BRIDGEPORT.- La crisis de salud y económica de COVID-19 deja al descubierto la necesidad de un proyecto de ley de salud de opción pública real en Connecticut.
El Senate Bill 842, que recibió una audiencia pública el 9 de febrero, amplía la cobertura del actual plan estatal de atención médica para los empleados para permitir que las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y sindicatos compren el plan que se adapte a sus necesidades.
También amplía la elegibilidad para Medicaid, aumenta los subsidios para las personas que ya están en el intercambio estatal de atención médica y proporciona subsidios para los inmigrantes, independientemente de su estado migratorio.
“Dos de las representantes estatales de West Hartford, escuchamos historias de innumerables electores en la campaña electoral el año pasado sobre las dificultades que enfrentan las familias y las pequeñas empresas por igual. En un momento en el que es importante estar saludables, sabemos que crear soluciones de atención médica adicionales es esencial para mantener saludable nuestro Estado”, agregaron las congresistas Kate Farrar y Jillian Gilchrest, en una declaración conjunta.
De acuerdo con Farrar, las personas no pueden permitirse el lujo de seguir viéndose obligadas a elegir entre los planes con deducibles altos e inasequibles o ninguna cobertura de atención médica.
La elegibilidad ampliada para el programa estatal de Medicaid significa que más familias de clase trabajadora pueden acceder a un seguro que pueden pagar.
“Los programas federales de ayuda han dejado atrás a las personas indocumentadas, sin embargo, aquí en Connecticut, sabemos que podemos cuidar a todos nuestros vecinos independientemente de su raza, código postal o estado de documentación”, comentó Gilchrest.
El presupuesto del gobernador Ned Lamont, publicado el 10 de febrero, reconoció los altos costos de la atención médica, con propuestas para imponer sanciones a las compañías farmacéuticas que suban los precios de los medicamentos sin ninguna justificación, y el establecimiento de un nuevo impuesto a las aseguradoras para aumentar los subsidios de Access Health CT.
Pero, la propuesta del Gobernador no aumentó los fondos para Medicaid ni ofreció una solución de atención médica para la comunidad indocumentada, señalaron las congresistas.
Además, no abordó las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas en este momento para brindar atención médica a sus empleados. Es por eso que la legislatura debe actuar, añadió Farrar.
“Con más de 350 mil empleados de pequeñas empresas en Connecticut que no ofrecen seguro médico, necesitamos un camino para ofrecer un alivio real que sea asequible, accesible y sin complicaciones. Unirse al plan de salud existente para los empleados del Estado ofrece una cobertura predecible y de alta calidad, una necesidad para nuestra comunidad de pequeñas empresas. Pueden elegir el plan que se adapte a sus beneficios y necesidades presupuestarias sin preocuparse por arruinarse”, precisó Gilchrest.
“A medida que la pandemia se ha prolongado durante el último año, le hemos pedido a nuestra comunidad sin fines de lucro que asuma cada vez más la carga de cuidar a la gente de Connecticut, sin ofrecer el apoyo adecuado”, agregó la congresista.
Futures Inc., una organización sin fines de lucro de West Hartford que sirve a personas con discapacidades, es un ejemplo, ya que han experimentado un aumento significativo en los costos de atención médica mientras luchan por apoyar a sus trabajadores de primera línea con los equipos de protección personal.
“Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que tengan la oportunidad de acceder a los planes de atención médica que funcionen para ellos y sus empleados, mientras ellos trabajan para todos nosotros”, comentó Farrar.
En todo Connecticut y nuestro país, los votantes nos hacen saber que les importa una respuesta equitativa y seria a la pandemia de COVID-19.
“La legislación de opción pública propuesta reducirá los costos al tiempo que ampliará el acceso a una atención asequible y de alta calidad. Esto debería ser beneficioso para nuestro Estado. No podemos permitirnos mantener el status quo en esta crisis. La SB 842 nos mueve en la dirección correcta y esperamos poder contar con el apoyo de nuestros colegas y del gobernador Lamont mientras continuamos la Sesión Legislativa de 2021”, finalizaron las congresistas.
