Nueva York debate el futuro de los refugios municipales para solicitantes de asilo

NUEVA YORK.- El futuro de los refugios municipales destinados a solicitantes de asilo vuelve a ocupar el centro del debate en Nueva York, luego de que una decisión judicial federal colocara bajo mayor presión al último gran centro de emergencia habilitado específicamente para atender a hombres migrantes en el Bronx.
La controversia combina preocupaciones sobre la política migratoria, la protección de los residentes, los costos del sistema de albergues y los compromisos de la ciudad con las comunidades inmigrantes.
La discusión se intensificó después de que un juez federal ordenara a la administración municipal entregar a las autoridades migratorias información sobre determinados residentes del refugio del Bronx que tengan antecedentes relacionados con delitos graves.
La solicitud del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) incluye nombres y fechas de nacimiento de personas vinculadas a ocho categorías de delitos.
La Ciudad había cuestionado la petición ante los tribunales, argumentando que exigir esa información implicaría una investigación demasiado amplia y difícil de realizar.
El albergue del Bronx es el último centro oficial de respuesta humanitaria creado específicamente para alojar a solicitantes de asilo fuera del sistema regular de refugios del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar.
Según datos municipales citados por Gothamist, a finales de junio albergaba a más de 1,400 hombres migrantes. La instalación llegó a recibir hasta 2,200 personas y forma parte de una red que se expandió considerablemente durante el aumento de llegadas de migrantes registrado desde 2022.
La administración del alcalde Zohran Mamdani ya había anunciado su intención de cerrar este refugio antes de finalizar 2026 y avanzar hacia un sistema de atención más integrado a los servicios municipales habituales. De acuerdo con la Oficina del Contralor de Nueva York, la cantidad de personas alojadas en refugios para solicitantes de asilo ha disminuido considerablemente desde el máximo registrado en enero de 2024, mientras la ciudad ha reducido el número de instalaciones destinadas a esta población.
El debate plantea interrogantes sobre cómo garantizar alojamiento y servicios básicos a quienes buscan protección en Estados Unidos, sin poner en riesgo la privacidad y los derechos de los residentes.
También refleja las tensiones entre las autoridades municipales y el Gobierno federal sobre el acceso de ICE a información de inmigrantes. Mientras la ciudad evalúa los próximos pasos tras el fallo judicial, organizaciones comunitarias y defensores de los inmigrantes siguen atentos a las decisiones que podrían afectar a miles de personas que dependen del sistema de refugios de Nueva York