STAMFORD.- El Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa migratorio que permite a ciudadanos de países afectados por desastres o conflictos residir legalmente en los Estados Unidos y trabajar sin riesgo de deportación, enfrenta una nueva etapa de incertidumbre para miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes.
El Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos emitió recientemente una decisión que permite al gobierno avanzar con la cancelación de estas protecciones mientras se resuelven las apelaciones legales pendientes.
La administración federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha sostenido que las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal han mejorado lo suficiente desde los desastres naturales que motivaron las designaciones de TPS, como el huracán Mitch en Centroamérica y el terremoto en Nepal y, por tanto, ya no justifican la extensión continua del estatus temporal.
Por ello, el DHS anunció la terminación de las designaciones para estos países en 2025, lo que implicaría que miles de beneficiarios pierdan protección legal.
En meses recientes, esta decisión fue bloqueada por una jueza federal que consideró que la administración no siguió correctamente los procedimientos legales requeridos y que se había violado el debido proceso al terminar el TPS para más de 60,000 personas.
Esa orden de bloqueo extendió temporalmente los beneficios, incluidas las autorizaciones de trabajo, hasta que se resolvieran los argumentos en tribunales superiores.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones revirtió ese bloqueo provisional y autorizó al gobierno federal a ejecutar la cancelación del TPS mientras continúa el litigio.
La decisión del Noveno Circuito ha reavivado la incertidumbre legal y social, pues abre la puerta a que cientos de miles de beneficiarios, incluidos hondureños, nicaragüenses y nepalíes, pierdan la protección que les ha permitido vivir, trabajar y criar familias en los Estados Unidos durante años o incluso décadas.
Las comunidades afectadas y grupos de defensa de los inmigrantes han expresado su preocupación y rechazo ante esta medida, señalando que muchos de los titulares de TPS han vivido en los Estados Unidos por extensos periodos, con contribuciones económicas y familiares profundas en el país.
Organizaciones defensoras también argumentan que la terminación del estatus sin alternativas realistas puede generar rupturas de familias y daños económicos tanto a las comunidades inmigrantes como a sus entornos laborales.
Actualmente, la situación sigue en disputa en los tribunales, y la protección legal de los beneficiarios del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal permanece en un limbo judicial.
Los afectados y sus defensores esperan que instancias superiores, incluido el Tribunal Supremo, eventualmente aclaren si estos grupos seguirán bajo el paraguas de TPS o si deberán buscar otras formas de alivio migratorio o enfrentar posibles procesos de deportación.
POBLACIÓN EN CONNECTICUT
Hondureños:
Aproximadamente 11,640 personas residentes en el Estado se identifican como de origen hondureño, según estimaciones demográficas recientes del censo estadounidense. Esto representa cerca del 0.32% de la población total de Connecticut.
Nicaragüenses:
Alrededor de 3,520 personas en Connecticut se identifican como de origen nicaragüense, una proporción menor dentro del grupo hispano del Estado.
Nepalíes:
La comunidad nepalí en Connecticut es más pequeña. Se estima que hay alrededor de 1,764 residentes de origen nepalí en el estado según datos más recientes del censo estadounidense.
