HARTFORD.- Los hallazgos de un estudio de la Division of Criminal Justice, publicado esta semana, indican que los acusados afroamericanos e hispanos sin condenas previas tienen un 6% y un 5% más de probabilidades de ser condenados por un delito en comparación con los blancos.
Los fiscales creen que el hallazgo es responsable de impulsar las disparidades en todo el sistema de justicia penal del Estado, incluidas las cifras que muestran que los afroamericanos e hispanos tienen tasas de condenas más altas que los blancos en general.
El fiscal jefe del estado, Richard Colangelo, dijo a la Criminal Justice Policy Advisory Commission del Estado, que la diferencia en las tasas de condenas de aquellos sin condenas previas, “explica casi todas las disparidades observadas en todo el sistema”.
Pero los defensores califican los datos como un intento sesgado de negar el racismo sistémico que está plagando el sistema de justicia penal del Estado.
“Desde la vigilancia policial hasta el reingreso, el sistema de justicia penal está configurado para dañar a las personas afroamericanas y latinas que ya viven desproporcionadamente con antecedentes penales en Connecticut”, dijo Claudine Fox, directora de defensa y políticas de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut.
“Cualquier afirmación que haga el Fiscal Principal del Estado sobre la desaparición de las disparidades cuando se tiene en cuenta un registro de condena, muestra exactamente lo contrario. Demuestra que el sistema se está duplicando sobre sí mismo y las disparidades raciales que ya existen”, agregó Fox.
Colangelo presentó los hallazgos durante una reunión de la comisión el jueves pasado.
La comisión está compuesta por partes interesadas dentro del sistema de justicia penal del Estado, incluidos Colangelo, el administrador principal del tribunal Patrick Carroll, la defensora pública principal Christine Rapillo y otros jefes de departamentos estatales.
Al analizar 65 mil casos judiciales adjudicados en 2019, los analistas estadísticos de la Oficina de Política y Administración del Estado (OPM) determinaron que el 46% de los casos con un acusado afroamericano terminaron con una condena, en comparación con el 42% de los hispanos y el 37% de los blancos.
Pero Colangelo dijo que un examen más detallado de los antecedentes penales de los acusados contaba una historia diferente, borrando gran parte de la disparidad.
“Entre todos los acusados con antecedentes penales, las tasas de condenas fueron relativamente consistentes en todas las razas y etnias”, indicó Colangelo. Aproximadamente el 61% de los acusados afroamericanos, hispanos y blancos con una condena previa por un delito mayor son condenados nuevamente si enfrentan cargos adicionales.
La única diferencia significativa fue en las tasas de condena de quienes no tenían condenas previas, según el análisis de la OPM.
Para esos acusados, el 19% de los afroamericanos y el 18% de los hispanos sin condenas previas fueron condenados en 2019, en comparación con el 13% de los blancos.
“Aquí, una vez más, los acusados afroamericanos e hispanos tenían tasas de condenas más altas que los blancos. En el próximo año, nos centraremos en este grupo para tratar de desentrañar esta disparidad observada”, precisó Colangelo.
Pocos miembros del comité desafiaron las conclusiones, y la mayoría estuvo de acuerdo con los hallazgos, incluido Carroll, quien dijo que validan lo que ha estado diciendo durante años.
“Si bien los números cuentan parte de la historia, no cuentan toda la historia, y es arriesgado y peligroso sacar conclusiones y basar la política únicamente en los números”, aseguró Carroll.
El juez agregó que “cada acusado es diferente” y los tribunales, incluidos los fiscales, deben tener discreción sobre cómo manejar los casos.
Las medidas correctivas podrían incluir tratar de determinar cuántos de los infractores por primera vez tuvieron acceso a asesoría legal cuando fueron condenados, de acuerdo con Rapillo.
Colangelo sugirió que el programa de Early Intervention Screening de la división podría llevar a algunos acusados que enfrentan una condena por primera vez a servicios en lugar de procedimientos judiciales.
