BRIDGEPORT.- Los niños y adolescentes inmigrantes que han sufrido abandono, abuso o negligencia por parte de sus padres enfrentan nuevas dificultades para conseguir protección legal en Connecticut.
Un programa federal conocido como Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) fue creado precisamente para ayudar a menores y jóvenes que no pueden regresar de manera segura con sus familias o a sus países de origen.
Sin embargo, abogados especializados en inmigración advierten que los cambios en las políticas federales, las dificultades en los tribunales y el temor a una posible deportación están complicando cada vez más el acceso a este beneficio.
El programa SIJS permite que determinados inmigrantes menores de 21 años soliciten una vía hacia la residencia permanente si cumplen requisitos específicos, entre ellos demostrar que fueron víctimas de abuso, abandono o negligencia por parte de uno o ambos padres y que no es viable reunificarse con ellos.
El procedimiento comienza en los tribunales estatales, donde se evalúan las circunstancias familiares y la necesidad de establecer una tutela adecuada.
Posteriormente, el caso pasa a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), que determina si corresponde conceder el estatus especial.
Para muchos jóvenes, representa una oportunidad de escapar de situaciones traumáticas y construir un futuro más seguro.
En Connecticut, las solicitudes de este beneficio experimentaron un crecimiento considerable durante los últimos años.
Antes de 2021 se presentaban apenas unos cientos de peticiones anuales, pero la cifra aumentó hasta superar las 1,700 solicitudes en 2024 y nuevamente en 2025.
Sin embargo, durante los primeros seis meses de 2026 se registraron solamente 551 peticiones en los tribunales testamentarios, menos de la mitad de las presentadas durante el mismo período del año anterior. Abogados y organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran que el descenso está relacionado, entre otros factores, con el endurecimiento de las políticas migratorias y el miedo de las familias a que acercarse a las autoridades pueda exponerlas a procesos de detención y deportación.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por los abogados es la manera desigual en que algunos tribunales de Connecticut están evaluando estos casos.
Según profesionales que representan a los menores, en ciudades como Bridgeport y Naugatuck algunos jueces han realizado preguntas sobre el rendimiento académico, las calificaciones escolares y el dominio del inglés de los solicitantes.
Los abogados consideran que estos cuestionamientos pueden perjudicar injustamente a jóvenes que han atravesado experiencias traumáticas, violencia familiar y dificultades para adaptarse a un nuevo país. También señalan que las decisiones pueden variar considerablemente dependiendo del tribunal donde se presente la solicitud, generando desigualdades entre niños que reúnen condiciones similares.
Las dificultades tampoco terminan cuando un tribunal estatal aprueba la petición.
Los jóvenes deben continuar el proceso ante USCIS y posteriormente solicitar la residencia permanente, un trámite que actualmente puede implicar una espera aproximada de cuatro años. Durante ese período, algunos beneficiarios pueden quedar expuestos a procedimientos de deportación.
Los abogados advierten que los cambios federales eliminaron importantes protecciones que anteriormente permitían a muchos jóvenes permanecer en Estados Unidos mientras esperaban la disponibilidad de una visa de inmigrante.
Incluso se han reportado situaciones en las que personas con solicitudes SIJS aprobadas han recibido órdenes de deportación, una circunstancia que genera preocupación entre los profesionales que trabajan con esta población.
Organizaciones como Building One Community (B1C) y Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI) advierten que el miedo está llevando a algunos jóvenes que podrían reunir los requisitos para recibir protección a desistir de iniciar sus solicitudes. Para estos niños, la situación representa una decisión especialmente difícil: enfrentar un proceso legal que puede resultar emocionalmente doloroso y generar incertidumbre migratoria, o regresar a lugares donde podrían volver a sufrir violencia, abandono o abuso.
Los defensores de los inmigrantes insisten en que estos menores necesitan protección, representación legal y un sistema que tome en consideración sus circunstancias particulares.
La preocupación central es que las nuevas barreras terminen dejando desprotegidos precisamente a los niños para quienes fue creado este programa humanitario.
