NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, obtuvo una importante victoria legal esta semana cuando un juez federal concedió una orden que bloquea temporalmente los esfuerzos de la administración Trump de imponer multas millonarias a los estados, por la forma en que administran el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
Esta decisión protege la operatividad del programa en Nueva York mientras continúa el litigio, asegurando que los beneficios sigan llegando a las familias que dependen de ellos.
La batalla legal comenzó cuando la administración federal intentó penalizar a los estados alegando que no cumplieron con un “periodo de gracia” para implementar una nueva guía sobre el SNAP que fue emitida tardíamente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Aunque esa guía, publicada el 10 de diciembre, confirmó que los residentes permanentes legales, incluidos ex refugiados y asilados, siguen siendo elegibles para recibir beneficios, los fiscales generales señalaron que las amenazas de multas eran injustas y perjudiciales.
El problema central radicaba en que los estados ya habían tomado decisiones presupuestarias y logísticas basadas en las directrices previas del USDA, por lo que implementar cambios tan repentinamente habría generado cargas financieras difíciles de soportar, particularmente en pleno periodo navideño.
La coalición liderada por James argumentó que estas acciones podrían desestabilizar programas críticos y afectar a cientos de miles de familias vulnerables.
El fallo del tribunal federal, proferido por el Tribunal de Distrito de Oregon, prohíbe la aplicación de estas sanciones mientras el caso continúa su curso, otorgando un respiro a los estados que, de lo contrario, habrían enfrentado multas significativas por la administración del SNAP.
Esta orden temporal permite que el programa continúe sin interrupciones, especialmente crucial durante meses fríos del invierno, cuando muchas personas dependen del apoyo alimentario.
La acción legal emprendida por James no fue un esfuerzo solitario: una coalición de 21 fiscales generales de distintos estados se unió para desafiar las acciones del gobierno federal, buscando proteger tanto la elegibilidad de los beneficiarios como la estabilidad del programa en sus jurisdicciones.
Muchos estados han expresado que los cambios repentinos en las reglas de elegibilidad y administración habrían tenido efectos dañinos para sus poblaciones más necesitadas.
En un escrito tras la decisión del tribunal, James destacó que las personas más vulnerables dependen del SNAP para alimentarse, y que garantizar la continuidad de estos beneficios es esencial en un momento de desafíos económicos y sociales.
La victoria temporal en los tribunales representa una defensa significativa contra lo que ella y otros líderes estatales consideran un intento de restringir indebidamente el acceso a asistencia alimentaria básica.
