HARTFORD.- Connecticut ha gastado más de 100 millones de dólares de fondos estatales en los últimos dos años para brindar atención médica a inmigrantes sin estatus legal, especialmente niños y mujeres embarazadas o en periodo posparto, mediante el programa estatal de Medicaid conocido como HUSKY B.
Este gasto responde a una expansión gradual que comenzó en 2022, cuando el Estado aprobó cobertura prenatal para mujeres independientemente de su estatus migratorio, y luego extendió cobertura posparto y atención para niños no ciudadanos.
En enero de 2023 se activó la cobertura para niños hasta los 8 años, y con reformas posteriores la edad límite para inclusión infantil ha ido subiendo (hasta 15 años a partir de julio de 2024).
Actualmente, cerca de 15,000 niños no ciudadanos y 3,000 mujeres posparto reciben cobertura médica bajo este esquema estatal.
La participación superó ampliamente las previsiones iniciales: se esperaba que al ampliar la edad a 15 años se inscribieran 7,000 niños, pero finalmente lo hicieron más del doble.
Ese crecimiento inesperado en la demanda de servicios contribuyó a un déficit de 284 millones de dólares en el programa estatal de Medicaid durante el último año fiscal, de los cuales aproximadamente 32 millones fueron atribuidos directamente al cuidado médico de inmigrantes sin estatus legal.
De ese monto, unos 28.5 millones se destinaron a atención de emergencias, lo cual es obligatorio bajo la ley federal para hospitales que aceptan Medicare, sin importar la condición migratoria del paciente.
Dentro del debate legislativo estatal, algunos oficialistas han defendido que estas inversiones son una medida de justicia social y protección de salud pública, mientras que críticos advierten que la política podría “quebrar financieramente” al sistema hospitalario, dado que la compensación para hospitales permanece por debajo del costo real de los servicios.
El gobernador Ned Lamont reiteró su compromiso con el programa y ha señalado que permitiría que los hospitales absorban costos si fuese necesario antes que dejar personas sin atención.
A nivel nacional, la cuestión se ha politizado con fuerza: líderes republicanos en Washington han acusado a demócratas de provocar el cierre parcial del gobierno (shutdown) por insistir en financiar atención médica gratuita para inmigrantes sin estatus legal, algo que los demócratas rechazan categóricamente.
En Connecticut, algunos miembros legislativos demócratas han propuesto ampliar aún más la cobertura estatal para los inmigrantes, pero reconocen que la tensión fiscal y el panorama federal dificultan que esos planes avancen con facilidad.
Un estudio de RAND, citado en el debate, sugiere que una expansión completa de cobertura estatal para inmigrantes podría ascender a 252 millones de dólares anuales adicionales, dependiendo del escenario de población cubierta.
Con las proyecciones presupuestarias ya mostrando déficits crecientes, el estado enfrenta el desafío de equilibrar la voluntad política de proteger el acceso a la salud con la necesidad de sostenibilidad fiscal.
