BRIDGEPORT.- En 1998, cuando tenía 22 años, José Villegas se mudó a los Estados Unidos desde El Salvador.

Pasó gran parte de su adolescencia evitando enredos con la pandilla internacional salvadoreña MS-13. “El crimen estaba empeorando. Mucha gente, como yo, tuvimos que escapar de la MS-13, porque siempre estaban cerca”, manifestó Villegas.

Para Villegas, mudarse a los Estados Unidos fue una opción obvia. Vio pobreza y desempleo en todas partes mientras crecía en El Salvador, y las personas que se graduaron de las universidades no siempre estaban mejor; la mayoría de ellos a menudo no encontraban trabajo incluso después de recibir una educación.

Villegas, ahora de 45 años, vive en Hartford con su esposa y sus dos hijos, trabaja en la construcción y paga la hipoteca, a salvo de los peligros de la vida en El Salvador, pero aún sin la paz que buscaba, la paz que viene con convertirse en residente permanente.

Villegas y cientos de miles de personas más han tenido sus vidas en los Estados Unidos atadas a la volatilidad de su estatus como “residentes temporales”.

Han presionado continuamente a los legisladores en el Congreso para que adopten una legislación que les otorgue un estatus legal permanente, pero este objetivo parece cada vez más inalcanzable con la reciente decisión de la Corte Suprema de negar las tarjetas verdes a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional otorga Estatus de Protección Temporal, o TPS, a las personas que nacieron en países que tienen un conflicto armado en curso, un desastre ambiental o una epidemia u otras condiciones temporales que hacen que las condiciones de vida sean casi insoportables.

Villegas ha estado en TPS desde que la administración del presidente George W. Bush hizo que los ciudadanos de El Salvador fueran elegibles para el TPS en 2001, luego de una sucesión de devastadores terremotos.

Cuando la Administración Trump eliminó la elegibilidad del TPS para las personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador en 2017, Villegas y otros 5 mil beneficiarios de TPS fueron a Washington DC, en protesta como la naciente Alianza Nacional de TPS.

Hoy, Villegas es uno de los líderes de un equipo de la Alianza Nacional TPS con sede en Connecticut.

Para Villegas, defender la protección de la comunidad de TPS no es nada nuevo. A pesar de que la decisión de la Corte Suprema de restringir el acceso a las tarjetas verdes para los inmigrantes que solicitan un estatus legal permanente parece un revés, Villegas lo ve como una oportunidad para que los titulares de TPS se expresen más.

“Si todavía tenemos beneficios de TPS es porque hemos vivido de la manera en que los Estados Unidos quiere que vivamos bajo la ley. Tantas personas con TPS de mucho antes empezaron a hacer cosas malas y obviamente fueron deportadas. Todavía lo tenemos porque vivimos bajo la ley. No somos criminales”, aseguró Villegas.

Villegas, Alianza TPS y algunas personas de la organización aliada 32BJ, un sindicato de trabajadores, realizaron una vigilia en Hartford frente a la oficina del senador Richard Blumenthal.

Mientras Villegas y Alianza TPS continúan presionando para obtener un estatus legal permanente, hay otros que no han tenido tanta suerte.

Fausto Canelas, de 63 años, vive en Bridgeport. Llegó a los Estados Unidos desde Honduras, donde era dueño de una finca, en 1996. Los extorsionadores locales tomaron su dinero y amenazaron a su familia.

Canelas y su esposa, Miriam, dejaron a sus cuatro hijos, el mayor ahora de 36 y el menor de 28, en Honduras.

“Desafortunadamente, fuimos detenidos en la frontera entre los Estados Unidos y México. Fuimos deportados, pero me enviaron a Guatemala por alguna razón. No teníamos el dinero para que los dos volviéramos, así que vine por mi cuenta”, relató Canelas.

Canelas cruzó la frontera y encontró un lugar para quedarse con su cuñada en Houston, pero pronto viajó a Connecticut para vivir con su hermano en Bridgeport. Después de un año de trabajar como conserje en escuelas y edificios de oficinas, pudo ahorrar suficiente dinero para enviar a buscar a Miriam para que viviera con él. Llegó a los Estados Unidos justo antes de que el huracán Mitch azotara Honduras.

Cuando la administración del ex presidente Bill Clinton designó a Honduras para el TPS en 1999 después de que el huracán Mitch devastó gran parte del país, Canelas y Miriam lograron obtener su estatus temporal.

Durante dos años, Canelas continuó trabajando como conserje en Weston por 6 dólares la hora, mientras Miriam trabajaba en un McDonald’s. Luego, en 2001, Miriam regresó a Honduras para cuidar a sus hijos y, una vez más, Canelas se quedó solo.

Durante los últimos 20 años, ha enviado el poco dinero que gana a casa para mantener a su familia, pero solo los ha visto un puñado de veces.

Canelas vio a su familia por última vez en 2014 cuando solicitó un permiso especial para salir de los Estados Unidos y visitar a su madre antes de que muriera.

“El permiso no llegó hasta después de que ella falleció”, lamentó Canelas.