HARTFORD.- Un grupo de funcionarios electos de Connecticut, encabezados por el congresista federal John Larson, se reunió esta semana en Hartford para presentar iniciativas legislativas estatales y federales, destinadas a prevenir lo que describen como “intimidación por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)” en los lugares de votación de cara a las elecciones de medio término de 2026.
El foco principal de la propuesta en el Capitolio estatal es una ley que prohibiría a los agentes del ICE u otras autoridades federales de aplicación de la ley realizar operaciones o estar presentes dentro de 250 pies de un lugar de votación, sitios de conteo de boletas y otras áreas sensibles sin autorización judicial o coordinación con las autoridades electorales de Connecticut.
Las violaciones a esta medida podrían constituir un delito bajo la legislación.
Durante una conferencia en el Legislative Office Building, el representante estatal Matt Blumenthal y Larson destacaron que el objetivo es asegurar que los votantes elegibles se sientan libres de ejercer su derecho sin temor a la presencia de agentes federales que, en su percepción, podrían “intimidar o asustar” a votantes, especialmente en comunidades con inmigrantes.
Los defensores de la propuesta mencionaron declaraciones pasadas de exasesores de la administración federal, incluida la de Steve Bannon en la que sugirieron que el ICE podría rodear lugares de votación en las próximas elecciones, como uno de los motivos para impulsar este tipo de legislación en Connecticut.
La propuesta ha sido criticada por republicanos estatales como Gale Mastrofrancesco, quien la calificó de “crear miedo” sin evidencia de que el ICE realmente interfiera en las elecciones, y argumentó que esta iniciativa distrae la atención de otros asuntos de integridad electoral como fraudes en boletas por correo o abuso de votos ausentes.
Los legisladores demócratas sostienen que, aunque no hay pruebas confirmadas de operaciones del ICE en los lugares de votación, esta legislación sería una salvaguarda preventiva para garantizar que los ciudadanos puedan votar sin sentirse intimidados por la posible presencia de agentes federales de inmigración en las proximidades de los centros electorales.
