Aseguran que la ayuda estatal recibida hasta ahora es insuficiente
HARTFORD – Un mes después de que el gobernador Ned Lamont prometió 3.5 millones de dólares en ayuda para las familias inmigrantes, activistas y miembros de la comunidad inmigrante de Connecticut están pidiendo más que eso.
Los grupos de defensa de los inmigrantes quieren fondos adicionales, acceso a la atención médica y la cancelación de la renta para aliviar las dificultades causadas por la pandemia de coronavirus que ha afectado desproporcionadamente a su comunidad.
“Necesitamos evitar la próxima crisis de salud pública: una crisis de desalojo. Los inquilinos no deben ser desalojados y obligados a ir a las salas de los tribunales para perder sus hogares porque no han pagado el alquiler debido al impacto económico de la pandemia”, declaró Eric Cruz López, de CT Students for a Dream (C4D), una organización sin fines de lucro.
López fue uno de los más de 50 defensores de una coalición sin fines de lucro, llamada colectivamente Coalition for People’s Liberation, que se reunió en los escalones del Capitolio estatal, el lunes pasado, por la mañana para exigir “políticas liberadoras del gobernador Ned Lamont”.
Él y otros pidieron a Lamont y a su administración que extiendan la moratoria de desalojo existente, que brinda protección temporal a los inquilinos pero está programada para finalizar el 22 de agosto.
Los defensores piden que la moratoria se extienda hasta el final de la crisis de salud pública y que se asignen 140 millones de dólares a un fondo de asistencia de alquiler para todos inquilinos, independientemente de su estado migratorio.
“La salud de nuestras comunidades depende de ello”, comentó López.
Además de la ayuda a los inmigrantes, el grupo exigió la desfinanciación de la policía y el encarcelamiento a gran escala, junto con la desinversión pública del complejo industrial de la prisión antes de una sesión especial legislativa que comenzará esta semana.
Los reunidos representaron un conjunto diverso de grupos de defensa de todo el estado, incluidos representantes de Black America Undivided, Citywide Youth Coalition, Hearing Youth Voices, Radical Advocates for Cross-Cultural Education, Semilla Collective y Make the Road CT.
Portaban carteles que decían “Defund Police“, “Black Lives Matter” y “Economic Relief Fund Now”. Distribuyeron máscaras faciales Cancel Rent.
Pero un segmento del evento se centró en la ayuda a los inmigrantes.
En junio, Lamont anunció la asignación de 2.5 millones de dólares en asistencia de vivienda para los inmigrantes (también se han asignado 10 millones por separado para asistencia de vivienda en todo el Estado) y un millón de dólares adicionales a través de un nuevo programa, llamado 4-CT, que está destinado a cubrir otras necesidades asociadas con el virus.
Pero, con 120 mil inmigrantes indocumentados en el Estado, que en gran medida no tienen acceso a la atención médica o ayuda federal, y han sido impactados desproporcionadamente por el virus, los defensores han expresado su preocupación de que el paquete de ayuda hace muy poco para ayudar a los necesitados.
Dividido equitativamente entre cada uno de esos 120 mil inmigrantes, sumaría aproximadamente 8 dólares por persona, indicaron los defensores.
Muchos residentes, sin importar su estado migratorio, tienen miles de dólares atrasados en su renta como resultado de la pérdida de empleos y salarios durante la pandemia.
Varios oradores se refirieron a la ayuda como “migajas”.
El lunes por la tarde, Lamont reconoció que muchos residentes de Connecticut deberán su suma global de alquiler moroso una vez que finalice la moratoria.
Agregó que la asistencia para el alquiler estaba en el presupuesto del Estado y que esperaba que la ayuda federal incluyera el apoyo al alquiler, aunque la ayuda federal probablemente no se extendería a la comunidad indocumentada.
Lamont defendió previamente la ayuda de su administración a los inmigrantes y dijo que no se podía hacer más, promocionando especialmente el programa 4-CT, que otorga a los inmigrantes calificados tarjetas de débito que pueden usarse para comprar alimentos, comestibles y otros artículos necesarios.
Pero los defensores se quejaron recientemente de que el sistema es confuso y hay incertidumbre sobre quién califica para el programa.
