vulnerables a la derogación si la ley de atención de la salud ya no existiera, enfatizaron los defensores.
Más de 267 mil adultos de bajos ingresos, de 19 años o más sin hijos menores de edad, tienen cobertura a través de la expansión de Medicaid a través de la ACA, conocida como HUSKY D en el Estado.
Las leyes de vivienda justa en Connecticut protegen a las personas sin importar cuál es su condición. Es ilegal que un propietario lo trate de una forma distinta a los demás por su estatus migratorio, su origen nacional o su religión, de acuerdo con el Connecticut Fairf Housing Center.
NEW HAVEN.- Las leyes estatales y federales sobre la vivienda justa prohíben la discriminación en la vivienda contra las personas por su origen nacional, su religión, o por su linaje.
De acuerdo con el Connecticut Fairf Housing Center, las leyes de vivienda justa protegen a los inmigrantes, refugiados y personas de todas las religiones.
“Si usted piensa que ha sido víctima de discriminación en su vivienda porque usted es inmigrante, un refugiado o por su religión, puede llamar al Connecticut Fairf Housing Center al 866-247-4401”, manifestó la agencia.
Las leyes de vivienda justa le protegen sin importar cuál es su estatus migratorio.
Es ilegal que un propietario le trate de una forma distinta a los demás por su estatus migratorio, su origen nacional o su religión, agregó el Connecticut Fairf Housing Center.
Además es ilegal negar el alquiler a alguien porque es inmigrante, refugiado o por su religión, negar a alquilar a alguien por no ser de los estados unidos, cobrarle más renta o un deposito más alto a alguien porque viene de otro país y obligarle a conseguir a otra persona para firmar el contrato para la vivienda porque es inmigrante, refugiado o por su religión.
Asimismo, es ilegal decirle a una persona que no puede cocinar la comida típica de su país porque no le gusta como huele, negar el alquilar a un miembro de su familia porque no habla inglés, decirle que tienen que hablar inglés cuando están fuera de su casa, obligarle a escoger un apartamento porque es allí donde viven personas de su mismo país o los que hablan el misma idioma o los que practican la misma religión.
Según la agencia, es ilegal castigar a una persona o alguien de su familia por violar las reglas cuando otros inquilinos de otros países o religiones violan las reglas sin consecuencias.
Además, no está permitido que un propietario le pregunte cuál es su religión y es ilegal que un propietario le haga preguntas sobre su estatus migratorio debido a la manera que la persona se viste, por su ropa o por como habla.
Las leyes de vivienda justa estatales y federales también le protegen después que han alquilado su vivienda. Un propietario, un agente inmobiliario, o cualquier otra persona no deben pedir a la persona o a su familia que no usen ropa o símbolos religiosos y desalojarlo por su religión, su estatus migratorio o porque está como refugiado.
Para mayor información pueden visitar la web www.ctfairhousing.org/fair-housing-overview.
Para reportar una discriminación, pueden llamar al 866-247-4401, 860-247- 4400 o al 888-247- 4401.
Jennifer López está siendo demandada por un hombre quien asegura que se le ocurrió la idea del programa “World of Dance” hace 10 años.
