WASHINGTON DC.- Un memorando interno de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha revelado que la agencia ha empezado a permitir que sus agentes entren en hogares sin una orden judicial tradicional, utilizando en su lugar órdenes administrativas para hacer arrestos, según documentos obtenidos por medios nacionales y denunciantes anónimos.
El documento, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, establece que los oficiales pueden basarse en formularios internos, como la orden administrativa I‑205, para ingresar a residencias de personas con una orden final de expulsión sin necesidad de una orden del juez.
Tradicionalmente, la ley estadounidense exige que las fuerzas del orden obtengan órdenes judiciales firmadas por un juez independiente antes de ingresar en un domicilio sin consentimiento, para proteger los derechos establecidos en la Cuarta Enmienda de la Constitución.
El memorando indica que los agentes deben tocar primero la puerta, identificarse y explicar el motivo de su presencia. Si los ocupantes se niegan a permitir la entrada, los documentos autorizan a los agentes a usar “la cantidad de fuerza necesaria y razonable” para entrar a la residencia.
Además, el texto establece que este tipo de ingreso debe realizarse entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., una limitación temporal diseñada para, según el memo, dar “una oportunidad razonable” a los residentes de actuar legalmente antes de una entrada forzada.
La directiva ha sido difundida solo de forma limitada dentro de ICE: se ha mostrado a “ciertos funcionarios seleccionados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)” y a algunos empleados a quienes se les pidió que la leyeran y devolvieran, según la organización Whistleblower Aid, que representó a los denunciantes.
Expertos legales y defensores de derechos civiles han advertido que esta práctica podría contradecir las protecciones constitucionales contra registros y allanamientos sin orden judicial, señalando que las órdenes administrativas no equivalen a órdenes emitidas por jueces.
La portavoz del DHS ha defendido la medida argumentando que las personas contra quienes se realizan estas acciones ya han pasado por un proceso legal completo y cuentan con una orden final de deportación, aunque no respondió a preguntas específicas sobre la frecuencia con la que este procedimiento se ha puesto en práctica desde que fue emitido el memorando.
El hallazgo del memorando ha generado críticas de legisladores, incluidos senadores demócratas que han exigido explicaciones y mayor transparencia, al afirmar que la política va más allá de lo que la Constitución permite y socava la confianza de las comunidades afectadas.
Organizaciones de derechos de inmigrantes y defensa legal han señalado que esta directriz podría alentar un incremento de entradas forzadas en viviendas, incluso en casos sin emergencia evidente, lo que podría llevar a impugnaciones legales y debates sobre la constitucionalidad de las prácticas actuales de ICE.
