NEW HAVEN.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos publicó una lista con más de 500 “jurisdicciones santuario” en todo el país que, según la administración del presidente Donald Trump, obstaculizan la aplicación de la ley de inmigración.
La lista incluía al estado de Connecticut y las ciudades de East Haven, Hamden, Hartford, New Haven, New London y Windham.
El gobernador Ned Lamont, afirmó que el Estado había sido “falsamente etiquetado” y que la Trust Act o Ley de Confianza de Connecticut, originalmente bipartidista, se ajusta a los estándares constitucionales federales y refleja prioridades sólidas de seguridad pública.
El fiscal general del Estado, William Tong, agregó que Connecticut cumple plenamente con la ley federal de inmigración y que el término “jurisdicción santuario” no tiene sentido.
Una “jurisdicción santuario” es una ciudad, condado o estado en los Estados Unidos que adopta políticas para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Estas políticas pueden incluir la restricción de la colaboración con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), no cumplimiento de las detenciones, es decir, no
retener a individuos más allá de su tiempo de liberación hasta que el ICE pueda tomar la custodia y prohibir a funcionarios locales compartir información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades federales.
Algunos alcaldes respondieron a la designación, como el alcalde de New London, Michael Passero, quien argumentó que su ciudad no era una “jurisdicción santuario” y que probablemente fue incluida en la lista por error.
Por otro lado, el alcalde de New Haven, Justin Elicker, dijo que la designación era esperada y se mostró orgulloso de ella, destacando que New Haven es una ciudad que se enorgullece de ser acogedora.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, criticó a las “jurisdicciones santuario”, afirmando que ponen en peligro a los estadounidenses y a las fuerzas del orden al proteger a delincuentes ilegales violentos.
Eliminan lista que catalogaba al estado de Connecticut y varias ciudades como “jurisdicciones santuario”
El gobernador Ned Lamont, afirmó que el Estado había sido “falsamente etiquetado” y que la Trust Act se ajusta a los estándares constitucionales federales y refleja prioridades sólidas de seguridad pública
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