NUEVA YORK.- Una jueza federal rechazó la solicitud de un grupo de 15 alguaciles de Nueva York que buscaban suspender una ley estatal que limita la colaboración de las agencias policiales locales con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
La decisión fue emitida el 4 de noviembre pasado por la jueza Mae A. D’Agostino, del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Nueva York, y permite que continúe vigente la denominada Local Cops, Local Crimes Act mientras avanza el proceso judicial.
La legislación establece restricciones a la participación de las autoridades locales en determinadas actividades de control migratorio federal.
La demanda fue presentada por alguaciles de distintos condados, quienes argumentaron que la nueva legislación limita sus facultades para establecer acuerdos de cooperación con las autoridades federales.
Los funcionarios sostenían que esos convenios les permiten colaborar con ICE en la identificación de personas detenidas y verificar posibles antecedentes criminales u órdenes judiciales pendientes.
Sin embargo, la jueza consideró que los demandantes no habían demostrado tener capacidad jurídica suficiente para impugnar la legislación estatal. Por esa razón, rechazó conceder la medida cautelar que habría suspendido temporalmente su aplicación.
La ley fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul el 27 de mayo de 2026 y entró en vigor el 25 de agosto.
Entre sus disposiciones más importantes se encuentra la prohibición de que los gobiernos locales y las agencias policiales celebren acuerdos del programa federal 287(g), mediante el cual determinados agentes locales reciben autorización para desempeñar funciones de control migratorio bajo supervisión de ICE.
También restringe los convenios que permiten utilizar cárceles y centros de detención de los condados para alojar exclusivamente a personas detenidas por infracciones civiles de inmigración.
Otro aspecto importante de la legislación es que otorga a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, facultades para investigar a alguaciles y otras autoridades locales que presuntamente incumplan las restricciones estatales. Su oficina puede recibir denuncias, realizar investigaciones, emitir citaciones y emprender acciones civiles para garantizar el cumplimiento de la ley.
La fiscal general y la gobernadora Hochul también informaron el 6 de noviembre que los condados deberán terminar, antes del 25 de noviembre de 2026, los acuerdos que permitan mantener detenidas a personas exclusivamente por infracciones migratorias civiles.
La decisión judicial no significa que ICE tenga prohibido realizar operativos en Nueva York ni que las autoridades locales estén impedidas de colaborar en investigaciones criminales.
La legislación contempla excepciones para asuntos relacionados con cargos penales federales y órdenes judiciales válidas. Tampoco resuelve definitivamente si la ley es constitucional: la jueza únicamente rechazó la solicitud de suspensión temporal presentada por los alguaciles.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia mantiene una impugnación judicial independiente contra las restricciones migratorias del estado.
La resolución representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno federal y las autoridades de Nueva York por el alcance de las políticas migratorias.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes, entre ellas la New York Immigration Coalition, consideran que mantener estas restricciones ayuda a fortalecer la confianza entre las comunidades inmigrantes y los departamentos de policía, ya que muchas personas temen denunciar delitos o colaborar como testigos cuando sienten que pueden quedar expuestas a procesos migratorios.
Por su parte, los alguaciles que cuestionan la legislación sostienen que necesitan herramientas de cooperación con las autoridades federales para atender asuntos de seguridad pública. El futuro de estas restricciones dependerá de los siguientes pasos del litigio y de las decisiones que adopten los tribunales.
