BRIDGEPORT.- Durante el curso de la pandemia de COVID-19, a Connecticut se le atribuyó una de las moratorias y protecciones de desalojo más completas de la nación.
Un nuevo estudio realizado por el grupo de investigación Eviction Lab analizó cómo la moratoria de Connecticut se comparó con las protecciones de desalojo en otros tres estados y expuso las debilidades en el sistema de vivienda.
Al encuestar a 60 inquilinos en Connecticut, Ohio y Florida, el grupo determinó qué funcionó y qué no en las protecciones de desalojo por COVID-19. Treinta residentes de Connecticut fueron entrevistados, así como 15 personas de Ohio y Florida.
Todos los inquilinos entrevistados para el estudio experimentaron el desalojo o la amenaza de desalojo en algún momento entre marzo y septiembre de 2021.
Los investigadores comenzaron a trabajar en el proyecto, recopilando datos, a finales de 2020, según Danya Keene, una de las coautoras del informe.
Keene es investigadora y profesora asociada de Ciencias del Comportamiento Social en la Yale School of Public Health.
“Creamos estas moratorias muy rápidamente en todo el país, porque todos vieron que existía este riesgo de desalojo para la salud durante la pandemia, y ahora que la pandemia ha disminuido creo que es importante recordar que los riesgos de desalojo para la salud permanecen”, manifestó Keene.
“Estos riesgos para la salud no son solo para las personas mismas que están perdiendo su hogar, sino que estamos viendo riesgos para la salud en comunidades enteras donde prevalecen los desalojos”, agregó la investigadora.
Si bien Connecticut fue elegido para el estudio en función de su amplia moratoria, que se extendió desde marzo de 2020 hasta junio de 2021, Ohio no tenía una moratoria ni programas para evitar los desalojos durante la pandemia. En Florida, existían fuertes protecciones de desalojo, pero terminaron en el otoño de 2020.
Al comparar los tres estados, los residentes en general se beneficiaron de las protecciones de desalojo, que evitaron desalojos que de otro modo habrían tenido un impacto perjudicial en la salud de los residentes, dijo Keene.
La falta de vivienda expone aún más a las personas a enfermedades, a menudo relacionadas con la falta de vivienda.
Sin embargo, las moratorias también resaltaron la desconfianza entre los inquilinos y el sistema de vivienda.
Los programas implementados para proteger a los residentes a menudo resultaron ser confusos y difíciles de navegar.
“Algo en lo que hemos estado pensando mucho es el tema de estas cargas administrativas que están del lado del solicitante”, precisó Keene. “Se pone mucho énfasis en prevenir el fraude y asegurarse de que las solicitudes tengan muchas pruebas. Pero la contrapartida de esto es que puede ser muy difícil para las personas que necesitan los recursos para navegar, especialmente cuando se enfrentan a este estrés inmediato de perder su hogar y su ancho de banda emocional es muy limitado, porque están lidiando con esta emergencia. Tienen que navegar por un proceso de solicitud realmente complicado”, comentó la experta.
Cuando las moratorias incluyeron más problemas de procedimiento, no funcionaron tan bien, según el informe. La dificultad para solicitar y recibir ayuda genera desconfianza y sospecha, lo que hace que los programas futuros sean mucho más difíciles.
