NEW HAVEN.- El aumento del hambre en Connecticut vuelve a encender el debate político sobre el papel del gobierno estatal frente a los recortes y cambios en el programa federal Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), mientras miles de familias enfrentan mayores dificultades para comprar alimentos debido al alza en los precios de los supermercados.
Según reportes recientes, la inflación en alimentos ha alcanzado niveles que no se veían en varios años, agravando la inseguridad alimentaria en el Estado.
El problema se ha intensificado porque decenas de miles de residentes han salido del programa de asistencia alimentaria SNAP tras cambios en las reglas federales.
Estas modificaciones incluyen requisitos de trabajo más estrictos y la eliminación de exenciones para ciertos grupos vulnerables, lo que ha reducido significativamente el número de beneficiarios en Connecticut.
De acuerdo con datos del Departamento de Servicios Sociales, la caída en la inscripción ha sido notable, con decenas de miles de personas perdiendo el acceso a beneficios en pocos meses.
Esto ha generado preocupación entre legisladores demócratas, quienes advierten que el impacto en las familias de bajos ingresos es inmediato y profundo, especialmente en comunidades urbanas y rurales con mayor pobreza.
En respuesta, varios líderes legislativos han propuesto que el estado utilice parte de sus importantes superávits presupuestarios para reemplazar total o parcialmente los beneficios perdidos.
Sin embargo, el gobernador Ned Lamont ha mantenido una postura cautelosa, señalando que su administración está evaluando opciones antes de comprometer fondos estatales de forma permanente.
Organizaciones contra el hambre y bancos de alimentos advierten que la ayuda estatal existente no es suficiente para cubrir la demanda creciente. Señalan que, aunque el gobierno ha enviado fondos de emergencia a despensas y organizaciones comunitarias, estos recursos solo cubren una fracción de las necesidades reales de la población afectada.
Mientras continúa el debate político, expertos y activistas coinciden en que la crisis alimentaria en Connecticut requiere soluciones rápidas y sostenidas.
Proponen medidas temporales como tarjetas de asistencia alimentaria o vales para supermercados, mientras se decide una estrategia a largo plazo que garantice que las familias más vulnerables no queden desprotegidas.
