NUEVA YORK.- La senadora estatal Julia Salazar y la asambleísta Karines Reyes presentaron, el lunes pasado, un proyecto de ley que busca que Nueva York siga los pasos de otros estados y ponga fin a presentes y futuros contratos con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para encarcelar inmigrantes que enfrentan la deportación.
Versiones similares a la “Ley de dignidad, no detención” de Salazar y Reyes ya han sido aprobadas en California, Washington, Maryland, Nuevo México, Illinois y Virginia, de acuerdo con una coalición de grupos proinmigrantes y legales que apoya la iniciativa.
En la vecina Nueva Jersey la Legislatura tiene en consideración un proyecto similar.
“Ha llegado el momento de que Nueva York se una al coro de estados que se han opuesto a la práctica inhumana y peligrosa de la detención de inmigrantes”, señalaron los grupos de defensa.
“Las prácticas nocivas del ICE de separar familias y dirigirse a las comunidades de inmigrantes siempre han sido inaceptables y deben abolirse de inmediato”, indicó Salazar.
Afirmó que la propuesta de ley es un paso “necesario” para llevar “justicia real” a familias que han sido víctimas de las “tácticas abusivas” utilizadas por ICE.
“La idea de que los inmigrantes no estén en esta cárcel me hace muy feliz. Fácilmente podría haber esperado una decisión de inmigración en mi casa en lugar de la cárcel, donde me enfermé gravemente con el COVID-19”, indicó Rogelio, que estuvo en la cárcel del condado de Orange, al norte de Nueva York.
Aseguró que durante ese tiempo fue testigo de cómo los agentes de seguridad mezclaban a la población que tenía el virus con otros que fueron enviados a cuarentena.
“Esto es lo que llevó a que tantas personas detenidas contrajeran el virus”, recordó.
Por su parte, Reyes destacó que como legisladores estatales están obligados a “proteger a nuestras comunidades del alcance destructivo de ICE, y hasta que el Gobierno federal no lo derogue debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para subvertir la autoridad abusiva de la agencia”.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado estatal de Nueva York están controlados por los demócratas, partido al que pertenecen tanto Salazar como Reyes.
“Una economía basada en el confinamiento de personas con fines de lucro es inmoral y debería ser ilegal”, expresó Tania Mattos, a cargo de Políticas y Monitoreo del Noreste para la organización Freedom for Immigration.
Cada año, Estados Unidos gasta más de 2 mil millones de dólares para detener inmigrantes en más de 250 centros de detención, de acuerdo con Queer Detainee Empowerment Project (QDEP).
