HARTFORD.- Un proyecto de ley que habría mejorado la financiación estatal para todo tipo de escuelas primarias y secundarias públicas se atascó esta primavera, en medio de los temores de que obligaría a la educación primaria y los programas de desarrollo de la primera infancia a competir por los mismos dólares.
Pero los líderes del Comité de Educación y Asignaciones de la Asamblea General dijeron que la medida se reconsiderará en 2023, ya que es crucial para corregir las desigualdades de financiamiento que enfrentan las escuelas magnet, charter y agrícolas vocacionales.
“Hubo una gran cantidad de elementos importantes y costosos que tuvieron que negociarse” en la sesión ordinaria de 2022 que se levantó el 4 de mayo. Creo que hay mucho interés en abordar esto nuevamente”, manifestó el senador Doug McCrory, demócrata por Hartford, copresidente del panel de educación.
En cuestión estaba un proyecto de ley que aceleraría un plan de 10 años elaborado en 2017 para reforzar el programa de educación en los costos compartidos, la principal subvención operativa del Estado para los distritos escolares locales. También redistribuyó la ayuda gradualmente, transfiriendo recursos de las comunidades más ricas a las más pobres.
Pero si bien ese esfuerzo de 2017 se centró más en la ayuda para las escuelas tradicionales, este proyecto de ley según algunos defensores de la educación, estaba arreglando un descuido, actualizando las fórmulas para todo tipo de escuelas públicas y muchas escuelas magnet y chárter, que atienden a estudiantes en algunas de las comunidades más pobres del Estado.
Una versión original de este proyecto de ley habría aumentado la financiación de la educación en 237 millones de dólares a partir del año fiscal 2024-25.
Una enmienda habría aumentado el aumento a 277 millones de dólares.
El proyecto de ley murió en el calendario de la Cámara porque no estaba claro si alguno tenía apoyo para aprobarse en el Senado, se dio a conocer.
McCrory señaló que el nuevo presupuesto estatal de 24 mil 200 millones de dólares adoptado para el año fiscal que comienza el 1º de julio invierte más de 100 millones de dólares en una industria de cuidado infantil y desarrollo de la primera infancia que ha sido diezmada por la pandemia.
Y aunque muchos en la legislatura controlada por los demócratas dijeron que el Estado podía permitirse esta inversión y más en la legislación tradicional, dado el superávit sin precedentes de 4 mil 800 millones que el Estado acumuló este año fiscal, el gobernador Ned Lamont instó a la cautela.
Connecticut depende de alrededor de 3 mil millones de dólares en ayuda federal de emergencia por la pandemia para ayudar a apuntalar sus finanzas durante el año fiscal 2024-2025 y debe estar listo para funcionar sin él después de eso, agregó McCrory.
El Comité de Finanzas, Ingresos y Bonos de la legislatura había recomendado descartar uno de los dos programas diseñados para ayudar a producir grandes superávit presupuestarios para que los fondos pudieran reutilizarse para apoyar el cuidado infantil en unos años cuando la ayuda federal se haya agotado.
Pero Lamont se opuso a esa medida, argumentando que sería mejor que el Estado esperara por ahora y reevaluara sus finanzas cuando comience la sesión legislativa regular de 2023 en enero.
