HARTFORD.- La inseguridad alimentaria en Connecticut ha aumentado significativamente en los últimos años, afectando a miles de personas que no saben de dónde vendrá su próxima comida.
Según datos del informe Map the Meal Gap de Feeding America, más de 516,000 personas en el Estado, casi 1 de cada 7, enfrentan inseguridad alimentaria, lo que representa un aumento de alrededor del 10% respecto al año anterior.
Este incremento continúa una tendencia que se remonta al período posterior a la pandemia de COVID-19, cuando la inseguridad alimentaria en Connecticut se disparó cerca de 40% entre 2020 y 2023, con unas 152,600 personas adicionales lidiando con la falta de alimentos suficientes.
Los grupos especialmente afectados incluyen niños y adultos mayores.
El informe de Feeding America muestra que la inseguridad alimentaria entre los niños aumentó en aproximadamente un 35% desde 2020, mientras que entre los adultos mayores la cifra creció más de un 50% en ese mismo periodo, indicando que la falta de acceso fiable a alimentos nutritivos está tocando a múltiples generaciones.
La preocupación por estas cifras ha impulsado respuestas tanto del gobierno como de organizaciones comunitarias.
El Estado ha destinado 9 millones de dólares adicionales para combatir la inseguridad alimentaria, apoyar a agricultores locales y compensar brechas originadas por recortes federales en programas de asistencia alimentaria, una medida vista como un paso positivo por defensores de la seguridad alimentaria.
Además, legisladores de Connecticut están evaluando propuestas para expandir programas de comidas escolares universales que aseguren que todos los estudiantes reciban alimentos nutritivos sin importar su nivel de ingresos, en parte como respuesta al aumento de la necesidad y a los desafíos que enfrentan muchas familias con acceso limitado a programas como Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
Organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos en todo el Estado han reportado un incremento sustancial en la demanda de sus servicios, incluso más allá de lo que reflejan los datos oficiales de 2023, lo que sugiere que la inseguridad alimentaria podría haber continuado empeorando.
Líderes comunitarios destacan la necesidad de combinar esfuerzos públicos, privados y voluntarios para hacer frente a una crisis que afecta tanto a hogares de bajos recursos como a familias trabajadoras que aun así tienen dificultades para cubrir necesidades básicas.
