HARTFORD.- El Juez federal Phyllis Hamilton emitió una orden mediante la cual aprueba una demanda colectiva en favor de las personas recluidas en las prisiones estatales y federales.
El magistrado aprobó una solicitud de los demandantes para una medida cautelar por la que se exige al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al
Internal Revenue Service (IRS) y al Gobierno dejar de retener fondos de estímulo de la ley federal CARES, a los demandantes o cualquier miembro de la demanda, bajo la única base de su estado de encarcelamiento.
Un informe del inspector general del Departamento del Tesoro confirmó que hacia principios de mayo de 2020, el IRS había determinado que al menos 80 mil personas encarceladas tenían derecho a recibir pagos por más de 100 millones de dólares.
Por ende, la orden del juez hará posible que se entreguen más de 100 millones de dólares a los miembros de la demanda que requieren asistencia inmediata.
El Congreso aprobó la ley CARES para proveer asistencia económica urgente durante la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19.
Las personas encarceladas, y sus familias en libertad, se encuentran entre las de mayor desventaja económica en el país, de acuerdo con los defensores.
Según un estudio, las personas que están encarceladas tenían un ingreso promedio de tan solo 19 mil 185 dólares antes de ser recluidas, en comparación con 41 mil 250 dólares de ingreso promedio para personas no encarceladas.
Las familias de bajos ingresos presentan unas probabilidades desproporcionadamente mayores de tener un familiar tras las rejas.
La misma realidad se observa en las familias afroamericanas, latinas y nativoamericanas.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro se ha rehusado a emitir los pagos de estímulo ya autorizados por el Congreso a las personas encarceladas que reúnen los requisitos para recibirlos, con lo cual se agudizan aún más las desventajas económicas que enfrentan estas personas y sus familias, señalaron los defensores.
En la demanda se alega que más de 1.4 millones de personas encarceladas se han visto afectadas por las acciones de las partes acusadas.
Muchas de estas personas dependen de la asistencia financiera de familiares y amigos que se encuentran en libertad, que de por sí ya están sufriendo debido a la actual crisis económica.
Los demandantes son Colin Scholl y Lisa Strawn. El equipo de abogados de Lieff Cabraser que los representa a ellos y a los miembros de la demanda colectiva son Kelly Dermody, Yaman Salahi y Jalle Dafa, a quienes se unieron Eva Jefferson Paterson, Mona Tawatao, Lisa Holder y Christina Alvernaz de Equal Justice Society. Kelly Dermody y Eva Paterson han sido designados como abogados adjuntos de la demanda.
Los acusados son Steven Mnuchin, secretario del Tesoro; Charles Rettig, comisionado del IRS; el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el IRS y la administración del presidente Donald Trump.
Para obtener mayor información, pueden visitar la web lieffcabraser.com/cares-act-relief.
