HARTFORD.- Un juez federal detuvo, el martes pasado, los aumentos de tarifas para la ciudadanía y otros beneficios de inmigración tres días antes de que entraran en vigencia, argumentando que los dos últimos jefes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) probablemente fueron nombrados ilegalmente.
El juez federal, Jeffrey White, encontró que Kevin McAleenan pasó incorrectamente a Secretario interino cuando Kirstjen Nielsen renunció en abril de 2019.
El magistrado dijo que McAleenan, como comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, era el séptimo en la fila para asumir el papel interino según las reglas de sucesión en ese momento.
Chad Wolf, quien se convirtió en Secretario interino después de que McAleenan renunció en noviembre, también fue ascendido fuera de su puesto como subsecretario de estrategia, políticas y planes, indicó White.
White, quien fue designado por el presidente George Bush, también bloqueó los aumentos de las tarifas con el argumento de que la administración Trump probablemente no consideró adecuadamente el impacto de los cambios como lo requiere la elaboración de las normas federales, incluido su efecto en los solicitantes de bajos ingresos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la agencia que otorga la ciudadanía, tarjetas verdes (residencia) y permisos de trabajo temporales, dijo que estaba revisando la decisión.
El Departamento de Seguridad Nacional no estuvo de acuerdo con un hallazgo en agosto de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, una agencia de investigación del Congreso, de que McAleenan, Wolf y Ken Cuccinelli, el segundo funcionario de más alto rango del Departamento, fueron nombrados ilegalmente.
El presidente Donald Trump nominó a Wolf como secretario el 10 de septiembre, exactamente 17 meses después de que Nielsen dimitiera como la última líder del Departamento confirmado por el Senado.
El Senado aún no ha actuado sobre el nombramiento de Wolf.
Se había establecido que las tarifas aumentarían en un promedio del 20% a partir del viernes 2 de octubre.
Los cambios debían incluir una tarifa por primera vez para solicitar asilo de 50 dólares. Los solicitantes de asilo también tendrían que pagar 550 dólares si solicitaran una autorización de trabajo y $30 por recopilar datos biométricos.
Se estableció que la tarifa para convertirse en ciudadano naturalizado aumentaría a mil 170 dólares.
Las exenciones de tarifas debían eliminarse en gran medida para las personas que no pueden pagar la solicitud.
Ocho grupos de defensa demandaron a la administración en agosto después de que Seguridad Nacional publicara una versión final de los aumentos de tarifas, incorporando comentarios del público.
McAleenan propuso inicialmente las alzas en noviembre en uno de sus últimos actos como secretario interino.
“La orden judicial garantizará que millones de inmigrantes de bajos ingresos, solicitantes de naturalización, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica y sobrevivientes de trata de personas puedan solicitar de manera asequible los beneficios de inmigración para los que son elegibles”, finalizó Melissa Rodgers, directora de programas para el Immigrant Legal Resource Center, una de los demandantes.
