HARTFORD.- Una propuesta de la administración del presidente Donald Trump que cambiaría la manera en que el Gobierno determina si es probable que alguien sea una “carga pública”, podría estar disuadiendo a los inmigrantes con estatus legal y a los padres de niños ciudadanos en todo Connecticut de acceder a una gama de beneficios públicos como los cupones de alimentos o Medicaid.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ampliaría la definición de “carga pública”, que examina la probabilidad de que ciertos inmigrantes se vuelvan dependientes de la subsistencia del Gobierno. Los inmigrantes considerados bajo la política incluyen aquellos que solicitan la admisión al país o aquellos que solicitan la green card o tarjeta verde.
La regla les daría a los trabajadores de casos de inmigración la capacidad de negar más ampliamente la residencia legal en los Estados Unidos si se considera que los solicitantes pueden usar los beneficios públicos.
El período de 60 días para los comentarios del público sobre la propuesta se cerró el lunes pasado. El DHS debe tener en cuenta los comentarios del público antes de que finalice la regulación. Hasta lunes pasado, se habían recibido casi 190 mil comentarios sobre la regla propuesta, ya sea por correo o enviados en línea en la web Regulations.gov.
Los defensores de Connecticut y los abogados de inmigración afirmaron que la propuesta ya está generando confusión y temor entre los inmigrantes del Estado.
La ley federal ya requiere que los inmigrantes que buscan cambiar su estado migratorio demuestren que no serán una “carga pública”, pero la nueva propuesta del Gobierno ampliaría la lista de beneficios que se considera que incluyen la Supplemental Nutrition Assistance (SNAP), Medicaid, el Medicare Part D Low Income Subsidy y varios programas de asistencia a la vivienda.
De acuerdo con el Center on Budget and Policy Priorities, aproximadamente 432 mil personas en Connecticut, un número que incluye a todos los grupos de edad, tanto ciudadanos como no ciudadanos, viven en una familia con un no ciudadano.
Aproximadamente 186 mil de esas personas viven en una familia que incluye un no ciudadano y alguien que recibe SNAP, Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), asistencia para la vivienda, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o la Asistencia General Administrada por el Estado.
En 2016, 45 mil niños ciudadanos con padres no ciudadanos en Connecticut utilizaron la cobertura de Medicaid o CHIP, según la Kaiser Family Foundation.
Ciertos inmigrantes “humanitarios” como los refugiados, solicitantes de asilo u otorgados a asilo y personas que solicitan tarjetas de residencia bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) no están sujetos a la regla de carga pública.
