NEW HAVEN.- Cuando se le preguntó por qué sigue demandando a la administración del presidente Donald Trump, el fiscal general de Connecticut, William Tong, fue directo y dijo: “Es todo lo que tenemos”, dando a entender que es la única herramienta o recurso que tienen para oponerse a las políticas que consideran perjudiciales.
Tong hizo esta declaración durante el anuncio de su más reciente acción legal contra las políticas del presidente Donald Trump, en el área de Fair Haven, en New Haven.
Connecticut se unió a una demanda contra nuevas reglas que exigirían verificación del estatus migratorio en clínicas de salud y otros programas de apoyo social.
A partir de ahora, el personal de programas como Head Start, agencias de acción comunitaria, centros de salud comunitarios, programas de educación para adultos y clínicas de salud mental y abuso de sustancias deberán solicitar y revisar documentos que prueben el estatus migratorio legal de los beneficiarios.
El Fiscal General de Connecticut se unió a los de otros 20 estados para demandar con el objetivo de bloquear estas nuevas normas, emitidas el 10 de julio pasado por los departamentos federales de Salud y Servicios Humanos, Educación, Trabajo y Justicia.
El secretario del HHS, Robert F. Kennedy, declaró que estas normas buscan enfocar los programas gubernamentales en los ciudadanos estadounidenses.
“Durante demasiado tiempo, el gobierno ha desviado los impuestos de los estadounidenses trabajadores para incentivar la inmigración ilegal”, dijo Kennedy.
“La acción que hacemos cambia eso: restaura la integridad de los programas sociales federales, refuerza el estado de derecho y protege los recursos vitales del pueblo estadounidense”, agregó el Secretario.
La directora ejecutiva del centro comunitario de salud de Fair Haven, la doctora Suzanne Lagarde, respondió citando al padre de Kennedy, Robert F. Kennedy:“Debemos reconocer la plena igualdad humana de todas las personas ante Dios, ante la ley y ante los consejos de gobierno, debemos hacerlo por una razón fundamental: porque es lo correcto”, dijo Kennedy, su padre, en un discurso de 1966 en Sudáfrica.
Lagarde resaltó que el centro de salud Fair Haven, fundado hace 54 años y que recientemente se expandió a un nuevo edificio en la Grand Avenue, ha prosperado gracias a la diversidad de pacientes que atiende.
“Hemos prosperado no a pesar de los muchos pacientes diferentes que hemos atendido, sino por ellos”, afirmó.
Fair Haven es uno de los 17 centros de salud calificados a nivel federal en Connecticut, que brindan atención a personas de bajos ingresos y que podrían verse gravemente afectadas por los cambios planeados por Trump en el programa Medicaid.
Tong explicó que los fiscales generales estatales planean argumentar que estas nuevas normas migratorias violan la legislación federal existente y representan un riesgo para la salud pública, ya que desalientan a las personas de buscar atención médica cuando están enfermas.
“Queremos asegurarnos de que quienes están aquí tengan acceso a atención médica vital, no solo para protegerlos a ellos, sino también a sus vecinos y comunidades”, afirmó.
“Estuve aquí durante la pandemia de COVID, y si aprendimos algo, fue que la salud pública es también seguridad pública”, agregó el Fiscal General de Connecticut.
La demanda es la más reciente de una serie de acciones legales presentadas por Tong. La semana pasada anunció dos más y estima que Connecticut ha participado en alrededor de 40 demandas contra políticas de la administración Trump.
“No disfruto este trabajo, quiero ser claro. No lo disfruto porque significa que si el gobierno federal tiene éxito, la gente aquí sufrirá”, dijo Tong.
“No es un buen día cuando el estado de Connecticut tiene que demandar al presidente de los Estados Unidos y al gobierno federal, pero estamos obligados a hacerlo”, finalizó Tong.
