BRIDGEPORT.- Un reciente llamado de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut exige que se suspenda el uso de lectores automáticos de placas, conocidos como ALPR (automatic license plate readers), en todo el Estado, por temor a graves violaciones de privacidad y posibles usos indebidos de los datos de localización.
La organización informó que presentó 94 solicitudes de acceso a información pública a diversos departamentos de policía municipales y estatales, con el fin de conocer en detalle cómo se están utilizando estos sistemas, qué datos se recogen, por cuánto tiempo se guardan y con qué fines podrían compartirse o venderse.
Según la ACLU-CT, la preocupación no es solo teórica: estos datos, de dónde viaja una persona o a qué lugares acude, podrían compartirse con agencias de otros estados o federales, incluso con entidades relacionadas a control migratorio o fiscalización de servicios de salud reproductiva o de identidad de género. Eso representa un riesgo real para los inmigrantes, personas LGBTQ+ y cualquiera que busque atenciones médicas protegidas por ley.
Desde los departamentos de policía que defienden el uso de ALPR sostienen que esta tecnología ha sido útil para resolver delitos, recuperar vehículos robados e incluso localizar personas desaparecidas.
Pero, según la ACLU-CT, esos beneficios no justifican el almacenamiento masivo e indefinido de datos de ubicación de miles de conductores inocentes, sobre todo en ausencia de leyes claras que regulen su uso.
Por ello, la ACLU pidió una “moratoria inmediata”: que se apaguen todos los lectores hasta que la legislatura estatal apruebe normas que garanticen límites estrictos, quién puede acceder a los datos, cuánto tiempo se almacenan, para qué fines, y prohibiciones de compartirlos o venderlos, protegiendo así la privacidad y las libertades civiles.
Finalmente, los defensores de la privacidad advirtieron que, sin esas protecciones, el simple hecho de conducir, ir al trabajo, a una cita médica o a una manifestación, podría terminar convirtiéndose en un registro permanente en bases de datos accesibles a agencias policiales, migratorias o de vigilancia, lo que debilitaría derechos fundamentales como la libertad de movimiento y el anonimato en lo cotidiano.
