HARTFORD.- Los defensores del medio ambiente y la salud de Connecticut están presionando para que la Transportation and Climate Initiative obtenga una votación en la sesión especial de la Asamblea General, que comienza esta semana.
La iniciativa es un programa de tope e inversión para los vehículos con el fin de frenar la contaminación y fomentar el uso de transporte y combustibles de energía limpia.
Requeriría que las empresas paguen a los estados cuando superen el límite, luego la mitad del dinero se invertiría en comunidades cercanas a los corredores de transporte.
Lori Brown, directora ejecutiva de la Connecticut League of Conservation Voters, es una de los muchos defensores preocupados por el proyecto de ley que paraliza esta sesión.
“El transporte representa el 38% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro Estado y nuestra región. Cualquier cosa que se pueda hacer para reducir esas emisiones es un gran paso hacia adelante. Esta es una solución y espero sea votada en la sesión especial”, señaló Brown.
La investigación de Harvard mostró que el impacto de la iniciativa en la calidad del aire también podría ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el asma en miles de niños.
La iniciativa ha recibido el rechazo de los legisladores republicanos, que la ven como un impuesto a la gasolina para los consumidores, ya que los proveedores probablemente subirían los precios después de que sus costos aumenten.
La legislación sobre el cambio climático en el Estado requiere al menos un 45% de reducción de gases de efecto invernadero para 2030.
Brown sostuvo que no aprobar la SB 884 crearía una barrera aún mayor para los objetivos climáticos del Estado.
“Ya estamos retrasados dos años, porque si lo aprueban este año, no entrará en vigencia hasta 2023, por lo que es urgente que esta ley sea aprobada ya, no pode os esperar más tiempo”, explicó Brown.
En Connecticut, la medida podría generar un estimado de mil millones de dólares entre 2023 y 2032.
El Estado, junto con Rhode Island, Massachusetts y Washington DC, se encuentra entre las primeras jurisdicciones en comprometerse a lanzar la iniciativa.
