BRIDGEPORT.- A pesar de cinco años de notificación anticipada de que las ciudades de Connecticut tendrían que presentar planes de viviendas asequibles antes del 1º de junio, menos de la mitad de ellas cumplieron con la fecha límite.
La fecha límite, establecida por una ley de 2017 que requiere dichos planes cada cinco años, marcó una fecha importante para los defensores de viviendas asequibles en Connecticut.
Hasta el jueves pasado, solo el 46% de las ciudades del Estado habían presentado planes a la Oficina de Política y Gestión. El 19 por ciento de las ciudades “notificaron proactivamente” a la oficina que no cumplirían con la fecha límite y proporcionaron una fecha anticipada.
La Oficina de Política y Gestión del Estado planea “determinar los próximos pasos apropiados para recordar a los municipios morosos de su responsabilidad”, expresó el portavoz Chris Collibee.
Pero tampoco pareció haber mucho apetito por la reforma de zonificación durante la reciente sesión legislativa: ni un solo proyecto de ley destinado a resolver los problemas llegó al escritorio del gobernador Ned Lamont, y los defensores ahora están planeando sus próximos pasos.
Gran parte de la oposición a los proyectos de ley de reforma de zonificación se centró en los argumentos de que la reforma estatal diluiría el control local.
Los opositores argumentaron que las ciudades ya estaban trabajando en sus propios planes y que los legisladores deberían esperar para ver los resultados antes de aprobar leyes para ordenar la reforma.
Así que la sesión legislativa cerró sin una reforma importante de zonificación en un estado que carece de decenas de miles de unidades de vivienda que se necesitan para satisfacer la demanda de sus residentes de ingresos más bajos.
Defensores, legisladores y analistas dijeron que los proyectos de ley de reforma de zonificación fracasaron en esta sesión en parte debido a la brevedad de la sesión, la oposición basada en argumentos de control local y la falta de comprensión de lo que significaría la reforma de zonificación para Connecticut.
Mientras los legisladores y defensores planean otro impulso para la reforma del uso de la tierra, la educación que intenta abordar los conceptos erróneos sobre los proyectos de ley propuestos, las leyes existentes y los tipos de desarrollos de vivienda será un enfoque mientras se preparan para la próxima sesión legislativa.
Los legisladores dijeron que están de acuerdo en que el estado necesita viviendas más asequibles.
Los proyectos de ley
Los proyectos de ley, la HB 5429 y HB 5204, buscaban abordar lo que los expertos han dicho durante mucho tiempo que son leyes de zonificación locales restrictivas.
Estas leyes dificultan que los desarrolladores construyan viviendas multifamiliares, particularmente en muchas de las ciudades suburbanas de Connecticut.
DesegregateCT, un grupo que impulsó el desarrollo orientado al tránsito, es un programa de la Asociación del Plan Regional. El desarrollo orientado al tránsito es un concepto de uso del suelo que fomenta el desarrollo cerca de las estaciones de transporte público.
Durante la sesión legislativa, los legisladores consideraron un proyecto de ley que habría requerido que las ciudades permitieran viviendas más densas, al menos 15 unidades por acre, dentro de una media milla de una estación de tránsito rápido de pasajeros, estación de trenes o autobuses.
Ciertos tipos de terrenos, como humedales y pendientes pronunciadas, habrían estado exentos.
El proyecto de ley murió en el comité
La otra pieza importante de la legislación de reforma de zonificación en la última sesión habría requerido que la Oficina de Política y Administración del Estado evaluara la necesidad de viviendas asequibles a nivel regional en Connecticut. Luego, las ciudades compartirían la responsabilidad de planificar y zonificar para esa necesidad.
La participación de una ciudad habría estado determinada por su riqueza, el ingreso medio en comparación con las ciudades cercanas, el porcentaje de viviendas multifamiliares y la tasa de pobreza.
Ese proyecto de ley fue votado fuera del comité, pero no obtuvo una votación en los pisos de la Cámara o el Senado.
Al argumentar en contra de ambos proyectos de ley, los opositores dijeron que las reformas habrían obstaculizado el control local e impuesto soluciones únicas para todos en los municipios.
