“Son los más afectados por la pandemia”, señalan los defensores
BRIDGEPORT.- Sobrevivir en los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados nunca ha sido fácil. Así lo testifican Damary Zapata y su familia.
Si antes era duro, ahora ha sido más difícil a raíz de la pandemia de coronavirus. Tanto Damary, una nativa de Honduras y residente de Bridgeport, como su esposo perdieron sus trabajos durante la crisis de salud pública.
Debido a su estado migratorio, no califican para los beneficios de desempleo y no recibirán cheques de estímulo federales.
Incluso cuando estaban empleados, ninguno tenía seguro de salud.
En lugar de buscar asistencia médica profesional, la familia, como muchos otros, se vio obligada a depender de remedios caseros.
“Ir al hospital es un privilegio y no tenemos eso. No tenemos el dinero para invertir en facturas médicas porque tenemos dos hijos que cuidar”, manifestó Damary.
Esa falta de acceso se hizo especialmente evidente cuando un miembro de la familia recientemente dio positivo por el coronavirus.
El tratamiento no era una opción. Sin ingresos y sin seguro, el costo era prohibitivamente alto.
“Estábamos aterrados. Creíamos que también podríamos tener el virus. Nosotros (los indocumentados) somos los más afectados porque no tenemos ninguna cobertura de atención médica. No recibimos ningún apoyo del gobierno. Las familias como la mía tienen derecho a ser tratadas con respeto y dignidad”, comentó Damary.
La inmigrante compartió su historia durante una reunión virtual del jueves pasado, en la cual una coalición de grupos de defensa de inmigrantes y de atención médica pidió al gobernador Ned Lamont que amplíe el acceso a la atención médica a los miembros de la comunidad indocumentada del Estado, que han estado entre los más severamente afectado por la pandemia.
“Estamos aquí porque a nuestra comunidad indocumentada se le niega el acceso a la atención médica y eso les impide llevar una vida saludable”, indicó Kimberly Alexander, miembro de la organización sin fines de lucro CT Students for a Dreams (C4D), uno de los grupos que coordinó el evento y comenzó una petición en línea.
“Esta pandemia está dejando muy claro que la única forma de tener un estado saludable es garantizar que todos, incluidos los inmigrantes indocumentados, puedan acceder a la atención médica”, agregó la joven.
Alexander dijo que el impulso para expandir la elegibilidad de Husky, el mercado de seguros de salud del Estado, comenzó en 2019.
Según la coalición, los inmigrantes indocumentados no pueden comprar en Access Health CT y no son elegibles para Medicaid, Medicare y otros programas de cobertura de salud estatales y federales.
Los aproximadamente 120 mil inmigrantes indocumentados de Connecticut pagan aproximadamente 145 millones de dólares anuales en impuestos que financian programas como Husky.
Hasta este punto, Lamont no había señalado si atendería la petición.
“Me preocupa la salud y la seguridad de los pacientes que veo, pero me preocupo aún más por los que no veo. Los pacientes que no acuden a la clínica porque no pueden acceder a la atención fácilmente sin seguro médico”, comentó la doctora Julie Rosenberg, pediatra de New Haven e investigadora.
Rosenberg se encuentra entre los más de 240 proveedores de atención médica que han firmado una carta que se envía a Lamont pidiendo la expansión de la atención médica.
El movimiento, dijo, no sería sin precedentes, ya que California, Illinois, Massachusetts, Nueva York, Oregón, Washington y el Distrito de Columbia, todos brindan elegibilidad de seguro de salud a todos los niños, independientemente de su estado migratorio.
El año pasado, la Asamblea General de Connecticut votó un proyecto de ley similar fuera del comité, señaló Rosenberg.
“Estamos preparados y listos para hacer este cambio que beneficiará a la salud y a los residentes de nuestro Estado”, agregó la doctora.
Un grupo de líderes religiosos, representados por el rabino Randall Konigsburg, de la Beth Sholom B’nai Israel Congregation en Manchester, y de la Interfaith Fellowship for Universal Health Care, de todo el Estado también han expresado su apoyo a la expansión.
Konigsburg hizo un caso moral y económico para la expansión del programa.
Según un estudio reciente (basado en datos del Censo 2018) del Center for Migration Studies of New York, un grupo de expertos no partidista, el 18.7 por ciento de todos los trabajadores esenciales en Connecticut son nacidos en el extranjero. Una cuarta parte de ellos son indocumentados.
