STAMFORD.- En una operación relámpago apodada Operation Broken Trust, agentes de ICE Boston, junto con el FBI, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), detuvieron a 65 inmigrantes indocumentados en Connecticut entre el 12 y el 15 de agosto. El objetivo fueron redes de crimen organizado transnacional, pandillas y otros individuos considerados “egregious offenders” (ofensores graves).
De los 65 arrestados, 29 tenían antecedentes de haber sido condenados o estar acusados en los Estados Unidos por delitos graves como secuestro, asalto, tráfico de drogas, violaciones a leyes de armas y delitos sexuales.
ICE enfatizó la peligrosidad de los detenidos, calificándolos como delincuentes que habían victimizado a comunidades vulnerables, considerados como “violadores, traficantes de drogas, depredadores sexuales infantiles o miembros de pandillas criminales violentas”.
Las detenciones, según el ICE, también incluyeron a individuos con órdenes de arresto internacionales, incluyendo notificaciones de Interpol, quienes se resistieron a cooperar con los mandatos de inmigración estatales bajo la Trust Act de Connecticut.
La operación generó fuerte reacción pública. En Danbury, activistas denunciaron tácticas intimidatorias por parte de agentes encapuchados que, además de efectuar arrestos en la entrada del juzgado, habrían amenazado con gas pimienta y pistolas eléctricas a quienes exigían identificación o una orden judicial.
El senador federal Richard Blumenthal anunció que iniciará una investigación sobre la actuación del ICE, calificando lo ocurrido como “una emboscada” y destacando que se violentó la confianza pública al intervenir sin transparencia en espacios públicos como los juzgados.
La operación ocurre en un momento de tensión sobre la política de inmigración estatal.
Connecticut, mediante la Trust Act, limita la cooperación de las autoridades locales con el ICE, generando fricciones entre la política estatal y las acciones federales
En respuesta al operativo y la creciente presencia del ICE, diversas comunidades exigieron reformas: entre ellas, prohibir arrestos sin orden judicial dentro de juzgados, exigir que los agentes muestren identificación y promover una protección más robusta para familias inmigrantes.
