NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, obtuvo recientemente una victoria legal significativa al lograr que un tribunal emitiera una orden temporal, que impide al gobierno federal exigir a los estados la entrega de información personal sensible de millones de personas que reciben asistencia del programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
Esta medida surge del litigio presentado por James junto con otros 20 fiscales estatales y el estado de Kentucky contra la administración federal.
En su demanda, James y sus aliados alegan que la solicitud del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para obtener datos como direcciones, fechas de nacimiento, números de seguro social y estatus migratorio de los beneficiarios de SNAP excede la autoridad legal del gobierno federal.
Ellos argumentan que esta recopilación de información podría utilizarse indebidamente para fines de aplicación migratoria, violando leyes federales que protegen la privacidad de los solicitantes y beneficiarios del programa.
El tribunal correspondiente al Distrito Norte de California concedió la orden de restricción temporal, bloqueando no solo la exigencia de que los estados entreguen los datos sino también la amenaza de retener fondos de SNAP como sanción por incumplir.
Con esta decisión, el tribunal reconoce que los estados demandantes tienen posibilidades substanciales de éxito en su argumento de que la solicitud del USDA es ilegal.
Para James, la decisión significa una salvaguarda para millones de personas que dependen de SNAP.
“Nadie debería temer que la ayuda alimentaria que usa para poner comida en la mesa se utilice en su contra por esta administración”, declaró la Fiscal.
Prometió continuar la lucha para asegurar que las familias de Nueva York accedan a la ayuda sin temor a que sus datos sean usados en su contra.
La ley federal y las leyes estatales limitan la divulgación de datos identificativos de beneficiarios de SNAP salvo en circunstancias muy específicas.
El USDA había exigido datos de beneficiarios y solicitantes desde enero de 2020, y advirtió que los estados que no cumplieran podrían perder financiamiento para administrar el programa.
Esto dejó a muchos estados en la disyuntiva de vulnerar la privacidad de sus residentes o arriesgarse a perder recursos esenciales para la administración de SNAP.
En el estado de Nueva York, aproximadamente 1.7 millones de hogares, equivalentes a más de 2.9 millones de personas, participan en el SNAP.
Aunque los inmigrantes indocumentados generalmente no son elegibles para beneficios, la ley federal permite que padres no ciudadanos soliciten SNAP para sus hijos ciudadanos, lo que agrava el riesgo de que la divulgación de datos pueda afectar indirectamente a comunidades vulnerables.
La coalición que apoyó la demanda está integrada por los fiscales generales de 21 estados, incluyendo Arizona, California, Connecticut, Illinois, Michigan, Oregon, Washington, entre otros, además del Distrito de Columbia y el estado de Kentucky.
Ahora los involucrados prevén audiencias futuras para determinar si la orden de restricción puede convertirse en una prohibición permanente respecto a la exigencia de datos del USDA.
