NEW HAVEN.- Nuevas directrices federales impulsadas por la administración Trump buscan prohibir el acceso de los inmigrantes sin estatus legal a ciertos servicios financiados por el gobierno federal, como centros de salud comunitarios y el programa preescolar Head Start.
En Connecticut, proveedores de servicios se sienten confundidos, preocupados y sin una orientación clara sobre cómo actuar.
Organizaciones como TEAM Inc, que opera Head Start en Connecticut, advierten que la medida aumenta innecesariamente el miedo y la confusión entre las familias inmigrantes, lo que podría alejarlas de programas educativos y de apoyo esenciales.
Aunque los inmigrantes sin estatus ya eran excluidos de más de 30 beneficios federales como cupones de alimentos o ayudas estudiantiles, podían acceder a programas que beneficiaban a toda la comunidad, como Head Start o clínicas comunitarias. Eso ha cambiado con la nueva definición de “beneficios públicos federales”.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha ampliado el concepto de beneficios públicos para incluir 13 programas anteriormente exentos, además de subvenciones, contratos, préstamos y licencias profesionales, lo que impide que sean ofrecidos a personas sin estatus legal en los Estados Unidos.
La nueva normativa afecta áreas como salud mental, vivienda, educación de adultos, y entra en vigor de inmediato, a pesar de que aún se aceptan comentarios del público. Otras agencias federales también han adoptado guías similares.
El secretario del HHS, Robert Kennedy, justificó la medida alegando que el acceso a servicios públicos incentiva la inmigración ilegal y representa un mal uso de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, organizaciones en Connecticut insisten en que las necesidades de salud, educación y bienestar no desaparecen por estatus migratorio.
Gian-Carl Casa, de la CT Community Nonprofit Alliance, señaló que enfermedades, adicciones y depresiones no se detienen por decisiones políticas.
Lisa Tepper Bates, de United Way Connecticut, advirtió que esta política aumentará la presión sobre organizaciones sin fines de lucro, ya sobrecargadas, que ahora deberán cubrir necesidades básicas que antes atendían programas federales.
En medio de la incertidumbre, muchos proveedores están a la espera de más claridad legal. Algunos, como Community Health Resources, están consultando con abogados para entender cómo proceder sin violar normas anteriores que les exigían atender a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio.
Heather Gates, de Community Health Resources, advirtió que los centros creados por subvenciones federales, como los Certified Community Behavioral Health Clinic (CCBHC), están obligados a atender a todos los pacientes. Cualquier restricción al acceso a servicios de salud mental o de adicción podría ser muy perjudicial para toda la comunidad.
