NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, consiguió una importante victoria judicial al liderar una coalición que impugnó recortes federales propuestos a programas energéticos estatales.
Un juez del tribunal de distrito en Oregón falló que el Departamento de Energía (DOE) actuó de forma ilegal al imponer un tope a los reembolsos para costos administrativos e indirectos de los programas energéticos.
La política del DOE buscaba limitar esos reembolsos al 10% del presupuesto total de cada proyecto, lo que habría recortado fondos críticos para muchos estados y programas, al ignorar acuerdos previos sobre tasas de costos indirectos entre el gobierno federal y los estados.
Los demandantes argumentaron que esa medida vulneraba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y regulaciones federales que reconocen acuerdos negociados de costos indirectos.
El fallo del juez Mustafa Kasubhai otorgó el juicio sumario a la coalición de estados, concluyendo que la política del DOE fue arbitraria y no conforme con la ley.
En el caso de Nueva York, unos 1.6 millones de dólares de fondos para programas energéticos estatales estaban en riesgo debido a este recorte.
Según el informe de la Fiscal General, de no haberse detenido esa política, Nueva York habría tenido que asumir costos inesperados para mantener operaciones estatales vitales, como salarios del personal técnico, administración de programas de eficiencia energética, y resiliencia ante fenómenos climáticos extremos.
Varios programas de apoyo a familias para modernizar viviendas, reducir facturas energéticas o reforzar infraestructura habrían quedado comprometidos.
La demanda fue presentada por una coalición integrada por 18 estados además de Nueva York, así como el Distrito de Columbia, con el coliderazgo de los fiscales generales de Colorado, Minnesota y Oregon.
También se sumaron los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
En respuesta al fallo, James declaró que “estos programas ayudan a las familias a ahorrar en sus facturas energéticas, preparan viviendas para el clima extremo y construyen un futuro más resiliente”.
Añadió que la Corte ya ha dejado claro que el DOE no puede imponer arbitrariamente límites que socaven fondos federalmente aprobados.
El desenlace de este litigio preserva recursos federales esenciales para Nueva York y otros estados, y refuerza el principio de que los acuerdos de costos indirectos negociados no pueden ser anulados sin un proceso legal adecuado.
Según James, ahora quedará ver cómo la administración federal adapta sus políticas de subvenciones energéticas ante la revisión judicial.
