HARTFORD.- Un informe federal reveló serios problemas de gestión, seguridad y atención médica en Camp East Montana, el mayor centro de detención de inmigrantes operado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los Estados Unidos.
La investigación, realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), concluyó que las fallas pusieron en riesgo la vida de los detenidos y provocaron el desperdicio de millones de dólares en fondos públicos.
El centro, ubicado en la base militar de Fort Bliss, Texas, fue inaugurado en agosto de 2025 como parte de una expansión acelerada de la capacidad de detención migratoria.
Según el informe, el contrato de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares fue otorgado a una empresa sin experiencia previa en la administración de centros de detención, lo que contribuyó a numerosos problemas operativos desde el inicio.
Los investigadores encontraron que se desperdiciaron millones de dólares en servicios contratados antes de que llegaran los primeros detenidos. Entre los gastos cuestionados figuran pagos por alimentos, personal y otros recursos que permanecieron sin utilizar durante semanas, mientras el centro aún no estaba listo para operar plenamente.
El informe también documentó graves deficiencias médicas. Funcionarios federales descubrieron que algunos inmigrantes con enfermedades crónicas, como diabetes y VIH, no contaban con planes de tratamiento adecuados.
Además, se detectaron problemas relacionados con la prevención de suicidios, la atención de emergencias y el cumplimiento de protocolos básicos de salud.
Uno de los hallazgos más preocupantes estuvo relacionado con varias muertes ocurridas dentro del centro. La auditoría señaló que en al menos un caso clasificado posteriormente como homicidio faltaban informes obligatorios sobre el uso de la fuerza y parte de la evidencia había desaparecido o fue destruida.
Los investigadores también identificaron fallas en la supervisión de otros incidentes graves registrados en la instalación.
Aunque el centro señalado en el informe se encuentra en Texas, el caso ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes de Connecticut, un estado donde residen miles de familias con estatus migratorio mixto. Organizaciones locales han advertido que las condiciones dentro de los centros de detención son un tema de interés para muchos residentes que tienen familiares o conocidos bajo custodia del ICE en distintas partes del país.
Tras la publicación del informe, legisladores y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes exigieron una investigación más profunda e incluso el cierre del centro.
Defensores de los derechos de los inmigrantes en Connecticut también han pedido una mayor supervisión federal sobre las instalaciones de detención y mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la aplicación de las leyes migratorias.
Según estas organizaciones, garantizar condiciones seguras y humanas para los detenidos es fundamental independientemente de su situación migratoria.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que el contratista original ya fue reemplazado y aseguró que se están realizando mejoras en las operaciones, la supervisión y la atención a los detenidos.
