HARTFORD.- Una propuesta de ley presentada esta semana busca que las empresas de servicios públicos compitan por el control de los programas de eficiencia energética que han operado durante más de 20 años.
Como respuesta a los cortes prolongados y generalizados que siguieron a la tormenta tropical Isaías, el paquete legislativo tiene como objetivo hacer que las empresas de servicios eléctricos sean más responsables de su desempeño. Requiere la adopción de tarifas basadas en el desempeño, compensación a los contribuyentes por pérdidas relacionadas con interrupciones y períodos de revisión regulatoria más largos para casos de tarifas y aplicaciones de fusiones.
Al final hay un lenguaje que autorizaría al Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP) a solicitar propuestas de terceros para operar los programas de eficiencia energética del Estado.
Al testificar en una audiencia pública ante el Comité de Energía a principios de este mes, la comisionada del DEEP, Katie Dykes expresó el “fuerte apoyo” de la agencia al cambio, que dijo que al menos les permitiría considerar enfoques alternativos.
“Ese tipo de competencia saludable asegurará que tengamos la mejor entrega de estos programas tan importantes, con el potencial de ayudar a reducir los costos administrativos. Creemos que a medida que la industria de la eficiencia energética ha madurado y se ha expandido, existen algunos buenos modelos que podríamos implementar”, agregó Dykes.
Bryan García, presidente y director ejecutivo del Connecticut Green Bank, que administra el Clean Energy Fund y colabora con las empresas de servicios públicos en algunas medidas de eficiencia, también le dijo al comité que su agencia apoya la invitación a las nuevas ideas del sector privado para ver qué puede hacer el mercado.
Pero el representante estatal Jonathan Steinberg dijo que él y muchos de sus colegas tenían la impresión de que los programas estaban funcionando sin problemas y no tenían claro el propósito de este cambio.
Como parte del Conservation and Load Management Plan del Estado, los programas de eficiencia incluyen una amplia gama de medidas destinadas a reducir el uso de energía por parte de los contribuyentes residenciales y comerciales.
Estos incluyen auditorías de energía doméstica y climatización, así como incentivos financieros para la compra de tecnologías de calefacción y refrigeración de alta eficiencia, aislamiento e iluminación.
Los programas se financian en gran medida mediante un recargo en las facturas de los contribuyentes, y las empresas de servicios públicos obtienen incentivos anuales por objetivos de rendimiento, supervisados por DEEP, por sus servicios de gestión.
El año pasado, los programas generaron suficientes ahorros de energía para abastecer a unos 53 mil 700 hogares durante un año, según un informe de la Energy Efficiency Board, que asesora a las empresas de servicios públicos.
Los programas también apoyan alrededor de 39 mil empleos de Connecticut en las industrias de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), electricidad, manufactura, aislamiento, climatización y solar, según el informe.
