WASHINGTON DC.- La administración Trump ha emitido un nuevo memorando que refuerza la aplicación de la regla de “carga pública”, lo que podría afectar negativamente las solicitudes de residencia (“green cards”) y otras peticiones migratorias.
Según informes, la agencia de inmigración de los EEUU (USCIS) ha sido instruida para aplicar de forma más estricta los criterios bajo los cuales un inmigrante puede ser considerado una carga pública.
La regla de “carga pública” permite que el gobierno niegue visas o residencias si considera que la persona solicitante podría depender mayormente del gobierno para su subsistencia, por ejemplo, mediante el uso de ciertos beneficios públicos.
El endurecimiento significa que más tipos de beneficios públicos podrían ser considerados en las evaluaciones, lo que eleva el riesgo de que solicitudes sean rechazas si el solicitante ha utilizado —o podría utilizar— servicios como asistencia financiera, salud pública u otros programas estatales/federales.
Se reporta que con esta medida se amplía la discrecionalidad de los funcionarios migratorios, quienes evaluarán de manera más rigurosa los antecedentes financieros, la salud, los recursos económicos y posiblemente la capacidad para mantenerse sin apoyo gubernamental.
Las personas que podrían verse más afectadas son aquellas con ingresos bajos, quienes dependen de ciertos programas de asistencia, inmigrantes con limitaciones de empleo o con recursos económicos escasos. Asimismo, familias con miembros dependientes podrían enfrentar obstáculos.
Algunos defensores de inmigrantes advierten que la regla podría generar miedo entre comunidades vulnerables, disuadiendo que accedan a beneficios públicos necesarios, incluso si estos no están contemplados en las evaluaciones bajo ciertas reglas.
También se ha señalado que el cambio podría derivar en más denegaciones de residencias para quienes ya están en trámite y para quienes tramitan desde el extranjero, ya que la regla se aplica tanto en ajustes de estatus como en solicitudes consulares.
Por otro lado, hay quienes defienden la medida argumentando que busca evitar que los servicios públicos sean sobrecargados y que quienes obtengan residencia sean financieramente autosuficientes o no representen una carga para el erario. Esta visión forma parte de un enfoque más estricto en inmigración que ha caracterizado a esta administración.
Finalmente, aunque el memorando ya circula, queda por ver cómo serán los procesos de implementación, cómo reaccionarán los tribunales y si habrá impugnaciones legales. Las comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos están alertas, pues estiman que los efectos podrían ser amplios e inmediatos.
