WASHINGTON DC.- A partir del 1 de octubre de 2025 a las 00:01 h (hora del Este), el gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre (shutdown) tras el fracaso del Congreso en aprobar una extensión de los fondos para operar en el nuevo año fiscal. Este cierre ocurre en un contexto de intensa polarización política en torno al presupuesto, la sanidad y subsidios que expiraban.
Los intentos bipartidistas de aprobar una resolución temporal de financiamiento resultaron fallidos. Un proyecto respaldado por republicanos para extender los fondos hasta el 21 de noviembre fue rechazado con un resultado de 55-45.
Por su parte, una propuesta demócrata que incluía la extensión de subsidios del “Affordable Care Act” (ACA) también fue bloqueada por unanimidad de los republicanos.
El choque de prioridades entre los partidos impidió alcanzar un punto medio.
Con el cierre, cientos de miles de empleados federales fueron puestos en situación de licencia sin goce de sueldo (furlough) o se mantendrán trabajando sin recibir pago hasta nuevo aviso.
Por ejemplo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) prevé que unos 32,460 empleados (41 %) sean furloughados.
Mientras tanto, agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) planean suspender buena parte de sus operaciones normales.
La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ordenó a las agencias preparar planes de reducción permanente del personal si el cierre se prolonga.
A pesar del cierre, la rama judicial federal podrá mantener operaciones hasta el 17 de octubre usando fondos no asignados y tasas ya recaudadas.
Esto incluye la continuidad de juicios y el acceso a sistemas en línea.
Después de esa fecha, si la paralización se extiende, sólo asuntos esenciales podrían seguir operando bajo estrictas reglas del Acta Anti-Deficiencia.
Agencias clave como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han comenzado a despedir o suspender a más del 90 % de su personal, manteniendo sólo equipos mínimos para funciones de emergencia.
En paralelo, la Comisión de Futuros de Productos Básicos (CFTC) continuará con apenas un 5,7 % de su plantilla.
Esta merma implica demoras en aprobaciones de ofertas públicas iniciales (IPOs), lanzamiento de nuevos fondos de inversión, y posibles vacíos en supervisión de mercados, lo que podría generar mayor volatilidad.
La Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA) también ha sufrido cortes severos: sólo queda activa una fracción de su personal (unos 889 empleados, alrededor del 35 %).
Esto ocurre justo cuando se incrementan amenazas digitales globales, y además caducó la ley que protegía legalmente el intercambio de inteligencia de amenazas entre el sector privado y el gobierno.
La reducción en la capacidad de monitoreo y respuesta expone al país a mayores riesgos en redes eléctricas, sistemas de agua, y otros servicios críticos.
Como parte de su estrategia, la Casa Blanca ha ordenado congelar 18 mil millones de dólares en infraestructura de Nueva York (estado ligado a líderes demócratas) y 8 mil millones adicionales en proyectos de energía verde en 16 estados con gobiernos demócratas.
Esta medida es interpretada como una presión política para forzar concesiones en el presupuesto.
Un memorando del Ejecutivo advierte que cada semana de cierre podría costar unos 15 mil millones de dólares al producto interno bruto (PIB) nacional.
Además, se proyecta que si el cierre dura un mes podrían perderse 43,000 empleos adicionales, producto de la caída del gasto público y demanda.
Agencias como Medicare, Seguridad Social y programas de asistencia social también sufren interrupciones o demoras.
Demócratas y republicanos se culpan mutuamente por el impasse. El vicepresidente JD Vance acusó a los demócratas de bloquear la financiación, mientras líderes demócratas señalaban que los republicanos priorizan recortes y eliminan subsidios esenciales.
La amenaza del Ejecutivo de despidos permanentes (en vez de las furloughs tradicionales) agravó la tensión política. Organizaciones sindicales y grupos de empleados han denunciado esta estrategia como coercitiva e ilegítima.
Por ahora no hay una fecha clara para que termine el cierre. El Senado continúa sin consenso y las negociaciones están estancadas. Mientras tanto, millones de ciudadanos estadounidenses sufren las consecuencias de servicios públicos interrumpidos y pagos atrasados. Expertos advierten que cuanto más se prolongue el cierre, más costoso será revertir el daño institucional y económico.
Cómo afecta el cierre del Gobierno en EEUU al funcionamiento de las cortes de inmigración
Aspectos claves de cómo el cierre del gobierno de EEUU (shutdown) puede afectar al funcionamiento de las cortes de inmigración (EOIR / tribunales de inmigración) en este contexto:
| Aspecto | Qué ocurre / posible efecto | Fuente / comentario |
|---|---|---|
| Casos detenidos (“detained docket”) | Continúan los procesos para inmigrantes detenidos: las audiencias de casos con personas en custodia se consideran “esenciales” y no deben suspenderse durante el cierre. | Según AILA / práctica jurídica: “immigration court cases on the detained docket will proceed” |
| Casos no detenidos (“non-detained docket”) | En cierres anteriores, estos casos se suspendían o reagendaban. En este cierre hay indicios de que podrían continuar, pero con incertidumbre. | AILA señala que los casos no detenidos “serán reprogramados para más adelante”; Kolko & Casey afirma que, al menos “por el momento”, dichos casos seguirán adelante en este cierre. |
| Presentación de nuevos expedientes / peticiones | Podría haber retrasos o bloqueo en la aceptación de nuevos casos o peticiones durante el cierre. | AILA advierte que aunque se puede “subir” documentos al sistema ECAS, la aceptación formal puede depender de que se restablezca el financiamiento. |
| Personal administrativo / audiencias programadas | El personal de apoyo puede ser puesto en licencia sin goce (furlough), lo que impacta coordinación, notificaciones y funcionamiento general. Esto puede generar atrasos administrativos incluso después del cierre. | Páginas legales advierten que los “court staff may be furloughed” y esto crea atrasos administrativos persistentes. |
| Notificaciones de audiencias canceladas / reagendadas | Las cortes pueden emitir nuevos avisos (“notices of hearing”) para reprogramar audiencias pospuestas. | AILA sugiere que las cortes deben emitir nueva notificación para reasignar audiencias. |
| Acumulación del rezago (backlog) | Los casos pospuestos se suman al atraso existente, generando demoras adicionales en el sistema migratorio. | En el cierre de 2018-2019 se suspendieron entre 80,000 y 94,000 casos, exacerbando el backlog. |
| Diferencia frente a cierres anteriores | En este cierre hay reportes de que los tribunales de inmigración (EOIR) mantienen sus cortes abiertas incluso para casos no detenidos, algo que no era habitual antes. | Se indica que los tribunales de inmigración “remained open … handle cases of immigrants outside of detention centers”; también en Kolko & Casey: “al menos por el momento … casos no detenidos seguirán adelante”. |
| Base de financiamiento de EOIR | EOIR depende principalmente de asignaciones del Congreso (funding presupuestario), con poca financiación propia por tarifas, lo que lo hace vulnerable a interrupciones en el financiamiento federal. | AILA señala que EOIR “raises only a small portion of its funding through fees” y esos fondos secundarios no son suficientes para cubrir las operaciones completas. |
| Interpretación de “esenciales” y emergencias | El Departamento de Justicia puede declarar que ciertos procesos (por ejemplo, audiencias de detenidos) son esenciales bajo leyes de cierre (“excepted services”) para asegurarse de que continúen. | En recientes reportes se menciona que el cierre no afectará los casos detenidos “citing … contingency plan” de DOJ y que el 90 % del personal en EOIR ha sido declarado “excepted” del furlough. |
| Riesgo de retrasos incluso tras el cierre | Aunque el cierre termine, el atraso acumulado y la suspensión de personal implicarán que el restablecimiento del ritmo normal llevará tiempo. | Por ejemplo, los atrasos administrativos, reagendamientos masivos y la necesidad de recuperar terreno pueden prolongar la resolución de casos. |
