HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont, junto a funcionarios estatales, federales y defensores de personas sin hogar, criticó abiertamente la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que propone medidas más estrictas contra las personas sin vivienda.
Durante una reunión en el Capitolio estatal, Lamont declaró que “la falta de vivienda no es un crimen” y que las personas necesitan “ayuda, no esposas”.
La orden ejecutiva de Trump solicita al Fiscal General que traslade a las personas sin hogar a instituciones a largo plazo mediante compromisos civiles, especialmente a quienes padecen enfermedades mentales o problemas de adicción.
Además, propone aumentar el desalojo de campamentos y asignar más fondos a los tribunales para procesar estos casos.
Funcionarios de salud mental como Nancy Navarretta, comisionada del Departamento de Servicios de Salud Mental y Adicciones, calificaron la orden como un retroceso que ignora décadas de avances en salud pública. Criticó que esta política criminaliza la pobreza y amenaza programas exitosos basados en el modelo de “vivienda primero”.
Legisladores estatales como el representante Kadeem Roberts instaron al gobierno federal a ver la realidad de las personas sin hogar directamente en las calles y refugios.
Por su parte, la representante Laurie Sweet relató el caso de una persona a la que ayudó a salir de la indigencia, subrayando la importancia de considerar la vivienda como un derecho humano.
Sweet cuestionó los efectos de la orden ejecutiva al preguntarse qué hubiera sido del hombre si hubiera sido arrestado simplemente por dormir en un parque.
Señaló que esa política solo agrava el problema al imponer multas o castigos a las personas que ya están en condiciones extremas.
Algunos de los oradores compartieron experiencias personales.
Jennifer Paradis, directora del Beth-El Center en Milford, relató cómo sus padres quedaron sin hogar durante su adolescencia debido a gastos médicos. Trabajaron en varios empleos, vivieron en una camioneta y murieron prematuramente por complicaciones derivadas de esa situación.
Aunque el gobernador Lamont criticó la orden de Trump, varios defensores recordaron que él mismo vetó un proyecto de ley estatal que habría aumentado la disponibilidad de vivienda y fondos para las personas sin hogar.
Ocho organizaciones de vivienda emitieron un comunicado conjunto pidiendo acciones concretas y no solo declaraciones.
Lamont respondió a la crítica diciendo que aún está comprometido con lograr una legislación integral sobre la vivienda que tenga apoyo amplio. Afirmó que su equipo trabaja diariamente en una nueva propuesta que permita aumentar la oferta habitacional y atender la crisis de personas sin hogar en Connecticut.
