NORWALK.- En las últimas semanas, la inmigración en Connecticut ha sido un tema central de debate público debido al aumento de la actividad de las autoridades federales y al impacto que esto tiene en comunidades con alta presencia de personas nacidas en el extranjero.
En ciudades como New Haven, Bridgeport, Stamford, Norwalk y Hartford, se observa una creciente preocupación de familias que evitan enviar a sus hijos a la escuela por miedo a operativos del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Esta situación se inscribe en un contexto donde operaciones federales han reforzado la presencia de agentes de inmigración en todo el Estado.
El año pasado, el ICE llevó a cabo una operación de varios días en Connecticut que resultó en la detención de decenas de inmigrantes, una medida que autoridades federales calificaron como parte de su esfuerzo por retirar de las calles a personas con antecedentes criminales.
Más recientemente, la atención mediática se centró en la liberación de un adolescente de 16 años que había sido detenido por el ICE junto con su padre, lo que encendió debates sobre el trato de menores en procedimientos migratorios y la sensibilidad de la aplicación de la ley en casos familiares.
En Hartford, la administración local está moviéndose para terminar un contrato de largo plazo que facilitaba espacios de estacionamiento al ICE cerca de instalaciones judiciales federales.
El alcalde Arunan Arulampalam citó preocupaciones de seguridad y la percepción pública sobre la presencia de agentes federales en la ciudad, la cual es declarada “ciudad santuario” desde 2008.
Aunque la mayoría de la atención local se ha enfocado en las acciones de inmigración, también hay efectos secundarios legislativos a nivel nacional que afectan indirectamente a Connecticut.
Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó recientemente a bibliotecas sin fines de lucro, incluidas en Connecticut, dejar de procesar solicitudes de pasaportes, algo que podría complicar el acceso a documentación vital para inmigrantes y sus familias.
El aumento de la presencia de agentes federales y las detenciones vinculadas a inmigración también han provocado reacciones entre líderes estatales.
En la sesión legislativa de 2025, líderes y organizaciones defensoras de derechos civiles pidieron el fortalecimiento del Trust Act, una ley estatal que limita la cooperación con el ICE y busca proteger a los inmigrantes de detenciones arbitrarias.
Además, autoridades locales como el alcalde de New Haven anunciaron que su ciudad se unió a otras en oposición a cambios propuestos por la administración federal que podrían rescindir la norma de public charge (carga publica), la cual pesa el uso de beneficios públicos en decisiones migratorias.
Este tipo de políticas, de aprobarse, podría dificultar la permanencia de inmigrantes legales que dependen de servicios como Medicaid, asistencia alimentaria o subsidios de vivienda.
El ámbito judicial también ha tenido relevancia. A mediados de 2025, Connecticut implementó reglas que prohíben arrestos sin orden judicial y el uso de máscaras por parte de agentes del ICE en los juzgados del Estado, un intento por proteger el acceso a la justicia para inmigrantes y evitar detenciones inesperadas durante trámites civiles o familiares.
Aunado a las operaciones de aplicación de la ley, algunos inmigrantes han enfrentado cargos criminales relacionados con su estatus migratorio.
Por ejemplo, se reportó recientemente en Hartford que un hombre de origen jamaicano fue sentenciado por reingreso ilegal al país después de haber sido deportado previamente, lo que subraya la complejidad de la intersección entre criminalidad y migración.
En general, la situación en Connecticut refleja una tensión creciente entre políticas federales de inmigración más estrictas y los esfuerzos locales por proteger a las comunidades inmigrantes, incluyendo medidas legislativas, decisiones judiciales y fuertes respuestas de organizaciones civiles.
A medida que continúan los operativos y los cambios normativos, residentes y líderes comunitarios se mantienen atentos a cómo evolucionarán estas dinámicas en el 2026.
