NUEVA YORK.- Las denuncias por discriminación laboral relacionadas con el estatus migratorio de los trabajadores han registrado un importante aumento en Nueva York durante los últimos años, según datos citados por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes. Trabajadores de distintos sectores aseguran que algunos empleadores utilizan amenazas de deportación como mecanismo para evitar reclamos por salarios impagos, condiciones laborales inseguras o compensaciones por accidentes de trabajo.
De acuerdo con la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, los reportes de discriminación laboral basados en ciudadanía o estatus migratorio crecieron de 163 casos en 2023 a 371 casos en 2025, más del doble en apenas dos años.
La tendencia ha generado preocupación entre defensores de los trabajadores, quienes señalan que el clima de temor en torno a la inmigración ha llevado a algunos empleadores a aprovecharse de empleados vulnerables.
Uno de los casos citados es el de un repartidor de comida originario de México que afirmó haber trabajado jornadas de entre 12 y 14 horas diarias por salarios inferiores al mínimo establecido.
Según su testimonio, después de exigir mejores condiciones laborales y buscar asesoría legal, fue amenazado con ser denunciado ante las autoridades migratorias.
Casos similares han sido reportados por trabajadores de la construcción, restaurantes y otros sectores con una alta presencia de inmigrantes.
Abogados especializados en lesiones personales y derechos laborales aseguran haber observado un aumento en las amenazas de deportación contra empleados inmigrantes desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en 2025.
Según estos profesionales, algunos trabajadores lesionados en obras de construcción o víctimas de robo de salarios prefieren no denunciar por miedo a represalias relacionadas con su situación migratoria.
Las autoridades recuerdan que en Nueva York es ilegal discriminar a una persona por su estatus migratorio o ciudadanía. Además, una ley estatal aprobada en 2021 establece que amenazar con denunciar a un trabajador ante las autoridades migratorias como forma de intimidación o represalia puede constituir un delito menor, castigado con hasta 364 días de cárcel y multas de hasta 1,000 dólares.
En la ciudad de Nueva York, este tipo de conducta puede derivar en sanciones civiles de hasta 250,000 dólares.
Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes están instando a los trabajadores a denunciar cualquier acto de discriminación o intimidación.
Las autoridades estatales recalcan que los derechos laborales protegen a los empleados independientemente de su estatus migratorio y que las agencias encargadas de investigar denuncias laborales no exigen información sobre la situación migratoria de quienes presentan una queja.
