HARTFORD.- Ella se sienta en su cama de hospital, mirando directamente a una cámara.
A veces jadeando por aire y a menudo llorando, el mensaje de Edith Carapia al gobernador Ned Lamont es sincero y conmovedor: “Los inmigrantes son trabajadores esenciales. Necesitamos su ayuda con urgencia. Es hora de que haga algo por nosotros. Póngase en nuestros zapatos. Piense en nosotros y ayudenos”.
Carapia es una de un número desproporcionado de inmigrantes hispanos en el Estado que han contraído COVID-19.
Ella es una residente de Connecticut que pagó impuestos durante 17 años. Ella y toda su familia contrajeron el virus, dejándolos desempleados, endeudados y desesperados.
Al igual que muchas de las familias inmigrantes en Connecticut, los Carapias no son elegibles para el alivio del paquete de estímulo federal, que excluye a los inmigrantes sin un número de seguro social y aquellos en familias de “estatus mixto”, que son hogares de ciudadanos estadounidenses donde al menos un miembro de la familia es indocumentado.
Se estima que hay 120 mil indocumentados de Connecticut que no se beneficiarán del paquete de estímulo federal o la expansión del seguro de desempleo, a pesar de que los inmigrantes han jugado un papel esencial en la confrontación de esta pandemia.
Los trabajadores inmigrantes sanos continúan limpiando los hospitales, cuidando a los jóvenes, cuidando a los enfermos y ancianos, preparando comidas en restaurantes, recogiendo verduras y trabajando en las fábricas.
Muchos continúan trabajando a pesar de las condiciones peligrosas en sus lugares de trabajo.
Su dilema es uno que nadie debería enfrentar: arriesgar su vida para alimentar a su familia o renunciar a su trabajo y volverse indigente.
Una encuesta reciente realizada por la organización de derechos de los inmigrantes Unidad Latina en Acción (ULA) subraya esta situación.
De los 274 trabajadores inmigrantes encuestados, el 57 por ciento informó haber sido despedido, que sus horas se redujeron significativamente o que están en cuarentena debido a enfermedades en el lugar de trabajo o en el hogar.
Se estima que el 93 por ciento no tenía un número de seguro social, dejándolos sin medios para mantener a sus familias, que incluían a 143 niños y 30 ancianos. Del 43 por ciento que todavía trabaja, solo el 44 por ciento informó que sus lugares de trabajo habían implementado medidas de prevención contra el COVID-19 o les habían proporcionado equipos de protección personal.
De acuerdo con los defensores, Connecticut, a pesar de su riqueza y su imagen progresista, no ha respondido en gran medida a sus necesidades.
Los inmigrantes indocumentados, que contribuyen con un estimado de 124.7 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año, son el único grupo de contribuyentes de Connecticut excluidos de todo alivio económico.
Durante semanas, los defensores han estado presionando al Gobernador para que preste atención a la difícil situación de los indocumentados. Le han pedido a su administración que dé el simple paso de traducir el sitio web COVID-19 del Estado al español, el idioma más hablado por la población inmigrante de Connecticut.
El sitio web todavía está completamente en inglés.
Los defensores también han instado al gobernador Lamont a seguir el ejemplo de California al establecer un fondo de emergencia para los indocumentados con el apoyo de dólares públicos y privados.
Bajo el fondo de California, las familias inmigrantes que no son elegibles para los pagos federales de estímulo COVID-19 pueden recibir hasta 500 dólares por adulto con un máximo de mil dólares por hogar.
Más de 60 organizaciones de fe, derechos laborales, derechos civiles y justicia social de Connecticut han expresado su apoyo a dicho fondo.
Los legisladores en el Senado estatal y la Asamblea General han presentado cartas de firma de apoyo por separado.
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