HARTFORD.- Las autoridades ordenaron a los hospitales que estaban prohibiendo visitas debido al coronavirus que hicieran excepciones para los pacientes con discapacidades, luego de una queja de que la política violaba los derechos civiles de las personas que no podían obtener la atención adecuada para ellos.
Según la orden, un miembro de la familia o proveedor de atención, ahora puede acompañar a un paciente que tiene una discapacidad mental, intelectual o física y requiere asistencia especial.
El cambio se produjo después de que los grupos de discapacitados presentaron una queja ante la Oficina Federal de Derechos Civiles, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, argumentando que la falta de derechos de visita privó a algunos pacientes de su derecho a tomar decisiones informadas y sometió a otros al uso innecesario de restricciones físicas y químicas.
El gobernador Ned Lamont declaró que la nueva política, que requiere que los hospitales brinden equipo de protección a los que acompañan al paciente, “implementa salvaguardas vitales para las personas con necesidades especiales para garantizar que se brinde la atención adecuada y segura”.
Roger Severino, quien dirige la Oficina de Derechos Civiles, comentó que la orden de Connecticut debería servir como modelo para otros estados.
“Las personas no deberían tener que valerse por sí mismas cuando puedan ser acomodadas razonablemente. La seguridad de los pacientes con discapacidades no debe enfrentarse como si fuera un juego contra la seguridad de los demás. Ambos pueden ser protegidos”, agregó Severino.
La acción es la última de una serie de casos que alegan discriminación que ha sido investigada por la agencia federal desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.
En marzo pasado, aumentaron los temores de que los hospitales se quedarían sin ventiladores para ayudar a los pacientes críticos a respirar.
Severino publicó un informe a los estados y hospitales explicando que los protocolos para decidir qué pacientes recibirían y no recibirían los ventiladores no deberían de discriminar por motivos de discapacidad, raza o edad, entre otros factores.
En abril, su oficina resolvió quejas de derechos civiles contra Alabama y Pensilvania por pautas de clasificación de ventiladores que la oficina consideraba discriminatorias para los pacientes mayores y personas con discapacidades.
Severino anunció una resolución por separado que su oficina había contactado con el Hospital de Hartford en Connecticut sobre un paciente de 73 años con COVID-19, identificada como Joan Parsons, quien tenía dificultades para hablar con los proveedores médicos debido a una afección cerebral conocida como afasia.
Inicialmente, el hospital había prohibido a los familiares de Parsons estar presentes para ayudarla, pero luego les permitió unirse a ella, según una de sus hijas, Susan Fandacone.
El hospital indicó que su objetivo era “garantizar siempre el acceso completo e igualitario a los servicios e instalaciones de atención médica para todos los pacientes” y que sus restricciones de las visitas, destinadas a controlar la propagación del virus, tenían ‘excepciones claras cuando era apropiado’, incluidas las excepciones para nuestros pacientes con discapacidad”.
En una declaración conjunta, las organizaciones de defensa que presentaron la queja expresaron su satisfacción con su resolución y dijeron que esperaban que se convirtiera en un precedente para las políticas en otros estados y hospitales.
