NORWALK.- De acuerdo con un informe, de más de medio millón de beneficiarios de cupones para alimentos en el Estado, casi 3 mil 800 viven en ciudades donde no hay minoristas que acepten esta forma de pago.
Los cupones de alimentos, administrados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) han brindado asistencia financiera durante mucho tiempo a familias e individuos de bajos ingresos.
Según los ingresos y el tamaño de la familia, los residentes obtienen una cantidad fija mensual para comprar alimentos nutritivos en las tiendas aprobadas.
La mayoría de los pueblos que no tienen minoristas de cupones para alimentos se encuentran en zonas rurales del Estado, lo que se suma a la larga lista de desafíos para las personas que viven en estas comunidades.
Para remediar el problema, la legislatura considerará el proyecto de ley HB-6854 de la Cámara de Representantes, que crearía la Office of the Food Access Advocate.
Esta oficina apoyaría los programas de inseguridad alimentaria y los esfuerzos dirigidos por la comunidad, proporcionaría una línea directa informativa y administraría los datos de inseguridad alimentaria, entre otras cosas.
También proporcionaría exenciones fiscales para la apertura de ciertas tiendas de comestibles en áreas desatendidas.
Este proyecto de ley no solo tiene como objetivo solucionar los problemas que enfrentan los beneficiarios de cupones para alimentos. Su objetivo es ayudar a las comunidades en “desiertos alimentarios”.
Los “desiertos alimentarios” son áreas censales en las que al menos 100 hogares están ubicados a más de media milla del supermercado más cercano y no tienen acceso para vehículos; o al menos 500 personas, o el 33% de la población, vive a más de 20 millas del supermercado más cercano, independientemente de la disponibilidad de vehículos, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Un análisis de datos federales realizado por CTInsider encontró que el 8% de las zonas censales del Estado podrían considerarse un “desierto alimentario”.
El papel de los mercados comunitarios
Durante años, la ausencia de incentivos o de una oficina estatal dedicada a la inseguridad alimentaria dejó que los mercados comunitarios llenaran el vacío.
Connecticut Foodshare, una organización sin fines de lucro estatal que apoya a varios socios locales con asistencia financiera y recursos, ha estado a la vanguardia de la reducción de la inseguridad alimentaria en el Estado. Tienen asociaciones con más de 500 organizaciones, incluida una cerca de donde vive Allegra-Babcock.
Esa organización se llama Thompson Ecumenical Empowerment Group (TEEG), una organización sin fines de lucro que brinda apoyo comunitario y recursos como bancos de pañales, cupones para ropa y becas.
Uno de sus servicios incluye varios mercados comunitarios impulsados por donaciones locales.
Abierto todos los días de la semana en al menos una de sus ubicaciones en Pomfret, Woodstock y Thompson, TEEG brinda opciones de alimentos y bebidas a los residentes necesitados sin costo alguno, independientemente de si tienen cupones de alimentos. TEEG dice que, en promedio, atienden entre 250 y 300 familias al mes entre las tres ubicaciones.
“El costo de la comida subió significativamente. Es por eso que nos esforzamos mucho para que la gente venga y tenga muchos de esos productos que son bastante más caros (carne congelada, huevos, lácteos, vegetales congelados) para que podamos complementar ese aspecto de SNAP”, comentó Chelsea French, gerente de programas comunitarios en TEEG.
Un desafío que enfrentan más de 53 mil hogares en el Estado que reciben cupones de alimentos es que no tienen acceso a un vehículo, según estimaciones del Censo de los Estados Unidos.
Para las zonas rurales del estado, donde los hogares y los comercios minoristas están más distribuidos que en las zonas urbanas, no tener un automóvil puede dificultar el acceso a los alimentos y otros servicios esenciales.
El servicio de autobús actual en el área, Northeastern Connecticut Transit District, no es tan confiable y consistente como otros servicios de autobús en todo el Estado, de acuerdo con los residentes.
Tiene paradas fijas y los residentes pueden solicitar recogidas desviadas con anticipación, pero las llegadas del servicio de transporte suelen estar espaciadas por más de una hora.
