Home Blog Page 44

La “crisis del plástico” cuesta $1.5 billones al año, según estudio

BRIDGEPORT.- Investigadores advirtieron sobre una “crisis global del plástico” que está costando alrededor de 1.5 billones de dólares anualmente en muertes y problemas médicos.

La estimación proviene de un nuevo estudio publicado esta semana en la revista médica The Lancet. Se proyecta que la producción de plástico se triplicará para 2060, y menos del 10 % del plástico producido es reciclado.

Los plásticos están hechos a partir de combustibles fósiles y contienen más de 16,000 químicos. Actualmente, unas 8,000 megatoneladas contaminan el medio ambiente del planeta, incluso en los lugares más remotos.

Se han encontrado químicos y microplásticos en el cerebro y otras partes del cuerpo humano, así como en animales terrestres y marinos.

“El mundo está en una crisis del plástico. Esta crisis se ha agravado junto con otras amenazas planetarias de nuestro tiempo y está contribuyendo al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Aunque durante mucho tiempo fue ignorada, la magnitud de esta crisis ahora es ampliamente reconocida y sus implicaciones para la salud humana y del planeta son cada vez más claras”, dijeron los investigadores.

En Connecticut se estima que se utilizan más de 400 millones de bolsas plásticas anuales, muchas de las cuales terminan en el río Connecticut y finalmente en el océano.

Estudios muestran que alrededor del 76 % de los desechos recogidos en costas del Estado son plásticos, incluyendo microplásticos que amenazan salud ambiental y humana

El informe de The Lancet Countdown on Health and Plastics fue lanzado mientras líderes de 175 países se preparan para negociar el primer Tratado Global sobre Plásticos del mundo, a partir del martes 5 de agosto. El acuerdo establecería metas obligatorias para reducir la producción de plásticos.

Sin embargo, varios países como China, Irán, Rusia y Arabia Saudita se oponen al tratado y han impulsado más reciclaje en lugar de reducción de producción.

“Un factor clave del aumento reciente en la producción de plástico es el cambio estratégico de las corporaciones de combustibles fósiles y países productores de plásticos y petroquímicos, en respuesta a la disminución de la demanda de energía fósil”, escribieron los investigadores.

“Por ejemplo, la empresa petrolera saudita Aramco planea canalizar alrededor de un tercio de su producción de petróleo hacia plásticos y petroquímicos para 2030, y Shell recientemente abrió una nueva planta de craqueo en el oeste de Pensilvania, Estados Unidos, que transformará gas fracturado de los Apalaches en pellets (bolitas) plásticas”, agregaron

Los investigadores discrepan con los países que promueven el reciclaje en lugar de reducir la producción de plásticos.

“A diferencia del papel, vidrio, acero y aluminio, los plásticos químicamente complejos no pueden reciclarse fácilmente. Ahora está claro que el mundo no puede reciclar su salida de la crisis del plástico”, señalaron.

El estudio también comparó la situación con amenazas ambientales anteriores, como el plomo y la contaminación del aire, que se han abordado con éxito mediante legislación.

“Los daños de los plásticos pueden mitigarse de forma rentable mediante leyes y políticas basadas en evidencia, monitoreadas con transparencia, implementadas de manera efectiva y financiadas adecuadamente”, concluyeron los investigadores.

 

 

¿Cómo serán los nuevos requisitos laborales de Medicaid y cupones de alimentos en CT?

HARTFORD.- El Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump introducirá cambios en la forma en que algunas personas califican o siguen siendo elegibles para Medicaid o asistencia alimentaria durante los próximos dos años.

Una de estas revisiones es la implementación de nuevos requisitos laborales: más personas deberán trabajar, capacitarse o hacer voluntariado al menos 80 horas al mes para acceder a estos programas en los próximos años, aunque existen varias exenciones.

Estas normas se aplicarán a Medicaid, conocido como HUSKY en Connecticut, así como al Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Quienes apoyan la medida afirman que fomenta la participación en la fuerza laboral y garantiza que las personas no se aprovechen de los programas de protección social. Sin embargo, quienes se oponen a ella argumentan que la mayoría de las personas que acceden a estos programas ya trabajan y que les impone un requisito adicional para demostrar que participan en la fuerza laboral o en un programa de capacitación.

Dado que el Big Beautiful Bill se convirtió en ley hace apenas un mes, los estados aún están tratando de determinar cómo se verán los cambios para los solicitantes y beneficiarios, así como para las agencias que deberán administrar y hacer cumplir las nuevas normas.

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS LABORALES?

Los programas de asistencia pública pueden imponer normas para que algunos beneficiarios puedan acceder y conservar los beneficios. Este requisito no implica necesariamente que la persona tenga que conseguir un trabajo. Generalmente, se puede ser voluntario o participar en un programa de capacitación para calificar.

Connecticut y la mayoría de los estados no tienen actualmente ninguna normativa para Medicaid, y será una novedad cuando la nueva ley entre en vigor en este ámbito.

Ya existe un conjunto de normas a nivel nacional para los beneficios de SNAP: requisitos laborales generales y requisitos adicionales para adultos sanos sin dependientes.

El requisito general significa que debe registrarse para trabajar, participar en un programa de Empleo y Capacitación de SNAP, aceptar un “trabajo adecuado” si se le ofrece uno y no debe abandonar voluntariamente un trabajo ni cambiar su horario a menos de 30 horas semanales “sin una buena razón”.

Hay excepciones para las mujeres embarazadas, las personas que estudian y las personas que cuidan a niños pequeños.

Los adultos sanos sin dependientes, de entre 18 y 54 años, deben trabajar o participar en actividades comunitarias durante al menos 80 horas al mes. Si no cumple con este requisito, puede perder los beneficios del SNAP después de tres meses y podría tener que esperar el período de tres años para recuperarlos.

Para el SNAP, actualmente se define como dependiente a una persona menor de 18 años, pero esto está sujeto a cambios como parte de la nueva ley.

Según la nueva ley, habrá casi una docena de exenciones para Medicaid, incluyendo personas embarazadas y en el posparto, jóvenes en acogimiento, veteranos discapacitados, personas con trastornos por consumo de alcohol y sustancias, beneficiarios que ya cumplen con el requisito a través de otros programas federales, personas con una exención por dificultades a corto plazo, personas recientemente encarceladas, padres y cuidadores de un dependiente menor de 14 años o con discapacidad, y personas médicamente frágiles.

 

IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS

– Fecha de entrada en vigor: La nueva ley entrará en vigor a principios de 2027 para Medicaid y se espera que Connecticut pueda retrasarla hasta 2029 si muestra esfuerzos de buena fe para implementarla.

– Impacto en la cobertura de Medicaid: Se estima que entre 100,000 y 200,000 personas de Connecticut podrían perder su cobertura de Medicaid en el futuro debido a varios motivos, incluyendo los requisitos de trabajo.

– Costos adicionales: El Estado podría incurrir en gastos adicionales que oscilan entre 20 millones y 50 millones de dólares para implementar y hacer cumplir los requisitos de trabajo, que se utilizarán para nueva tecnología y aumento de personal.

 

DESAFÍOS Y PREOCUPACIONES

Algunos beneficiarios que ya están trabajando o son elegibles para una exención podrían perder la cobertura si no proporcionan la documentación necesaria para demostrar que cumplen con las calificaciones para los beneficios.

El informe del contador del estado advirtió que muchos beneficiarios que cumplen con el requisito podrían perder la cobertura debido a la nueva burocracia involucrada en demostrarlo.

 

 

En lo que va de año más de 2,300 inmigrantes han sido arrestados en cortes migratorias de NY

NUEVA YORK.- En lo que va de este año 2025 y hasta finales de junio, más de 2,300 inmigrantes fueron arrestados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en cortes migratorias de la ciudad de Nueva York, marcando un fuerte aumento desde años anteriores.

Según datos del ICE y reportes estadísticos, entre finales de enero y fines de junio se contabilizaron 2,365 detenciones en tribunales y oficinas federales de inmigración en Nueva York.

Este incremento representa una duplicación de los arrestos en solo diez días de junio (495 detenciones), comparado con todo junio del año anterior.

En mayo y junio de 2025, ICE intensificó su presencia dentro de los tribunales federales, deteniendo inmigrantes tras sus audiencias, incluso en pasillos y vestíbulos, independientemente del veredicto judicial.

Muchas de estas personas no tenían cargos penales ni antecedentes criminales, lo que marca un cambio en la política de priorización anterior que se enfocaba en infractores con condenas.

De los arrestos totales, aproximadamente el 49% correspondían a violaciones civiles de inmigración, es decir personas sin delitos criminales graves.

El cambio coincide con una directriz emitida el 30 de mayo pasado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), donde se alentaba a los jueces a emitir decisiones de desestimación inmediata, lo cual en la práctica dejó a muchos inmigrantes expuestos a una detención rápida por parte del ICE.

A partir de esas desestimaciones, algunas personas fueron ingresadas en procesos de expedited removal, un mecanismo que acelera la deportación y limita el acceso a audiencias judiciales tradicionales.

Observadores y organizaciones legales han documentado escenas de agentes fuertemente armados y encapuchados arrestando inmigrantes justo al salir de su audiencia.

Muchos testigos describen ambientes de tensión y miedo que alejan a los no ciudadanos de cumplir con sus obligaciones legales.

Estos sucesos han provocado que grupos como la New York Civil Liberties Union (NYCLU), African Communities Together y The Door presentaran una demanda alegando violaciones a las prácticas legales y regulaciones federales, ya que arrestar en el tribunal o en sus alrededores contradice normas históricas de procedimiento justo.

 

 

Policía emite casi 15,000 multas por adelantar autobuses escolares

WHITE PLAINS.- Las autoridades del condado de Westchester han lanzado una alerta de seguridad justo antes del inicio del nuevo año escolar, luego de revelarse que se emitieron cerca de 15,000 multas por pasar ilegalmente autobuses escolares detenidos.

De acuerdo con datos recientes proporcionados por la empresa tecnológica BusPatrol, las infracciones se registraron entre los meses de noviembre y junio.

Según un informe oficial del condado de Westchester, durante el período del 18 de noviembre de 2024 al 26 de junio de 2025, se emitieron 14,897 multas a conductores captados por cámaras al pasar ilegalmente autobuses escolares detenidos con luces rojas y el brazo de alto desplegado.

Estas infracciones involucraron a 879 autobuses escolares equipados con cámaras inteligentes de inteligencia artificial desarrolladas por BusPatrol, como parte del programa de aplicación fotográfica del brazo de detención

Estas cifras reflejan una preocupante falta de respeto hacia las normas de tránsito diseñadas para proteger a los estudiantes, manifestaron las autoridades.

El condado de Westchester inició la colaboración con BusPatrol el año pasado para implementar un sistema de monitoreo basado en cámaras de seguridad instaladas en los autobuses escolares, específicamente en los brazos de alto que se despliegan cuando los vehículos se detienen.

El programa de vigilancia se basa en la tecnología de “foto-citación”, que captura imágenes y videos de los vehículos que no se detienen cuando el autobús escolar lo requiere por ley, facilitando así la identificación de los infractores.

Las autoridades informaron que menos del 7% de las personas que recibieron multas durante este periodo fueron reincidentes, lo que sugiere que el sistema está teniendo un impacto positivo en la concientización y el cumplimiento de la ley.

“La seguridad de nuestros niños no es negociable”, afirmó el ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins.

Añadió que este programa envía un mensaje claro: no se tolerará el paso ilegal y peligroso frente a los autobuses escolares.

Actualmente, doce distritos escolares en el Condado forman parte del programa, y se espera que más se unan en los próximos meses a medida que aumenta la preocupación por la seguridad de los estudiantes en sus rutas diarias.

Las autoridades locales instaron a los conductores a mantenerse alerta y respetar las señales de alto de los autobuses escolares, recordando que detrás de cada infracción puede haber un niño en riesgo.

 

 

CT se suma a demanda contra intento federal de vulnerar privacidad de beneficiarios de asistencia alimentaria

HARTFORD.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, se unió a una coalición de 23 jurisdicciones (22 estados y el Distrito de Columbia) en una demanda para bloquear el intento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de obtener información personal de los beneficiarios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

El programa brinda asistencia alimentaria a millones de personas con bajos ingresos.

La comisionada del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, Andrea Barton Reeves, advirtió que la confidencialidad es una parte fundamental del programa, y que esta solicitud del USDA representa una grave amenaza a la privacidad de las casi 490,000 personas de Connecticut que dependen del SNAP.

La demanda fue provocada por una carta del USDA enviada en mayo, que exigía a los estados entregar información confidencial como números de Seguro Social y direcciones de los beneficiarios.

En caso de negativa, el gobierno federal advirtió que los estados serían considerados en incumplimiento, lo cual podría traducirse en recortes de fondos.

Connecticut recibe aproximadamente 79 millones de dólares al año para administrar el SNAP. Según la oficina del fiscal Tong, cualquier retraso o recorte de esos fondos sería catastrófico para las familias que dependen del programa para comprar alimentos básicos.

El gobierno federal afirmó que la solicitud busca combatir el fraude y los pagos indebidos, pero la demanda argumenta que en realidad es parte de una campaña más amplia para acumular bases de datos masivas con información personal de las personas, sin conexión directa con la fiscalización de beneficios públicos.

Los fiscales generales destacan que el programa SNAP ya cuenta con mecanismos rigurosos de control de calidad y prevención de fraude, y que hasta ahora el gobierno federal solo solicitaba datos limitados para auditorías o muestreos estadísticos, en cumplimiento con leyes de privacidad.

El texto de la demanda también señala que el Congreso ha establecido sistemas específicos para investigar el fraude en el SNAP, los cuales respetan la privacidad y restringen el uso de la información provista por los estados. La nueva solicitud del USDA, según los demandantes, excede esos límites legales.

En 2024, el programa SNAP ayudó a más de 41 millones de personas en Estados Unidos, siendo la mayoría familias con niños, ancianos o personas con discapacidades.

Los estados que se sumaron a la demanda buscan defender la confidencialidad de sus residentes y proteger el acceso a este programa esencial sin poner en riesgo su privacidad.

La coalición de 22 estados incluye: Connecticut, California, Nueva York, Arizona, Colorado, Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Kentucky.

 

 

Claman por cierre de bodega por ser presunto epicentro de violencia en New Haven

NEW HAVEN.– Crece la preocupación entre las familias de un vecindario en New Haven, donde una bodega que opera las 24 horas del día ha sido señalada como un presunto epicentro de violencia.

Cansados de vivir con miedo, los miembros de la comunidad han iniciado una campaña para exigir el cierre del establecimiento.

Vecinos del área aseguraron que los hechos violentos en los alrededores del local son constantes, especialmente durante la madrugada.

“Después de las 5:00 de la tarde, yo ni paso por ahí. Uno sale a comprar un galón de leche y no sabe si va a regresar”, expresó Bryan Correa, un vecino del área que apoya la medida.

Correa y otros miembros de la comunidad están firmemente convencidos de que cerrar el negocio es necesario para frenar la violencia.

“Es lo mínimo que se puede hacer. Si la bodega sigue abierta, los problemas también seguirán. Yo mismo firmo la petición”, añadió el residente del área.

La campaña de recolección de firmas fue iniciada por los familiares de Travis James, un hombre que fue asesinado frente a la tienda en junio del año pasado.

A través del portal https://change.org, ya se han reunido más de 300 firmas que respaldan el cierre del local. El sitio web de la petición es https://www.change.org/p/close-sam-s-mart-at-285-whalley-ave-new-haven-ct.

Los vecinos aseguran que el lugar ha sido escenario de múltiples tiroteos, peleas y hechos lamentables.

Uno de los incidentes más impactantes ocurrió hace pocas semanas, cuando un altercado entre jóvenes terminó con una mujer golpeada con un poste de metal. El video del hecho se volvió viral en las redes sociales.

A pesar de la presión de la comunidad, las autoridades enfrentan limitaciones legales.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, reconoció la gravedad de la situación, pero aclaró que “no tengo el poder para cerrar un negocio, aunque la comunidad lo desee. Aun así, debemos hacer más para que el lugar sea seguro”.

Los organizadores de la petición esperan alcanzar al menos 500 firmas para reforzar su solicitud.

Según el informe, la creciente participación ciudadana refleja el deseo de muchos por recuperar la tranquilidad y la seguridad en su vecindario.

La situación ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los negocios en la seguridad pública y sobre qué medidas pueden tomarse cuando un establecimiento es vinculado con actividades delictivas de manera recurrente.

 

 

 

 

Proponen ley para prohibir rostros cubiertos de los agentes de ICE

WHITE PLAINS.- Una nueva propuesta legislativa busca prohibir que los agentes de inmigración cubran sus rostros durante los operativos que realizan en Nueva York.

La iniciativa ha sido respaldada por la senadora estatal Shelley Mayer, quien considera que esta medida es necesaria para garantizar transparencia y proteger los derechos civiles de las personas.

El proyecto de ley obligaría a los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a identificarse claramente durante cualquier operación que realicen en espacios públicos o privados.

Esto incluye la prohibición del uso de pasamontañas, máscaras o cualquier otra prenda que oculte su identidad facial.

La senadora Mayer, representante del condado de Westchester, expresó su preocupación por el creciente número de reportes sobre operativos de inmigración en los que agentes cubiertos han actuado con agresividad o sin mostrar credenciales.

Según ella, esto ha generado temor en las comunidades inmigrantes y ha deteriorado la confianza pública en las autoridades.

“Los agentes federales deben rendir cuentas, como cualquier otro funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Cubrirse el rostro impide la identificación y fomenta el abuso”, señaló Mayer en una reciente reunión.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han aplaudido la propuesta, señalando que el uso de máscaras por parte de los agentes ha sido una táctica intimidatoria y poco transparente.

Algunos inmigrantes también han denunciado detenciones realizadas sin órdenes judiciales y con uso excesivo de la fuerza.

El proyecto también contempla que el ICE deberá notificar previamente a las autoridades locales cuando tenga previsto realizar un operativo en comunidades neoyorquinas.

Actualmente, estos operativos suelen ejecutarse sin coordinación con las policías locales, lo que dificulta el monitoreo y la protección de los derechos de los detenidos.

Desde el ICE no ha habido una respuesta oficial sobre la propuesta, pero voceros federales han defendido en el pasado el uso de cubiertas faciales como una medida de seguridad para proteger a sus agentes durante acciones sensibles.

El debate sobre esta legislación se produce en un contexto en el que miles de inmigrantes se encuentran en procesos legales en Nueva York, muchos de ellos vulnerables y temerosos de acudir a audiencias o buscar ayuda por miedo a ser detenidos.

Mayer aseguró que continuará impulsando esta ley hasta que se apruebe, y reiteró que el propósito no es obstaculizar el cumplimiento de la ley, sino asegurar que se respete la dignidad y los derechos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

 

 

Lanzan serie virtual para que familias accedan a amplia gama de servicios disponibles a través del Condado y sus socios

WHITE PLAINS.- El gobierno del condado de Westchester lanzó una nueva serie virtual titulada “Lunch and Learn”, diseñada para ofrecer a las personas la oportunidad de aprender sobre diversos temas de interés comunitario durante su hora de almuerzo.

La iniciativa busca fomentar la participación ciudadana y el acceso a información útil desde la comodidad del hogar o la oficina.

La serie consiste en sesiones informativas virtuales, programadas al mediodía, que abordan temas como salud pública, servicios para adultos mayores, sostenibilidad ambiental, recursos legales, programas educativos, entre otros.

Cada charla cuenta con la participación de expertos del Condado y de organizaciones asociadas.

El ejecutivo del Condado, Ken Jenkins, destacó que esta propuesta surge como una forma de mantenerse conectados con la comunidad y responder a las inquietudes de las familias.

“Queremos que la información importante esté al alcance de todos, y qué mejor momento que durante el almuerzo, en un formato accesible y práctico”, señaló Jenkins.

Las sesiones serán transmitidas en vivo a través de plataformas como Zoom y Facebook Live, permitiendo a los participantes interactuar con los presentadores mediante preguntas y comentarios en tiempo real.

Además, los videos quedarán grabados para quienes deseen verlos posteriormente.

La primera sesión, programada para esta semana, abordará el tema de los servicios sociales del Condado, como el programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) y Medicare.

Participarán representantes del Departamento de Servicios Sociales del Condado y organizaciones sin fines de lucro.

Uno de los objetivos principales de la serie es empoderar a las personas con herramientas e información útil para su vida diaria. Además, se busca fortalecer el vínculo entre la administración local y los residentes, facilitando el diálogo directo y transparente.

Desde la Oficina de Participación Comunitaria del Condado explicaron que la programación fue diseñada en base a encuestas ciudadanas que identificaron los temas de mayor interés.

Se espera que la iniciativa tenga una duración inicial de varios meses, con posibilidad de extenderse si la respuesta del público es positiva.

El Condado también ha invitado a líderes comunitarios y representantes de organizaciones civiles a sugerir nuevos temas para próximas sesiones.

De esta manera, la serie se adaptará continuamente a las necesidades de la comunidad.

Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente en el sitio web oficial del condado de Westchester, donde encontrarán el calendario completo de las próximas sesiones y los enlaces de acceso.

Con esta serie “Lunch and Learn”, el condado de Westchester reafirma su compromiso con la educación cívica, la inclusión digital y la participación ciudadana en la toma de decisiones locales, indicaron las autoridades.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://www.westchestergov.com/home/all-press-releases/10561-westchester-county-launches-virtual-lunch-and-learn-series.

 

 

 

CT se endeudará con $155 millones para aliviar el costo de la electricidad en los hogares

HARTFORD.- El estado de Connecticut aprobó una medida para endeudarse por un total de 155 millones de dólares, con el propósito de reducir el impacto del alto costo de la electricidad en los hogares residenciales.

La decisión fue anunciada recientemente por las autoridades estatales, quienes aseguran que esta iniciativa busca brindar alivio financiero a las familias afectadas por el constante aumento en las tarifas eléctricas.

El endeudamiento permitirá cubrir parte de los cargos asociados a la entrega de energía eléctrica, lo cual debería reflejarse en una disminución temporal de las facturas mensuales para muchos hogares.

El objetivo es reducir entre 5 y 10 dólares las facturas mensuales de energía para los consumidores a partir de septiembre.

El dinero no se usará para subsidiar directamente el consumo de energía, sino para amortiguar costos fijos y regulados, que suelen inflar los recibos de luz, incluso cuando se consume poca electricidad.

La decisión fue tomada tras intensos debates entre legisladores, reguladores y grupos defensores del consumidor, quienes llevan tiempo advirtiendo que muchas familias están destinando una porción significativa de sus ingresos a pagar la electricidad.

Connecticut, a menudo, figura entre los estados con las tarifas eléctricas más altas del país, lo que ha generado presión política para actuar.

“Este es un paso necesario para proteger a nuestras familias más vulnerables del impacto de una crisis energética que sigue empeorando”, declaró un portavoz del gobierno estatal.

También se indicó que el préstamo será reembolsado a largo plazo mediante pequeños ajustes en las tarifas, de manera gradual, para no generar un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores.

Aunque la medida ha sido bien recibida por algunos sectores, no ha estado exenta de críticas. Varios expertos y legisladores advierten que tomar deuda para cubrir gastos recurrentes podría representar un riesgo fiscal en el futuro.

Además, algunos argumentan que esta es una solución temporal y que se requieren reformas estructurales en el mercado energético estatal.

Organizaciones defensoras del medio ambiente también han expresado preocupación, señalando que el plan no contempla inversiones en energías limpias o eficiencia energética. “Necesitamos ir más allá del alivio temporal y enfocarnos en soluciones sostenibles”, dijo una representante de un grupo ambientalista local.

Mientras tanto, las personas esperan con expectativa que la medida se traduzca pronto en facturas más manejables.

Las autoridades aseguraron que los ajustes comenzarán a notarse en los próximos meses, especialmente durante el invierno, cuando el consumo de energía tiende a aumentar debido a la calefacción.

Esta decisión representa un intento del gobierno estatal por equilibrar la estabilidad económica de las familias con la necesidad de mantener el funcionamiento del sistema eléctrico, en un contexto nacional de inflación y crisis energética.

 

 

Hartford elige a jefe de policía permanente

HARTFORD.- Después de una búsqueda nacional que duró más de un año, los funcionarios de Hartford han elegido finalmente a un jefe de policía permanente.

El alcalde Arunan Arulampalam anunció esta semana que James Rovella, quien había estado sirviendo como jefe interino, fue nominado para asumir el cargo de forma permanente.

Rovella, originario de Hartford, aceptó oficialmente el trabajo durante una reunión el jueves pasado, expresando su entusiasmo y compromiso con la ciudad.

“Cuando el Alcalde me lo pidió, solo respondí con un ‘sí’. No hay otro lugar donde prefiera estar”, dijo Rovella, quien agregó que “a la tercera va la vencida. Mi corazón está en esta ciudad”.

“Durante los últimos cinco meses, Rovella ha demostrado la firmeza y el liderazgo confiable que nuestra ciudad necesita en estos momentos críticos para la seguridad pública”, declaró Arulampalam.

“El profundo arraigo de Rovella en Hartford, sumado a su amplia experiencia y compromiso con nuestro modelo policial centrado en la comunidad y las estrategias de prevención de la violencia basadas en datos, lo hacen sumamente calificado para liderar el Departamento de Policía de Hartford y para ayudarnos a construir un Hartford más seguro y fuerte para todos nuestros residentes”, añadió el Alcalde.

Rovella lideró previamente el Departamento desde 2012 hasta 2019 antes de ser nombrado Comisionado del Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública por el gobernador Ned Lamont.

Después de su retiro en 2023, Rovella fue solicitado para regresar a Hartford para servir como jefe interino tras la jubilación del jefe de la policía, Jason Thody.

Arulampalam destacó la experiencia y el compromiso de Rovella con el modelo de policía comunitario y las estrategias de prevención de la violencia basadas en datos.

Rovella mencionó que el Alcalde le dio instrucciones para mejorar la moral en el Departamento de policía y aumentar su visibilidad en la comunidad.

El Consejo de la Ciudad tendrá la última palabra sobre el nombramiento de Rovella, pero el Alcalde expresó confianza en que se obtendrán los votos necesarios para su aprobación.