WASHINGTON DC.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos está evaluando una nueva política que podría endurecer los requisitos para que inmigrantes con estatus legal obtengan la residencia permanente (green card). Según un borrador recogido por el New York Times y reportado por KPBS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) consideraría “factores específicos por país” al analizar solicitudes de green cards, permisos humanitarios (“parole”) y asilo.
En este esquema, el hecho de proceder de ciertos países —particularmente aquellos incluidos en la prohibición de viaje emitida por Donald Trump en junio— se convertiría en un “factor negativo significativo” para las solicitudes migratorias.
Esto implica que personas que ya viven legalmente en los Estados Unidos, incluso después de haber pasado controles de seguridad estrictos, podrían ver su acceso a la residencia restringido por su origen nacional.
Entre los más afectados se encuentran inmigrantes afganos que fueron reasentados en Estados Unidos tras la caída de Afganistán en manos del Talibán en 2021. Muchos de ellos están bajo un estatus temporal o “parole” humanitario, y el nuevo enfoque podría cerrar o complicar su camino hacia la residencia permanente.
Shawn VanDiver, líder de la organización AfghanEvac con sede en San Diego, ha alertado que esta política equivale a una “prohibición de viaje” para personas que ya están dentro del país. En su opinión, USCIS podría mantener en “un limbo permanente” a quienes ya han sido admitidos legalmente, o incluso plantear procesos de deportación después de todo lo que han pasado.
VanDiver y otros defensores han llevado su preocupación directamente a legisladores en Washington, D.C. Temen que esta propuesta no solo niegue nuevas solicitudes, sino que también recorte vías existentes para regularizar el estatus de quienes ya han demostrado su legalidad.
Esta medida se suma a una serie de acciones migratorias más amplias emprendidas por la administración de Trump en su segundo mandato. Por ejemplo, uno de sus primeros decretos fue detener todo reasentamiento de refugiados, afectando a miles de personas ya evaluadas para reubicarse en los Estados Unidos.
Además, la administración Trump ha impulsado otras políticas para restringir la inmigración legal: recientemente anunció un cargo anual de 100,000 dólares para visas H-1B, una de las rutas más comunes para trabajadores altamente cualificados.
Las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes denuncian que esta propuesta podría desmantelar las vías legales para quienes ya están integrados al país, generando incertidumbre y exclusión para personas que han cumplido con los procedimientos migratorios y están legalmente presentes en Estados Unidos.
