NORWALK.- Las ciudades de Connecticut, ansiosas por cambiar a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, están dando el paso simbólico de declarar el racismo como una crisis de salud pública en sus comunidades.
Los pronunciamientos están diseñados para estimular un análisis más profundo de los problemas sistémicos y finalmente impulsar el cambio de políticas.
A medida que más municipios se preparan para seguir su ejemplo, los defensores de la equidad en salud están pidiendo al gobernador Ned Lamont y a la legislatura que reconozcan el racismo como una emergencia de salud pública a nivel estatal, sentando las bases para un cambio más amplio.
“La gente está dando vueltas al tema porque, ven que nosotros hacemos que el primer paso para resolver un problema sea reconocerlo. Esta es una oportunidad para reconocer que hay un trauma físico, emocional y real en torno al racismo. Está causando problemas de salud”, declaró Tekisha Dwan Everette, directora ejecutiva de Health Equity Solutions.
El grupo de Everette, que aboga por el acceso equitativo a la atención médica, la prestación y los resultados, comenzó a comunicarse recientemente con los líderes de las ciudades y pueblos, pidiéndoles que adopten la declaración y ofreciendo orientación.
Más de 20 ciudades y al menos tres estados en todo el país han declarado que el racismo es una crisis de salud pública.
A principios de este mes, el alcalde de Boston, Marty Walsh, emitió una orden ejecutiva con la declaración y transfirió 3 millones de dólares del presupuesto de la policía al Departamento de Salud.
El ayuntamiento de Lansing, Michigan, votó a favor de la declaración esta semana, aludiendo a la historia de la Ciudad de prácticas comerciales y de vivienda discriminatorias.
En Connecticut, el gobierno local de Windsor fue el primero en actuar. La semana pasada, los miembros de la Junta respaldaron por unanimidad la medida.
Los cuerpos gobernantes en Hartford y Bloomfield siguieron el lunes por la noche, y el ayuntamiento de West Hartford votó a favor el martes pasado.
“Estas ordenanzas son una oportunidad para decir, oye, tenemos un problema y necesitamos ser intencionales para corregirlo. Esperamos que, como la mayoría de las cosas que comienzan a nivel local, este impulso haga que el Estado tome medidas”, agregó Everette.
Everette envió un correo electrónico a Lamont, a los altos funcionarios de la administración y a Deidre Gifford, comisionado interino de Salud Pública, para pedirles que consideraran la declaración.
Su organización recolectó más de 570 firmas en una petición que pedía “la toma intencional de decisiones de equidad racial por parte de nuestros funcionarios electos”.
Max Reiss, portavoz de Lamont, dijo que la capacidad del Gobernador para tomar medidas por orden ejecutiva es limitada.
“Los poderes otorgados al Gobernador cuando declara una emergencia de salud pública son temporales, y cualquier acción que tome durante ese breve período terminaría después de una determinada fecha. A corto plazo, abordar la responsabilidad policial es una de las prioridades del Gobernador para la sesión especial limitada”, precisó Reiss.
Los demócratas del Senado han compartido su lista de deseos de temas para abordar durante una sesión especial este verano, que se espera convocar en julio. Entre ellas se encuentran varias propuestas de equidad en salud, incluido el fortalecimiento de la recopilación de datos sobre raza y etnia y el apoyo a los trabajadores de salud comunitarios. Pero no está claro si adoptarán una declaración. Los legisladores dijeron que lo están considerando.
Reiss dijo que Lamont trabajará con los legisladores en propuestas de equidad en salud, pero que se necesitará más tiempo para desarrollarlas.
De acuerdo con los defensores la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades raciales de Connecticut.
Los residentes afroamericanos tienen 2 veces y media más probabilidades de morir por una infección por coronavirus que los blancos. La tasa de mortalidad de los hispanos es un 67 por ciento más alta que la de los residentes blancos.
Durante la pandemia, los residentes de vecindarios de bajos ingresos, predominantemente minoritarios, han enfrentado barreras más grandes para las pruebas y otros servicios.
Hasta mayo, dos tercios de los sitios de pruebas del Estado requerían una nota del médico, y muchas personas que viven en estas comunidades no tienen un seguro o un médico de atención primaria para derivarlos.
