NEW HAVEN.- La Corte Suprema de Connecticut escuchará los argumentos de una demanda, que desafía la orden del gobernador Ned Lamont, de que los estudiantes y el personal de las escuelas usen máscaras para reducir la propagación del COVID-19.
El caso se remonta a más de un año cuando los abogados, que representaban a un grupo de padres que se oponían al mandato sobre el uso de máscaras en las escuelas, demandaron a Lamont y al Departamento de Educación de Connecticut.
Inicialmente argumentaron que las máscaras representaban un peligro para los niños, pero el caso se convirtió en una cuestión de separación de poderes después de que el tribunal dictaminó que las máscaras eran una protección adecuada contra el coronavirus.
En mayo pasado, el juez de la Corte Superior Thomas Moukawsher dictaminó que la orden era constitucional, argumentando que las cuestiones de separación de poderes habían sido resueltas por las sentencias de la Corte Suprema del Estado sobre otras impugnaciones de las órdenes pandémicas de Lamont, así como las acciones posteriores tomadas por la legislatura para garantizar una mayor supervisión de la autoridad de emergencia permanente del ejecutivo.
El caso fue agregado al expediente de la Corte Suprema, el martes pasado, y será escuchado en una fecha actualmente no programada después de que los abogados de ambos lados tengan la oportunidad de presentar sus argumentos.
Cuando apeló el fallo de Moukawsher en junio, Cameron Atkinson, uno de los varios abogados que representan a los padres opuestos, argumentó en los documentos judiciales que el caso presentaba problemas adicionales no resueltos por las decisiones anteriores de la Corte Suprema sobre la autoridad de emergencia del Gobernador, incluido si hay límites adecuados sobre la duración de esa autoridad.
“Esta importante cuestión de la separación de poderes pertenece propiamente a la Corte Suprema de Connecticut”, escribió Atkinson.
“De no haber sido por las numerosas otras cuestiones importantes planteadas por esta apelación, los demandantes-apelantes habrían presentado una petición de apelación de interés público para abordar precisamente esa cuestión. Sin embargo, optaron por preservar todos sus argumentos en la apelación al presentarlos ante este Tribunal primero. Se moverán rápidamente para una transferencia a la Corte Suprema”, agregó el abogado.
Las declaraciones de emergencia del Gobernador han continuado a medida que la situación del coronavirus en el estado ha mejorado y empeorado desde marzo pasado.
En septiembre, la legislatura votó para extender las declaraciones por sexta vez hasta febrero, casi dos años después del inicio de la pandemia.
La oficina del Fiscal General del Estado ha defendido al Gobernador y al Departamento de Educación en el caso de los estudiantes, así como en otras impugnaciones a las órdenes de emergencia de Lamont.
Los demandantes, que incluyen a las familias y CT Freedom Alliance, han sido representados por varios abogados, incluidos Atkinson, los representantes estatales republicanos Craig Fishbein (Wallingford) y Doug Dubitsky (Chaplin), y el abogado defensor Norm Pattis.
