WHITE PLAINS.- Carlos Velásquez López, de Westchester, fue arrestado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement en 2018 después de que fue acusado de conducir en estado de ebriedad.
Estuvo detenido por el ICE en el condado de Orange, Nueva York, durante 15 meses cuando un juez de la corte de distrito le ordenó una audiencia de fianza y fue puesto en libertad.
El gobierno apeló la decisión pero perdió el martes pasado.
Su abogada, Julie Dona de Legal Aid Society, dijo que el fallo de la Corte de Apelaciones es importante.
“El gobierno debe justificar la detención con evidencia clara y convincente cuando detiene a alguien por un período prolongado”, explicó Dona.
El gobierno había estado exigiendo a los inmigrantes que demostraran que no representaban un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad para poder ser liberados bajo fianza.
Pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito determinó que eso violó el debido proceso.
No está claro cuánto tiempo debe estar detenido un inmigrante para que se le otorgue una audiencia de fianza ante un juez de inmigración, y el fallo solo se aplica a aquellos que no tienen condenas penales, de acuerdo con los expertos. Dona dijo que el fallo podría resultar en la liberación de más inmigrantes bajo fianza, a menos que el gobierno vuelva a apelar.
De acuerdo con el informe, los arrestos de los inmigrantes en las cortes de Nueva York y sus alrededores se ha disparado bajo la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los defensores de los indocumentados temen que esto continúe sin una ley que prohíba ese tipo de actividad, pese a que esos operativos fueron declarados ilegales por un juez federal.
Sólo entre el 2016 y el 2018, los operativos del ICE aumentaron de 11 a 202, un alza de mil 700 por ciento.
El año pasado, 127 personas fueron arrestadas fuera de los edificios de las cortes, principalmente en los condados de Brooklyn y Queens.
La continua actividad del ICE en las cortes provocó protestas y una demanda en 2019 de la Fiscalía general del Estado y la Fiscalía de Brooklyn en una corte federal para poner fin a una actividad que se había estado desarrollando durante tres años.
