HARTFORD.- Con los casos de COVID-19 en aumento una vez más, el senador federal Richard Blumenthal está presionando para obtener fondos para las pruebas en el presupuesto del Congreso.
“El aumento de los casos es preocupante, no es un motivo para estar en pánico pero debemos estar preparados para combatir el virus una vez más”, declaró Blumenthal durante una reunión en el Charter Oak Health Center en Hartford.
Las aseguradoras de salud ya no están obligadas a cubrir el costo de las pruebas de COVID-19 de venta libre, y algunos centros de salud calificados por el gobierno federal han dejado de proporcionar pruebas gratuitas para liberar dinero para otros usos.
Pero los datos muestran que los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Connecticut experimentó un aumento de 18 hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19 en la última semana de julio.
Si bien es solo un número pequeño, eso representa un salto del 22.7% y está muy por encima del aumento nacional del 12.1 % para el mismo período.
También es el número más alto desde abril, según los CDC.
“El resurgimiento del COVID-19 en nuestro país exige una acción rápida y esfuerzos de colaboración”, manifestó Nichelle Mullins, presidenta y directora ejecutiva del Charter Oak Health Center.
También dijo que el centro de salud, que debe enviar los resultados de las pruebas al gobierno federal, vio aumentar la tasa de positividad del 13% en junio al 18% en julio.
El aumento se produce cuando el Departamento de Salud Pública del Estado ha dejado de rastrear e informar los resultados de las pruebas.
La agencia emitió un informe de COVID-19 el 1º de junio y no publicará el próximo hasta el 5 de octubre.
El Departamento de Salud también dijo que esos informes continuarán durante el invierno e “incluirán datos que son relevantes para la actividad y las tendencias actuales de la enfermedad del COVID-19 e integrarán el virus con informes de vigilancia respiratoria viral, incluida la influenza”.
Sin embargo, Mullins dijo que la decisión es un “error”, porque la información ayuda a los funcionarios de salud y al público en general a ver cuándo se disparan los casos.
“Cuando los datos no se divulgan al público, nos da una falsa sensación de seguridad”, dijo Mullins.
Indicó que la información también ayuda a notificar al público sobre nuevas cepas y nuevos síntomas.
La Organización Mundial de la Salud ha agregado la variante ERIS a su lista de seguimiento ya que la cepa se ha extendido tanto por los Estados Unidos como por el Reino Unido.
Blumenthal quiere que el Congreso ayude ofreciendo más ayuda para las pruebas. El Congreso no tiene una asignación para las pruebas de COVID-19 en su presupuesto, pero Blumenthal dijo que los legisladores pueden ayudar proporcionando más fondos para los programas de salud pública.
Estimó que el costo de un programa como las pruebas sería de 791 millones de dólares.
Sin embargo, Blumenthal no llegó a exigir la presentación de informes como condición para la financiación y dijo que preferiría encontrar otro incentivo para los estados.
Blumenthal también expresó su apoyo a la Pandemic and All-Hazards Act, que reautorizaría la ley original que se puso en marcha en 2006.
El proyecto de ley también ampliaría la ley original para incluir más apoyo a la investigación, agregar capacidad de aumento durante las pandemias, continuar la vigilancia de las aguas residuales en busca de virus y garantizar que los fabricantes de medicamentos se comuniquen con los funcionarios federales cuando pueda haber escasez de medicamentos.
El proyecto de ley también requeriría que los estados creen estándares de atención de crisis que protejan a los adultos mayores y a las personas con discapacidades, y encargaría a las agencias federales que examinen si la inteligencia artificial representa un riesgo para la salud pública.
