STAMFORD.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció una de las reformas migratorias más profundas en más de una década.
Según un informe de la agencia, los cambios buscan reforzar la “integridad” del sistema migratorio. Estas modificaciones impactan directamente a muchas familias inmigrantes en el estado de Connecticut, especialmente aquellas que dependen de estatus temporales como el Estatus de Protección Temporal (TPS), programas de “parole” humanitario, permisos de trabajo o que tienen casos migratorios pendientes.
Uno de los cambios más drásticos es la eliminación de los programas generalizados de “parole humanitario” que anteriormente permitían a ciudadanos de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entrar y trabajar en los Estados Unidos, mientras buscaban una solución migratoria permanente.
Ahora, el “parole” regresará a un estándar mucho más estricto como el “caso por caso”, lo que, históricamente, ha dado como resultado muchas menos aprobaciones. Para numerosas familias, esto podría significar una barrera casi insuperable a la reunificación o la posibilidad de salir de situaciones peligrosas en sus países de origen.
Otro cambio que genera gran preocupación es la eliminación de la extensión automática de 180 días para quienes renuevan su permiso de trabajo (EAD).
Antes, si alguien presentaba a tiempo su solicitud de renovación, automáticamente mantenía su autorización para trabajar mientras esperaba la decisión.
Con las nuevas reglas, los trabajadores deben esperar a la aprobación completa para poder seguir trabajando. Esto crea un riesgo real de interrupción de ingresos, algo especialmente grave para las familias de Connecticut que dependen de un solo sueldo.
Los empleadores ahora podrían retirar trabajadores de sus horarios tan pronto expire su permiso, incluso si la renovación ya fue solicitada correctamente.
Además, la agencia ha incrementado significativamente las referencias al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Entre enero y noviembre de 2025, más de 13,000 personas fueron referidas al ICE. Cerca de 2,000 fueron arrestadas en o poco después de presentarse a sus citas con el USCIS, ya sea para entrevistas o citas biométricas (huellas).
Muchas de esas personas tenían órdenes de deportación antiguas, casos penales pendientes o supuestas irregularidades en sus expedientes, algunas de ellas desconocían que esos antecedentes aún figuraban en los registros gubernamentales.
Por eso, organizaciones comunitarias en Connecticut han lanzado alertas: solicitan que cualquier persona con historia migratoria, incluso con problemas menores o de hace años, busque asesoría legal confiable antes de presentarse a sus citas con el USCIS.
La sensación general es de incertidumbre: lo que antes era un trámite relativamente rutinario, ahora puede derivar en deportaciones inesperadas o pérdida de permisos de trabajo, señalaron los defensores.
Aunque las reformas del USCIS han sido presentadas como un esfuerzo por mejorar la seguridad y legitimidad del sistema migratorio, muchas familias inmigrantes en Connecticut las viven como un duro golpe, ya que, según las organizaciones pro inmigrantes, hay menos protecciones, más riesgo, y una gran dosis de incertidumbre.
El impacto ya comienza a sentirse, especialmente en comunidades vulnerables y de bajos ingresos, finalizaron los defensores.
