STAMFORD.- La llamada Trust Act de Connecticut, aprobada originalmente en 2013 y fortalecida en 2019 y 2025, se ha convertido en una de las leyes de inmigración estatal más influyentes del país.
Su objetivo principal es limitar la colaboración de las autoridades estatales y locales con las acciones federales de inmigración, salvo en casos relacionados con delitos graves o cuando exista una orden judicial. Defensores de la medida sostienen que la ley ha contribuido a fortalecer la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.
Uno de los beneficios más destacados ha sido el aumento de la disposición de los inmigrantes a denunciar delitos y colaborar con investigaciones policiales.
Legisladores y expertos en justicia criminal han señalado que, al reducir el temor a ser entregados a las autoridades migratorias por infracciones menores o simples contactos con la policía, más víctimas y testigos se sienten seguros al acudir a las autoridades cuando necesitan ayuda.
La ley también ha permitido que los departamentos policiales concentren sus recursos en la seguridad pública local en lugar de asumir funciones de control migratorio federal.
De acuerdo con el espíritu de la legislación, la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración corresponde al gobierno federal, mientras que las agencias estatales y municipales deben enfocarse en combatir la delincuencia y proteger a las comunidades donde operan.
En el ámbito económico, Connecticut ha visto cómo su población inmigrante continúa desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del estado.
Datos publicados en 2025 muestran que los inmigrantes representan aproximadamente el 15% de la población estatal, pero ocupan cerca del 20% de los empleos. Además, son responsables del 26% de los emprendimientos y negocios del Estado, contribuyendo significativamente a sectores como la construcción, la agricultura, la salud y la educación.
Las cifras económicas también reflejan la importancia de esta población para las finanzas públicas.
Un informe reciente estimó que los inmigrantes generan alrededor de 9,100 millones de dólares anuales en impuestos federales, estatales y locales.
Incluso los inmigrantes indocumentados aportan más de 1,000 millones de dólares al año en contribuciones fiscales, mientras que miles de empresas creadas por inmigrantes continúan impulsando la economía estatal.
Otro efecto señalado por defensores de la Trust Act ha sido la protección de familias con estatus migratorios mixtos. Se estima que unas 333,000 personas en Connecticut son inmigrantes indocumentados o viven con un familiar indocumentado, incluyendo aproximadamente 56,000 niños ciudadanos estadounidenses que tienen al menos un padre sin estatus legal permanente.
Organizaciones comunitarias sostienen que la ley ha ayudado a reducir el miedo de muchas familias a interactuar con escuelas, hospitales y organismos públicos.
Durante 2025 y 2026, la Asamblea General de Connecticut aprobó nuevas modificaciones para reforzar la legislación. Entre ellas se encuentran mecanismos para exigir responsabilidades a municipios que incumplan la ley y mayores restricciones al intercambio de información con autoridades migratorias federales.
Los promotores de estas medidas afirman que fortalecen la transparencia y la confianza comunitaria, mientras que los críticos sostienen que podrían dificultar la cooperación con el gobierno federal.
En la actualidad, el debate sobre la Trust Act continúa siendo uno de los temas políticos más importantes en Connecticut. Sin embargo, tanto los datos económicos como los argumentos de sus defensores muestran que la ley ha contribuido a mantener la participación de los inmigrantes en la economía, fortalecer la relación entre comunidades y autoridades locales y consolidar a Connecticut como uno de los estados con mayores protecciones para la población inmigrante del país.
